A partir de un proyecto de ley, al que tuvo acceso AIM, se busca crear un Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente acorde a la normativa nacional e internacional vigente, que respete los derechos y garantías procesales que asisten a las personas adolescentes en el proceso penal.

Entre los objetivos de la iniciativa, se busca instaurar un sistema de responsabilidad penal adolescente desde una perspectiva socioeducativa. Asimismo, apunta a garantizar el efectivo acceso a derechos para las personas adolescentes.

La iniciativa también focaliza en el acceso al derecho a la educación, la recreación, la alimentación, la salud y el trabajo como estrategia para lograr el pleno desarrollo de la persona adolescente.

En tanto, la edad mínima se establece que son penalmente responsables las personas adolescentes que tuvieran 16 y no hubieran cumplido los 18 años al momento de la comisión del hecho.

Además, sobre la inimputabilidad, el proyecto indica que no es penalmente responsable la niña, el niño o adolescente que no haya cumplido 16 al momento de la comisión del hecho. Tampoco lo es quien habiendo cumplido los 16 años no reúna, según la apreciación del Juzgado previo dictamen pericial, las condiciones madurativas suficientes para comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones.

Cabe aclarar que no será considerada punible la persona adolescente que aún cumplido los 16 no haya cumplido los 18 años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de libertad que no exceda de los tres años, con multa o con inhabilitación.

Este proyecto surge en el medio del debate que instala el Gobierno nacional sobre la posible baja de edad de imputabilidad, a la cual quieren llevarla a los 13 años.

Por ello, el proyecto tiene por objetivo derogar el Régimen Penal de la Minoridad vigente mediante la Ley 22.278, concebida y promulgada en épocas dictatoriales de nuestro país, y sancionar la creación de un nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.

La problemática de las personas adolescentes en conflicto con la ley penal reviste vital importancia considerando la vulnerabilidad de la población abarcada en virtud de su edad. Ello requiere aunar esfuerzos y lograr consensos sociales que permitan desplegar políticas públicas acordes a sus necesidades desde la perspectiva del enfoque de derechos humanos.