Tras el desalojo del campo usurpado en La Paz, la comisión de Radicales por la Producción y el Trabajo de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos, advirtió a AIM que los derechos y garantías contenidas en las Constituciones de la Nación y la Provincia “se deben respetar” y señaló que quienes se manifestaron, como ya lo hicieron en 2008 con la Resolución 125, “no están dispuestos a soportar que sus derechos les sean violados”.


En un documento enviado a esta Agencia, la comisión recordó que el desalojo dispuesto y efectivizado por la justicia del campo Casa Nueva en el departamento La Paz, fue motivo de un exhaustivo análisis. Para los radicales que integran la comisión, se trató de un hecho “trascendente”, para los argentinos y entrerrianos, pero, especialmente, para el sector productivo rural.

La acción
En el texto, la comisión recordó que el sector productivo, organizado en sus propias entidades, pero también los denominados autoconvocados, “no se hicieron esperar, frente a lo que estaba ocurriendo con esta usurpación. Lo hicieron frente a la evidente violación de la propiedad privada, pero también en defensa de sus fuentes de trabajo, la libertad en el más amplio sentido de su expresión y esencialmente, en resguardo de los derechos y garantías que contemplan las Constituciones de la nación y la provincia. En definitiva, vieron amenazado el sistema republicano, y no sólo de gobierno, sino como sistema de vida. Respetuosa y responsablemente ratificaron que no están dispuestos a que se violen los principios esenciales del Estado de Derecho”.

Accionar policial
Párrafo aparte dedicó la comisión a la Policía provincial que, aunque no pudo evitar la usurpación, porque el hecho ya se había consumado, “se hizo presente y permaneció serena y firmemente en el lugar. Ello merece destacarse, aunque se la ha criticado en otras oportunidades. Esto quedó evidenciado en el desarrollo de la usurpación, en el trato dispensado a los productores rurales presentes, y también a la hora de producirse la restitución del inmueble a sus dueños”.

Dos caras de la misma moneda
Para la comisión, el accionar de la justicia mostró dos niveles. “En un primer momento, un lento accionar, seguido de un cuestionable desempeño de un juez de Familia, a cargo del juzgado de Garantías. No comprendió el conflicto jurídico que debía resolver; no impuso su autoridad para resguardar el orden en la audiencia, y permitió la injerencia de funcionarios nacionales que nada tenían que ver con la cuestión. Todo terminó con una resolución que no se ajustaba a derecho”.

Sin embargo, apelada su sentencia, “una jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones comprendió cabalmente la cuestión de la usurpación y resolvió el inmediato desalojo de los ilegítimos ocupantes del inmueble. Puso las cosas en su lugar. Resguardó plenamente la propiedad privada y nos permite confiar en la justicia”.

La comisión no soslayó la actuación de los fiscales, que actuaron conforme a derecho y “supieron darle a esta usurpación el encuadramiento legal que correspondía”.

Usurpadores con fines políticos
En otro párrafo, la comisión se refirió a los protagonistas de la usurpación, y denunció que el accionar en Casa Nueva “no fue muy diferente de lo que ocurre en diversos puntos del país, demostraron que no son delincuentes comunes. Tienen muy claro el fin político y pretenden, con su discurso y accionar, no sólo violar las Constituciones Nacional y Provincial, sino subestimar el trabajo y producción, pero, además, con el propósito claro de imponer un criterio productivo y filosófico que hace tiempo ha fracasado en el mundo”.

Para la comisión, frente a la actitud solidaria del sector agrario provincial y nacional, “las víctimas de la usurpación no debieron haber introducido una situación intrafamiliar. Eso no estaba en juego, sino la usurpación de la propiedad. Fue poco feliz, también, la presencia de personalidades políticas de nivel nacional cuando ya casi estaba todo resuelto”.

Críticas al gobierno
La comisión vertió fuertes críticas al protagonismo de los Gobiernos nacional y provincial. Consideró “muy deplorable” al Gobierno nacional, “con su intervención activa en la usurpación a través de sus funcionarios. Nunca se escuchó su voz respaldando el respeto a la propiedad privada. Pero lo más grave, con posterioridad al desalojo, el propio presidente Alberto Fernández justificó el accionar del ideólogo de la usurpación, es decir, de Juan Grabois. En tanto, el Gobierno provincial jugó, en todo este proceso, un papel pasivo y hasta complaciente. No defendió la propiedad privada y no condenó claramente la usurpación. En todo este desgraciado acontecimiento, no respaldó al sector productivo rural, que es el más dinámico de la economía entrerriana”.

Alertas, siempre
A manera de conclusión, la comisión de Radicales por la Producción y el Trabajo de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos, advirtió a AIM que los derechos y garantías contenidas en las Constituciones de la Nación y la Provincia “se deben respetar” y señaló que quienes se manifestaron, como ya lo hicieron en 2008 con la Resolución 125, “no están dispuestos a soportar que sus derechos les sean violados”.
De la Redacción de AIM.