La ampliación presupuestaria por casi 1,9 billones de pesos para afrontar gastos de la emergencia sanitaria fue convertida en ley este jueves en el Senado por 67 votos afirmativos y solo uno negativo, del salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal).

Fue tras un debate donde la oposición cuestionó dos aspectos del proyecto del Poder Ejecutivo, sobre el monto destinado a universidades y la posibilidad de dolarizar deuda en pesos. Con esas objeciones, Juntos por el Cambio rechazó tres artículos, el siete, ocho y 17.

La flamante ley amplía los gastos totales en 1.859.583 millones de pesos -un monto equivalente al 6,5 por ciento del PBI.

Del total de gastos, el 80 por ciento corresponde a prestaciones de la seguridad social; subsidios energéticos y de transporte; los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo); asignaciones familiares y AUH; gastos de capital; desarrollo social; políticas ambientales y de apoyo al empleo; educación y salud.

En el caso del IFE y el ATP, medidas implementadas por el Gobierno para paliar el impacto de la pandemia, se destinarán 90.000 y 80.000 millones de pesos, respectivamente.

Desde Juntos por el Cambio, Martín Lousteau advirtió que el artículo que habilita la dolarización de la deuda en pesos “va a permitir que fondos que invirtieron en Argentina en pesos, tratando de aprovechar las tasas de interés o la estabilidad, o supuesta estabilidad del tipo de cambio, accedan de manera privilegiada a bonos en dólares”.

“Le vamos a permitir a los fondos Templeton y Pimco canjear al tipo de cambio oficial, una gran diferencia varios millones de dólares van a hacer estos fondos gracias a esta cláusula y naturalmente esto puede ser parte de la renegociación de la deuda”, explicó el senador de UCR-Evolución.

En respuesta, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, aclaró que se trata “simplemente de una cuestión de ordenamiento aprovechando que se ha terminado el canje de la deuda. En estas circunstancias se impone la necesidad de diseñar una medida que permita sanear la composición de los participantes del mercado de deuda pública en pesos, propiciando la salida ordenada de estos inversores externos con comportamientos disruptivos”.

A su vez, el oficialista Oscar Parrilli explicó que “los 1.500 millones de dólares que se pasan de pesos a dólares son el remanente de más de 12.000 millones de dólares que ingresaron en su momento producto del arreglo con los holdouts y la lluvia de inversiones, que en realidad eran inversiones puramente especulativas, que venían en pesos, tenían un alto rendimiento de interés en pesos, se transformaban en dólares y luego se llevaban rentabilidad en dólar excedente, producto de una política equivocada del anterior gobierno de la liberalización total y la ausencia de controles de capitales”.

En cuanto a las universidades, Lousteau cuestionó que recibirán con la ampliación presupuestaria 197.000 millones de pesos, “esto es, 17.500 millones de pesos menos en funcionamiento que lo que reclamaba el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en agosto del año pasado con el gobierno anterior”.

“Insisto: están 17.500 millones de pesos abajo de lo que pedía el año pasado, mientras le damos miles de millones de pesos a Templeton y Pimco. Esto es muy importante cuando tenemos hospitales y laboratorios universitarios en la lucha con el Covid”, alertó el senador.

Caserio le respondió que “el incremento a las universidades supera el 35 por ciento, superior a la inflación, cosa que creo que en el gobierno de Mauricio Macri nunca se hizo, y lo estamos haciendo en un momento de emergencia. No hay que olvidarse que el Presupuesto para el año que viene va a venir el 15 de septiembre, y superada la crisis que nos dejaron y la crisis de la pandemia, seguramente vamos a encaminarnos hacia un Presupuesto más ordenado”.

El jefe del bloque oficialista, José Mayans, retomó el tema al cierre del debate y apuntó al Presupuesto 2019, que fue sancionado durante la gestión anterior y es el que rige actualmente y que se amplía con esta ley.

Mayans recordó que en ese Presupuesto se preveía “una inflación del 23 por ciento” que “terminó en un 57 por ciento”, por lo que “hubo un error muy grueso de cálculo”, y a su vez se proyectaba un crecimiento del 2,8 por ciento del PBI y “cayó brutalmente”, y finalmente se calculaba un dólar a 40 pesos, algo que “se cayó a pedazos”.

“En un Presupuesto que tiene este tipo de diferencias, esto es algo que hace increíble a un equipo económico y hace imposible la creación de cualquier programa económico”, consideró el formoseño, y señaló que ahora “es muy importante salvar la situación del año 2020 y luego ver la forma de conseguir achicar el déficit que tenemos”.

Según el senador, “hay que determinar cuánto se va a destinar para el Presupuesto de la deuda. El trabajo es llevar a la Argentina a un esquema de deuda sostenible y resuelto esto buscar la forma de equilibrar las cuentas del sector público”.

Entre otros aspectos destacados de la ampliación presupuestaria, se incorporaron 10.500 millones de pesos para el Fondo de Compensación de Transporte Público Automotor urbano y suburbano de pasajeros. Los recursos serán transferidos a las provincias y municipios según lo determine el ministerio de Transporte en la reglamentación.

Además, se contemplan asignaciones al Ministerio de Educación por 1.500 millones de pesos para la iniciativa “Volver a la Escuela”, que apunta a garantizar el regreso seguro a las aulas; y 215,5 millones al ministerio de Salud, para la adquisición de insumos para mitigar la pandemia, entre otras partidas.