El gobierno acaba de anunciar que el haber de todos los jubilados tendrá un ajuste de una suma fija de 1.500 pesos, más un adicional de 2,3 por ciento, como recomposición de sus deteriorados y carcomidos ingresos por una inflación galopante. Eso reemplaza el incremento del 11,56 por ciento que les correspondería desde marzo por la ley vigente. Por Luis Lafferriere (*)

Significa que quienes perciban un monto superior a los 16.200 pesos recibirán una recomposición menor a lo que debiera, más pequeña cuanto más se eleve el haber correspondiente. Quiere decir también que cada peso que le corresponde legítimamente a un jubilado y que deje de recibir por esta decisión unilateral del presidente, Alberto Fernández, es un peso que se roba de sus bolsillos y que tiene como destino el saco sin fondo de los usureros.

Se trata sin dudas de un nuevo robo a uno de los sectores más vulnerables de la población: los más de dos millones y medio de jubilados que perciben haberes mayores a los 16.200 pesos. Se hace de una manera ilícita, inconstitucional, injusta, inmoral, criminal, cínica y perversa.

Se les roba a los que más necesitan con el objetivo de pagarles a los que más tienen, quienes además nos vienen saqueando y depredando con la complicidad de la partidocracia que se turna para gobernar a favor de la usura y la corrupción.

Macri-fernandismo a full: la impunidad de los corruptos

El anuncio del presidente Fernández pretende dar nuevas muestras de sumisión a los funcionarios del Fondo Monetario que estaban visitando nuestro país, y dar señales de garantías de cumplimiento a los fondos buitres, de una deuda fraudulenta, ilícita y odiosa, que venimos pagando desde hace décadas y que cada vez debemos más. Deuda que se incrementó de manera irregular durante el gobierno de Mauricio Macri, con actos ilícitos cometidos por funcionarios corruptos, y que el gobierno de Fernández decide darles impunidad, para pagar sin investigar.

La historia reciente de nuestra deuda eterna se inicia durante la última dictadura, cuando pasa de 7.500 millones de dólares a más de 44 mil millones. Denunciada por Alejandro Olmos en 1982 ante la justicia, recién tuvo fallo en el año 2000, cuando el juez Ballestero determinó que la abrumadora mayoría de ese endeudamiento fue fraudulento, por lo que la deuda era nula y no correspondía pago alguno. Además de fraudulenta, era una deuda odiosa puesto que había sido tomada no para beneficio de la Nación y su pueblo, sino para negociados y fuga de capitales, y que los acreedores igual prestaron sabiendo de esa situación. Doble fundamento para decidir el no pago.

¿Qué decidió el congreso al recibir la documentación de ese juicio? Archivar los papeles para alimento de los roedores, y seguir pagando a los usureros a costa de sucesivas crisis y del sacrificio de la mayoría de la población.

La deuda fue creciendo por acumular intereses, comisiones por refinanciaciones, y nuevos hechos fraudulentos que fueron denunciados a lo largo de este siglo pero nunca investigados por la in-justicia argentina. Total, los usureros y corruptos de siempre se seguían enriqueciendo, pero al fraude y los ilícitos los pagaba el pueblo argentino.

El gobierno de Macri aumentó la deuda del país en más de 130 mil millones de dólares, parte se usó para pagar deuda fraudulenta anterior y más de 85 mil millones alimentaron la fuga de capitales, a raíz de la renta fabulosa que obtenían los parásitos dentro del país en pesos pero que se la llevaban afuera en dólares. Una parte de esa deuda proviene de un préstamo ilegal del FMI, que internamente es inconstitucional y no cumplió ni siquiera con elementales requisitos administrativos (hecho denunciado ante la justicia por quien hoy ocupa un cargo de director en el Banco de la Nación), y que es también irregular por violar lo dispuesto por el propio Estatuto del Fondo (que entregó a Macri el mayor préstamo de la historia de la institución para apuntalar la reelección presidencial, y que fue usado mayormente para abastecer de dólares a la fuga de capitales).

Muchos funcionarios de Economía y del Banco Central del gobierno anterior tuvieron fuertes vínculos con inversores especulativos extranjeros y grandes corporaciones, por lo que actuaban de los dos lados del mostrador pero siempre en beneficio de los especuladores. Trascendidos de declaraciones de representantes de fondos buitres indican que esos mismos fondos, cuando necesitaban colocar dinero para recibir altas tasas de interés (en el mundo están en niveles mínimos históricos, del cero al uno por ciento anual), se comunicaban con Caputo, el entonces titular del Banco Central y socio de los usureros, para que nuestro país emita títulos a su medida por el ocho por ciento anual.

Mientras internamente el Banco Central pagaba intereses por más del 40, 50 y hasta el 75 por ciento anual, los especuladores ganaban en pesos y luego compraban dólares para huir antes de que subiera el tipo de cambio (así se llevaron muchos miles de millones pagando 20 pesos por dólar y luego otro tanto pagando 40 pesos).

Todas esas irregularidades, hechos fraudulentos, rumores y declaraciones de actores vinculados a los mercados especulativos, además de haber sido denunciados en su momento, deben ser investigados. Y este gobierno, para actuar dentro de la ley y cumplir con la responsabilidad que le cabe, debe suspender todo pago hasta tanto se tenga información de lo que investigue la justicia. Lamentablemente, y por el contrario, el actual presidente ha decidido que el objetivo central de su política es garantizar al pago de la deuda fraudulenta y odiosa, sin auditar ni investigar el origen y el destino de los fondos, ni mucho menos la responsabilidad de los funcionarios corruptos.

Jubilados al tacho de la basura

No sólo se garantiza la impunidad de los corruptos y el pago de la deuda fraudulenta y odiosa, sin investigar previamente. Mucho más grave es tratar de cumplir a futuro con los usureros, a costa de agravar la situación social de las mayorías.

