Las comisiones de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales del Senado tratarán este martes un proyecto de ley de defensa del consumidor, del que participarán funcionarios nacionales y referentes del sector privado, según pudo saber AIM. Cabe destacar que la iniciativa reconoce la vulnerabilidad estructural de los consumidores en el mercado.

Del encuentro este martes, participarán Sebastián Barocelli, director nacional de Defensa del Consumidor, Federico Álvarez Larrondo, especialista sobre Derecho del Consumidor e Inteligencia Artificial, Francisco Junyent Bus, profesor titular plenario de Derecho Concursal en la Universidad Nacional de Córdoba y profesor de Derecho del Consumo en la Universidad Nacional de Córdoba, y Walter Krieger, especialista en Derecho con orientación en Derecho Privado Uces, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado.

El proyecto, al que tuvo acceso AIM, prevé que la relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Tiene como fuente un hecho o acto jurídico, unilateral o bilateral, una práctica o una técnica de marketing. Puede resultar de la tipificación legal, de la voluntad individual, o inferirse a través de la interpretación judicial.

Es consumidor la persona humana o jurídica que adquiere, de modo gratuito u oneroso, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo originaria, como consecuencia o en ocasión de ella utiliza bienes o servicios, de manera gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

La presente ley es aplicable a quien se encuentra expuesto a una relación de consumo a consecuencia de la información, la publicidad, las prácticas abusivas y el deber seguridad.

La iniciativa prevé el principio de protección del consumidor se acentúa frente a colectivos sociales con vulnerabilidad agravada. En tales supuestos, y en el marco de la relación de consumo, la educación, la salud, la información, el trato equitativo y digno y la seguridad deben ser especialmente garantizados.