Las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, comprometidas con la defensa del derecho de acceso a la información pública, “expresamos nuestra profunda preocupación por la reciente aprobación del Decreto 780/2024 en Argentina, que introduce restricciones que limitan gravemente el ejercicio de un derecho fundamental para la democracia y la transparencia: el derecho de acceso a la información pública”, dice el documento al que accedió AIM.

En una sociedad democrática, “el acceso libre y amplio a la información pública no solo fortalece la rendición de cuentas, sino que también empodera a la ciudadanía, fomenta la participación pública, combate la corrupción y garantiza el control ciudadano sobre las acciones de los gobiernos”, agregan las organizaciones.

En ese sentido, “cuanto mayor sea el ejercicio de este derecho, más madura y sólida será la democracia en un país. Es por esto que el acceso a la información pública es considerado un derecho de los derechos, ya que habilita y protege otros derechos fundamentales, permitiendo su pleno ejercicio”, explicaron a AIM desde organizaciones como Fundación Directorio Legislativo, Acij (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Amnistía Argentina, Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales), y Cippec, entre otras.

El Decreto 780/2024 introduce nuevas excepciones y conceptos desconociendo lo que dice la propia ley, abriendo la puerta a una mayor discrecionalidad en su aplicación, lo que frustra su espíritu y principios. La Ley Nacional de Acceso a la Información Pública 27.275, sancionada en 2016, es el resultado de más de 15 años de arduo trabajo por parte de la sociedad civil argentina.

“Si bien toda ley es perfectible, esta cumple con los estándares internacionales y ha sido un avance clave en la transparencia gubernamental en Argentina. Pese a eso, el decreto añade barreras innecesarias y genera excusas para negar solicitudes de información, debilitando así el sistema democrático y la rendición de cuentas. No es solo la sociedad argentina la que se articula en la defensa de este derecho. Hay una comunidad global activa y alerta, conformada por organizaciones de la sociedad civil, universidades, organismos internacionales y funcionarios públicos, que monitorea, estudia y promueve el ejercicio del derecho de acceso a la información”, advirtieron en el documento.

En cada país, diversas organizaciones, junto con redes internacionales como Cicic (International Conference of Information Commissioners), impulsada por la Unesco, trabajan para garantizar que los gobiernos de todo el mundo respeten este derecho esencial.

Hoy, “nos unimos para hacer un llamado urgente al gobierno argentino. Solicitamos que se derogue el Decreto 780/2024. De lo contrario, Argentina estará retrocediendo en el respeto y la promoción del derecho de acceso a la información y será vista de ese modo por la comunidad internacional. Este retroceso no solo afectará a la ciudadanía, sino que tendrá un impacto en la percepción global sobre el compromiso del país con los principios democráticos y de transparencia”, manifestaron.

Las organizaciones “pedimos al gobierno argentino que mantenga a la nación en la lista de países que respetan y protegen el derecho de acceso a la información, asegurando que este continúe siendo una herramienta efectiva para fortalecer la democracia, los derechos humanos y el desarrollo social”.