El proceso de aggiornamiento de la provincia a la nueva Ley de Salud Mental “hoy es inviable en Entre Ríos, porque faltan recursos, infraestructura y reglas claras para los trabajadores”, advirtió a AIM el secretario Gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Pedro César Zuchuat.

Se realizó una jornada de trabajo en el hospital Luis Ellerman de Rosario del Tala, donde se anunció que para enero el hospital psiquiátrico dejaría de funcionar, en el marco del proceso de transformación que se inició a partir de los paradigmas de la nueva Ley de Salud mental.

El modelo -como el italiano- es de vanguardia, “pero hoy no están dadas las condiciones estructurales en Rosario del Tala ni en la provincia”, indicó a esta Agencia Zuchuat, quien explicó que en país europeo el proceso llevó 30 años y muchos recursos y hoy en Argentina se quiere implementar sin las condiciones de posibilidad garantizadas, ya que en el caso de Rosario del Tala “faltan las ‘casas de medio’ camino y no se sabe la situación en la que quedará el hospital y qué ocurrirá con los trabajadores, ya que la Ley prevé que quedará la misma situación de revista, pero no hay nada por escrito”.

Los pasos que se den en el Ellerman son fundamentales, ya que el Gobierno quiere utilizarlo como modelo a seguir en la provincia -porque la Ley prevé que para el 2020 la práctica del manicomio deberá sustituirse- pero los trabajadores remarcaron que avanzar de forma improvisada, poco clara y sin presupuesto es una irresponsabilidad por parte del Estado es irresponsable y expondrá a una mayor vulnerabilidad a los pacientes.

En ese sentido, el dirigente sindical remarcó que ATE “bajo ningún punto de vista estamos en contra de la norma, es decir, estamos de acuerdo porque revolucionaria”, pero remarcó que “actualmente no están dadas las condiciones desde lo estructural ni en Rosario del Tala ni en la provincia de Entre Ríos de implementar acabadamente este proceso hoy, ya que no hay infraestructura, ni los recursos ni se sabe qué ocurrirá con los 98 trabajadores”.

“Reivindicamos la Ley de Salud Mental, pero en estas condiciones es imposible que se aplique y es preciso que el Gobierno escuche no avance arbitrariamente con un proceso que se debe hacer de forma ordenada, clara y con recursos, ya que está en juego el derecho a la salud de los pacientes en Entre Ríos y, también, se pone en jaque la situación de revista de cientos de trabajadores”, aseguró.