La discriminación, la avanzada de la Corte Suprema de Justicia contra el derecho ancestral a la tierra y las campañas de los medios hegemónicos contra pueblos originarios son síntomas “de que vienen por todas y todos”, dijo a AIM el Integrante de la Mesa de Articulación Territorial Indígena en Argentina (Matria) y referente de la comunidad Charrúa Etriek de Villaguay, Héctor Santomil.
El 2023 es un año electoral y “en estos territorios cierto sector de derecha se juega mucho para posicionarse, con la colaboración de grupos fascistas, para quienes (desde siempre) los indígenas fueron ‘problemas’ y ‘que hay que quitar del camino’”, dijo a esta Agencia Santomil, quien precisó: “Nunca van a pensar en el bien común ni siquiera van preocuparse por el desastre ecológico y la emergencia ambiental que provocan quienes explotan las tierras, porque solo priorizan sus intereses por sobre el conjunto del pueblo argentino y, ni mencionar, la cuestión de la soberanía cuando, en nuestro territorio, muchas de las tierras están en posesión de jeques árabes o de ingleses, como Joe Lewis en Lago escondido”.
A eso se suma que lo que está pasando en Argentina “donde se demuestra, constantemente, el modo de cómo desplazaron a los pobladores indígenas de su territorio ancestral cada vez que se trata el problema de ‘propiedades’ donde comunidades indígenas viven desde siempre y que preocupa a quienes de forma irregular obtuvieron tierras negociando con los Estados (provincial o nacional), en algún remate u otro proceder”.
“Hay que comprender el concepto de preexistencia”
En ese marco, “hoy tenemos una medida de la Corte Suprema de Justicia de volver atrás con el reconocimiento de la posesión del territorio de la Lof Che Buenuleo (San Carlos de Bariloche) y es lamentable que esto suceda”, y, por otro lado, “está el otorgamiento del derecho de los territorios donde ancestralmente viven los integrantes de las comunidades del Sosneado (San Rafael) y Suyai Levfu, de Malargüe (Mendoza), que derivó en polémica y se promovió la demonización del pueblo Mapuche, donde el mismo gobernador de Mendoza niega la existencia de comunidades indígenas en la provincia, lo que lleva a que grupos racistas se movilicen para instalar ‘el demonio’ como lo hicieron en el sur argentino calificando como ‘terroristas’ e ‘invasores’”, apuntó Santomil.
En ese sentido, explicó que “la resolución de reconocer las tierras a las comunidades de Mendoza debe entenderse en el marco de la Constitución. No hubo ni hay una sesión de tierra sino un reconocimiento a la ocupación tradicional y pública que da garantía a la posesión de la propiedad comunitaria y en el marco de la aplicación de la Ley 26160 no se puede desalojar a las y los integrantes de las comunidades”.
Además, explicó que “lo que hay que comprender es el concepto de preexistencia, que define que estábamos antes de que se conformara el Estado argentino y luego con el Estado empezaron a vender nuestras tierras y con el tiempo fueron compradas en remates etc, etc. Entonces ahí está el punto en cuestión que irrita. Los procesos judiciales tienen que ir a fondo, porque no se está en contra de un propietario privado cuando las cosas se hicieron bien. Y en estos casos (como en otros), el Estado tiene la obligación de responder a los derechos indígena reconocido en la Constitución y eso es lo que el Inai hizo concretamente en Mendoza con lo que tardó seis años para que hoy se hiciera realidad”.
Al respecto, aclaró que ahora el Estado deberá “resarcir económicamente a quienes fueron afectados”, pero subrayó que lo que está claro es que “para quienes invierten es un negocio y para la gente que vive ahí (desde siempre) es su forma de vida y no realiza su identidad si no está en ese lugar”.
Sin embargo, aclaró que las comunidades proponen “abrir mesa de diálogo para llegar a acuerdo con privados y con el Estado mismo”.
“Como sujetos y colectivos de derecho, desde las comunidades indígenas, siempre promovemos nuestro accionar desde lo que establece la Constitución. Aquí (en nuestra provincia) tenemos el artículo 33 de la Constitución provincial que adhiere al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, donde establece que ‘corresponde al Congreso en Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos’”, apuntó.
Por otra parte, recordó que la Mesa de Articulación Territorial Indígena en Argentina (Matria) “se está elaborando un pronunciamiento porque sentimos que vienen por todas y todos”. Con respecto al pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, las comunidades lo promueven con las demás organizaciones indígenas “porque sabemos cómo termina todo cuando cualquier apelación o juicio caen en sus manos y es evidente el entramado mafioso entre empresarios, medios hegemónicos, jueces y algunos gobernantes...”