El proyecto que reforma de la Ley 26.122 que regula el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso tuvo dictamen en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados. El objetivo de la oposición es llevarla al recinto antes del fin del periodo de sesiones, supo AIM.

Según pudo saber AIM, la oposición consiguió este miércoles el dictamen de la reforma de la Ley 26.122 que regula el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso. En su tercera reunión, firmó el dictamen que habilitará su tratamiento en el recinto.

Ahora se inicia otra pulseada, en la que la oposición correrá una carrera contrarreloj para forzar un tratamiento que el oficialismo y sus aliados buscarán evitar. Hay tiempo hasta fines de noviembre, cuando concluya el período ordinario.

El dictamen de mayoría obtuvo 36 firmas, correspondientes a Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre (el nuevo espacio radical, formado la semana pasada).

Hay además tres dictámenes de minoría: el de rechazo, que tiene las firmas de 9 diputados de La Libertad Avanza (no así las de sus aliados del Pro); otro de Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, con 2 firmas, y el de Karina Banfi, del bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, también con 2 firmas.

Qué dijeron los diputados

Según informó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (LLA), hubo un dictamen de mayoría con 36 voluntades, firmado por integrantes de los bloques de Encuentro Federal, Unión por la Patria y Democracia para Siempre. Asimismo, hubo tres despachos de minoría, firmados por el bloque de La Libertad Avanza, Juan Manuel López (Coalición Cívica) y Karina Banfi (UCR).

La diputada Mónica Litza (UxP) consideró que “es un día realmente importante porque hemos podido cumplir con el cronograma que teníamos cuando se emplazó en el recinto a las Comisiones para tratar la ley”.

“Hoy tenemos la alegría de manifestar que hemos logrado un dictamen de mayoría con 36 firmas, es una construcción colectiva que nos pone muy contentos”, dijo.

Entre los puntos centrales, Litza explicó que el dictamen de mayoría propone que el plazo para tratar un DNU en el Congreso sean 90 días corridos y que requiere la aprobación de ambas Cámaras para que quede firme.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer (EF) explicó que “la corrección que se está haciendo es la correcta, pero insuficiente”, razón por la cual acompañaría el dictamen en disidencia.

En tanto, la diputada Banfi llamó a “buscar un equilibrio entre pesos y contrapesos que tienen los poderes en la República” y consideró que la norma “hace justicia con el espíritu de la reforma de 1994, para limitar los excesos del presidencialismo”.

Desde el bloque oficialista, el diputado Lisandro Almirón (LLA) pidió “no pasar por alto la hipocresía” y “analizar seriamente las cuestiones en las que se ha manejado este instrumento en los últimos años”.

“Quienes consiguieron el dictamen con 36 firmas pareciera que tienen la memoria frágil, incluso la ley 26.122 es de autoría del mismo bloque que hoy está proponiendo un cambio de reglas”, advirtió. Almirón sostuvo además que el dictamen de mayoría “se da en un marco de los excesos y del capricho de sectores del Poder Legislativo que no tuvieron mejor decisión política que hacer ´compinchismo´ y obstrucción de la gobernabilidad del país”.

El diputado Fernando Carbajal, en representación de Democracia para Siempre, manifestó que “solamente hay que escuchar a todos los constitucionalistas que han dado testimonio para estar absolutamente persuadidos de que estamos dando un paso adelante para mejorar la calidad de la República”.

Al comienzo de la reunión, expusieron especialistas quienes compartieron su postura sobre la modificación a la ley 26.122.

El abogado Enrique Hidalgo consideró que “esta ley fue un avance institucional pero también creo que el tiempo que transcurrió autoriza que el Congreso haga una revisión de los efectos de la ley”.

En tanto, Jorge Enríquez, diputado nacional mandato cumplido, expuso que “no hace falta modificar la ley totalmente, sino en un elemento esencial”. En este sentido, Enríquez recordó que como diputado presentó un proyecto “estableciendo la caducidad del DNU si no era aprobado expresamente por ambas Cámaras en el plazo de 90 días”.

Por su parte, el constitucionalista Maximiliano Toricelli dijo que la “ley tiene serios déficits y demostró que no funciona”. “Es el momento de hacer un cambio, la sociedad está requiriendo consensos básicos para ver qué tipo de República queremos, de qué manera vamos a legislar y qué vamos a dejar para la posteridad”, argumento Toricelli.