La violencia política contra las mujeres es un tema que se instaló en la agenda de género del país y la región. El intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner resonó en todas las discusiones, demostrando que este tipo de violencia continúa siendo una de las principales barreras para el ejercicio de la ciudadanía en América Latina, constató AIM.

Según el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI - OEA) la violencia política contra las mujeres debe entenderse como: “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica”.

En cuanto a las modalidades que puede tomar el ejercicio de la violencia política contra las mujeres, la Ley nacional describe la “intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, que impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos”; y asimismo establece que puede “ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros”.

Si bien en las últimas décadas se han realizado esfuerzos sostenidos en diversos países de América Latina para impulsar el acceso y el ejercicio del poder de las mujeres a las instituciones democráticas, esas exigencias normativas pusieron en evidencia una serie de prácticas que reproducen formas de hacer políticas patriarcales, misóginas, violentas, sexistas y excluyentes.

El país y la región no son ajenos a estas prácticas, sino que, a pesar de los avances en la materia, las brechas siguen estando presente y creciendo día a día.

En ese sentido, las consejeras de todo el país plantearon las preocupaciones ante la escalada de violencia política, en el medio de un proceso electoral, e hicieron un llamado a la sociedad y el sector político para reconstruir el pacto democrático y cuidar los derechos construidos durante todo este tiempo.

Con la participación de 20 provincias, se elaboró un documento, consensuado entre todas las participantes, que fue presentado a través de una conferencia de prensa, en el marco de la segunda jornada del Consejo Federal de Mujeres, Género y Diversidad llevado a cabo en la Ushuaia.

En esta línea, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Tierra del Fuego AIAS, Gabriela Moreyra, manifestó que “teniendo en cuenta que estamos en un año electoral y a 40 años de una democracia ininterrumpida es que hacemos un llamado, no solamente a toda la sociedad, sino también a todos los sectores políticos ante ciertos temas de preocupación”.

“Es importante la reconstrucción de un pacto democrático, y esto, en línea del resurgimiento de discursos y acciones antidemocráticas, que tienen como foco principal a las mujeres, a las que participamos en política, particularmente, a quienes trabajamos en pos de la construcción de sociedades más justas e igualitarias”, continuó Ayelén Mazzina Guiñazú, Ministra de Mujeres, Género y Diversidad de Nación. A su vez, remarcó que “este tipo de discursos que se están sosteniendo es el disciplinamiento de las mujeres y su exclusión de la participación política, y obviamente esto afecta a nuestra democracia”.

Por su parte, Argentina junto con su mecanismo, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) participó del 67° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) que tuvo lugar en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York del 6 al 17 de marzo pasado.

El tema prioritario fue “La innovación y el cambio tecnológico, y la educación en la era digital para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”.

La CSW es el principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y reúne a representantes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a organizaciones de la sociedad civil.

En ese marco, el organismo hizo principal hincapié en la relación de la violencia digital y la violencia política que puede dar origen y/o contribuir a la construcción de discursos de odio. En efecto, consideró que “la violencia y hostigamiento en estos casos se dirige contra dirigentas por el hecho de ser mujeres”, y no sólo por sus opiniones o las políticas llevadas a cabo. Así, las mujeres que se dedican a la política se vuelven objetivo de discursos de odio y violencia, así como también campañas de desinformación y desprestigio. “La violencia de género digital no es un fenómeno aislado, y se recrudece aún más cuando hablamos de mujeres políticas con el claro objetivo de desincentivar su participación”, afirmó y ejemplificó: “Sin ir más lejos, nuestra propia ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina es víctima constante de estas situaciones”.