Informe especial de Revista PPV para AIM. El gobierno de Cambiemos continua su avance sobre la comunicación en Argentina a fuerza de DNU. Esta política comenzó apenas asumió en diciembre de 2015 con el decreto 267/2015, mediante el cual cercenó una serie de artículos de la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26522). En enero de 2019, Cambiemos redobló la apuesta y lanzó otra medida para vaciar y privatizar el Arsat.
El 21 de enero pasado se publicó en Boletín Oficial el decreto 58/2019, en el cual explicita que “resulta necesario y urgente establecer medidas concretas a efectos de posibilitar que el Estado nacional, conforme los procedimientos de asignación establecidos en el Decreto 1340/16 ponga a disposición de prestadores de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones las bandas de frecuencias consignadas en el Anexo II de la Ley N° 27.208, reservadas con carácter preferencial a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima Arsat, de manera de promover su utilización para la prestación de los Servicios de Comunicaciones Móviles”.
De esta manera, el gobierno puso a disposición de los privados las bandas del espacio radioeléctrico que estaban destinadas a Arsat.
El DNU emitido es inscontitucional, dado que para modificar la ley 27 208 – de Desarrollo de la Industria Satelital Nacional – se requiere de los dos tercios del Congreso para autorizar cambios de titularidad de las frecuencias.
En ese sentido, los diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires, Rodrigo Rodríguez, Cristina Álvarez Rodríguez y Carlos Castagneto del bloque por el FPV-PJ presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional en relación al desmantelamiento de Arsat y los riesgos que plantea el DNU 58/2019 que elimina la preferencia de espectro correspondiente a la empresa.
El diputado Rodrigo Rodríguez afirmó: “Estamos planteando al Ejecutivo una serie de interrogantes que dejan en evidencia que su plan consiste en renunciar a la soberanía satelital, destruir la industria espacial y garantizar con los recursos públicos el incremento de la rentabilidad empresarial”.
El proyecto cuestiona el incumplimiento del Plan Estratégico Geoestacionario 2015-2035 aprobado por la Ley 27.208 y la eliminación por Decreto 58/2019 de la reserva preferencial de espectro radioeléctrico de 4G y 3G correspondientes a Arsat.
“En diciembre del 2015, eliminaron con un decretazo los principales artículos de la llamada Ley de Medios relativos a la regulación, el control y la democratización de la palabra. Anunciaron una nueva Ley Convergente pero no hicieron nada, pasaron tres años e impulsaron una Ley cuyo único fin es compensar a Telefónica y Claro respecto de todos los beneficios que se le otorgaron a Clarín por sus servicios de blindaje mediático”, aseguró el Diputado Rodríguez, integrante de la Comisión de Comunicaciones e Informática.
La diputada Cristina Álvarez Rodríguez, también secretaria Parlamentaria del Bloque FPV-PJ, sostuvo que “la expectativa del bloque es que el conjunto de la oposición en el Congreso, tanto en la Bicameral como en el recinto rechace este DNU por su inconstitucionalidad y por ser perjudicial a los intereses del pueblo argentino”.
El pedido de informes solicita además una respuesta oficial a los intentos de privatizar el Arsat 3, el incumplimiento de las inversiones en infraestructura comprometidas por las empresas privadas para la cobertura de 4G, los contratos vigentes con Invap y el detalle acerca de cómo se instrumentara la devolución de espectro por parte de las fusionadas Telecom y Cablevisión.