El secretario de Derechos Humanos y Cultura de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Claudio Puntel, advirtió a AIM que el Protocolo Anti-piquetes que anunció la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, merece total repudio y explicó que se buscarán “las mejores situaciones para las peleas que haya que dar”. Además, adelantó que las organizaciones analizan las estrategias para exigir la derogación del protocolo y la declaración de su inconstitucionalidad.
Ante el protocolo que criminaliza la protesta social, el ex secretario general de Agmer Paraná y actual secretario de Derechos Humanos y Cultura del sindicato en la Comisión Directiva Central (CDC), Claudio Puntel, uno de los principales referentes de la docencia entrerriana y militante social en la provincia, explicó a esta Agencia a qué responde esa medida, cuál será su impacto sobre las luchas sociales y qué estrategias tomarán desde los gremios y organizaciones sociales.
? ¿Cómo se observa el Protocolo que criminaliza la protesta social que anunció el gobierno nacional?
? Merece nuestro total repudio. Apenas lo anunciaron, las expresiones de rechazo fueron extendidas, hablaron las organizaciones sociales, las centrales obreras, los sindicatos, organizaciones de derechos humanos, asociaciones de magistrados, abogados, juristas.
Se equivocan en el gobierno cuando olvidan que la última vez que declararon el estado de sitio, los corrió el pueblo en las calles.
Claudio Puntel, secretario deDerechos Humanos y Cultura de Agmer.
No hace falta que lo diga yo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se expidió en un comunicado en el que explican que el protocolo viola “el artículo 15 de la Convención Americana” y atenta contra la sociedad democrática.
Con el protocolo, que además ya fue publicado en el Boletín Oficial, derogan la resolución 210 dictada en 2011 por el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2011. Es una norma que regulaba las pautas de actuación del Estado de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos en lo que tiene que ver con el derecho a la protesta social.
Pero además de todas estas consideraciones, no se puede dejar pasar el hecho de que esta norma es para hacer pasar el ajuste sobre las clases populares. Que lo anuncian sabiendo anticipadamente que el 20 de diciembre diversas organizaciones, centrales y sindicatos estarán en las calles y en las plazas en conmemoración del Argentinazo. Y que las fuerzas que ellos habían anunciado en campaña que serían puestas a combatir el narcotráfico, ahora apuntarán al pueblo que se verá afectado con las consecuencias de la devaluación al 100%; el aumento en estampida luego del anuncio de la liberación de precios, los despidos en las obras públicas y varias empresas privadas.
Se equivocan en el gobierno cuando olvidan que la última vez que declararon el estado de sitio, los corrió el pueblo en las calles. Cuando olvidan que durante el ajuste del gobierno de Macri no pudieron avanzar con la sanción de la reforma laboral porque la lucha contra la reforma jubilatoria fue masiva y aunque la sancionaron, los dejó en un enorme desprestigio. Y la ministra Bullrich fue parte de esos dos gobiernos. Deberían entender que por ese camino no es. Sobre todo, cuando el ajuste que pretenden imponer tiene como beneficiados a los mismos grupos monopólicos concentrados, a los bancos y especuladores y a los organismos financieros internacionales.
? ¿Pensas que va a desmovilizar a los trabajadores?
? No. Generó mucha irritación.
Este protocolo opera en muchos sentidos, no sólo para legalizar la represión, sino que también se ponen a jugar con fuego; en el contexto de las declaraciones de Macri llamando a los “copitos” para enfrentar a las movilizaciones que resistan a las medidas del gobierno. En el contexto de la circulación por las redes y los medios monopólicos de los discursos de odio, fijate que Espert sale sin problemas por los canales de TV amenazando con “cárcel o bala”. Así, también pretenden legitimar el enfrentamiento dentro del mismo pueblo, en una sociedad que está culturalmente dividida. Hay que analizar si eso no es tanto o más peligroso que las propias fuerzas reprimiendo en las calles. Con la sanción del protocolo también intentan legitimar ese tipo de acciones.
Somos un pueblo con historia, con una clase obrera organizada con mucha experiencia de lucha. Claramente, nuestras organizaciones actuarán con responsabilidad e inteligencia, no caeremos en provocaciones, estaremos protegiendo a cada compañero, buscaremos las mejores situaciones para las peleas que haya que dar. Pero estaremos en la lucha. El primer paso lo estamos dando en conjunto con otras organizaciones para exigir la derogación del protocolo y la declaración de su inconstitucionalidad.
? ¿Cómo se configura la lucha ante este nuevo gobierno y sus políticas de ajuste y represión?
? Primero de todo, escuchando a cada compañero en cada lugar de trabajo, con mucha atención a sus planteos, sus tomas de posición. No perdiendo de vista que una parte importante de nuestro pueblo votó a este gobierno buscando un cambio y necesitan un tiempo para tomar definiciones, no es momento de agitar con consignas, sino debatir cada caso y necesidad concreta. Y luego, uniendo todos los sectores perjudicados. Y no serán sólo los sindicatos, serán también los pequeños y medianos productores y comerciantes, que ya están viendo el parate en sus ventas. Necesitaremos potenciar las intersindicales, las multisectoriales.
Hablar claro y hacer circular la palabra, la información y la opinión en las asambleas, con el oído bien atento. Apelar a las experiencias más recientes y aprender de ellas, sobre todo ser capaces de transmitirlas a las generaciones más jóvenes que no lo vivieron. Y fortalecer nuestros sindicatos y la organización más aceitada posible para cada reclamo, para cada lucha.