En el caso del reciente anuncio presidencial, quienes pagarán con el recorte del poder adquisitivo de sus ingresos serán los jubilados que perciban un monto mensual superior a los 16.200 pesos. Esta decisión gubernamental es ilícita, inconstitucional, injusta, inmoral, criminal y perversa.

Es una decisión ilícita, puesto que se violan derechos adquiridos y se les priva a los trabajadores que llegaron a la edad de jubilarse del derecho a recibir una porción de lo que se aportó en cumplimiento de la legislación vigente (modificando a posteriori las reglas de juego que regían cuando cumplió con sus obligaciones y cuando comenzó a recibir sus haberes). El ilegal también porque la suspensión por seis meses de la aplicación de la fórmula de movilidad previsional les priva de recibir lo que ya estaba determinado por la ley vigente, que era apenas una recomposición parcial de lo que venía perdiendo por el proceso inflacionario.

Es una norma abiertamente inconstitucional, ya que viola lo dispuesto por el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, que dispone las jubilaciones móviles, y considera a las mismas como un sustituto del salario del trabajador en actividad. Y por quitar derechos que distintos fallos de la Suprema Corte de Justicia viene protegiendo a pesar de las aberraciones políticas de quienes nos gobiernan. La decisión es injusta, puesto que desconoce el esfuerzo y el aporte que han realizado los trabajadores durante toda su vida laboral, al disponer mecanismos por los cuales sólo recibirán haberes cada vez más disminuidos, después de haber sostenido con su aporte (durante 30, 35 y hasta más de 40 años) los haberes de otras generaciones de trabajadores que estaban jubilados.

Es además inmoral, ya que este tratamiento desigual e injusto se les hace a millones de personas precisamente en un momento crítico de su existencia, donde tienen más necesidades (algunas vitales) y son más vulnerables a los avatares de la vida. Lo hacen sabiendo que no corresponde legalmente y que será muy perjudicial para la supervivencia de los afectados, pero sabiendo también que se trata de un sector que carece de medios para defender sus legítimos derechos.

Es una decisión criminal, porque al disponer una determinación de los haberes previsionales que lleva inexorablemente a una pérdida sustancial y sostenida de los mismos, agravará las condiciones de vida de un sector de la población muy vulnerable y provocará la muerte anticipada de muchos de argentinos.

Para tener una idea de la situación, hay que recordar que ya para el mes de octubre del año pasado, el Defensor de la Tercera Edad determinaba que el costo mensual de la canasta de pobreza del sector rondaba los 40 mil pesos. Hoy seguramente supere los 45 mil (por el mayor aumento de bienes esenciales como alimentos y medicamentos). La decisión oficial significa que millones de pobres jubilados deben renunciar a parte de sus haberes para que el gobierno junte plata para comprar dólares para pagar a los usureros.

Finalmente, también se trata de un acto cínico y perverso, en el contexto que se anuncia y por las perspectivas para el sector. Porque aun sabiendo que si el jubilado recurre a la justicia por esta decisión ilegal, la justicia le dará la razón, pero siguen con la ‘política de Estado’ de apelar siempre esos fallos desde el gobierno, para prolongar la agonía de los ancianos. Por lo que cada demandante deberá recorrer otros tramos de la justicia, hasta que finalmente la Corte Suprema le vuelva a dar la razón e intimar al Estado a pagar las diferencias. Pero mientras tanto pasarán años, donde la gran mayoría de las víctimas estarán muertas. Y este es el primer paso de un camino que intentarán continuar y profundizar, si la sociedad no se moviliza y frena estos atropellos, que tarde o temprano afectarán a todos.

Pero, ¿cómo ocultar semejantes decisiones aberrantes?  Para esconder tanta ilegalidad, inconstitucionalidad, injusticia, inmoralidad, criminalidad y perversidad, hay una gran cuota de cinismo ante la opinión pública. ¿Cómo? Tapando todo de manera cínica, detrás de anuncios grandilocuentes, de un aumento de un mísero 1,44% más de lo que correspondería cobrar a las jubilaciones mínimas según la ley vigente (un regalo de menos de 200 pesos). Es decir, que al darles un porcentaje de apenas 1,44% más del que correspondería a los haberes mínimos, se pretende justificar el robo al resto de los jubilados aportantes (la mayoría viviendo en la pobreza) y realizar un despliegue mediático espectacular, con apoyo incondicional de los grandes medios de in-comunicación al servicio del poder económico y político de turno.

¿Corresponde que le otorguen aumentos a los que reciben el haber mínimo miserable? Por supuesto que sí. Nadie puede sobrevivir dignamente con 16 mil pesos. El mínimo que cobren debería alcanzar para cubrir la canasta básica de la tercera edad. Pero de eso debe hacerse cargo toda la sociedad y no los jubilados aportantes.

Pero, ¿por qué motivo les quitan a los jubilados que reciben un monto superior a 16.200 pesos, una parte de lo que les corresponde legítimamente? Porque el gobierno quiere tener superávit fiscal para pagar a los usureros la deuda fraudulenta, pero sin cobrarles a los que más ganan y tienen, y que se llevan el dinero afuera. Entonces ajusta sobre último orejón del tarro. Hay muchos caminos alternativos, necesarios y posibles. Muchos más justos, solidarios y sustentables. Para toda la sociedad y para las futuras generaciones. Pero es un tema para abordar en una próxima nota.

Luis Lafferriere (*) Docente universitario de economía – Director del Programa de Extensión de cátedra “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la carrera de Comunicación Social de la Uner (Universidad Nacional de Entre Ríos) – Miembro de la Junta Abya Yala por los Pueblos Libres y del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina.