Por Revista PPV, especial AIM. El movimiento que hizo entrar en forma más masiva la problemática campesina en la historia nacional, las Ligas Agrarias, cumplieron 50 años de su inicial “Grita lo que sientes”, un momento propicio para traer al presente reclamos históricos, demostrativos a su vez de lo poco que se avanzó en el tratamiento de la problemática de los pequeños y medianos productores, campesinos, indígenas, aparceros, tanteros, ocupantes, minifundistas, colonos, etc. que expresan a las dos terceras partes de los productores agrarios del país.

Aquéllos hombres y mujeres del campo le decían a la sociedad toda: “las Ligas Agrarias están para que nos defendamos nosotros los agricultores; están para que nos defendamos de los intereses que nos tienen presos, sin que veamos ninguna posibilidad de salir de nuestra situación de hambre y miseria. Para que haya justicia en el campo, para que nuestros hijos puedan tener educación, vivienda, tierra suficiente y podamos así, los campesinos vivir como merece vivir un hombre”.

El “Grito” que se lanzó en Sáenz Peña, el 14 de noviembre de 1970, convocando al “Primer Cabildo Abierto del Agro Chaqueño” recogía la experiencia de luchas anteriores y el trabajo de los jóvenes ligados al Movimiento Rural de Acción Católica y las cooperativas, en un momento particular de la historia mundial, Latinoamericana y argentina. Ese encuentro dio lugar al inicio de ligas y movimientos agrarios que en menos de tres años se expandieron al Nordeste (Chaco, norte de Santa Fe, Misiones, Formosa y Corrientes) a Entre Ríos, otras áreas de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, impulsando también la organización rural en otros territorios del país.

En cada una de las provincias, las Ligas se fueron organizando en torno a la familia rural y con un fuerte arraigo territorial, dando lugar a una democrática construcción desde sus bases, que reconocía diversidad de culturas y de experiencias y en cuya etapa inicial fue muy importante el apoyo de los sectores de la Iglesia Católica, comprometida con el desarrollo y la liberación.

Decididos a hacer valer sus derechos, los hombres y mujeres del campo demandaban al Estado y a la sociedad políticas que permitieran enfrentar la crisis de sus principales producciones (algodón, tabaco, yerba, te, tung, azúcar, leche y otros). El reclamo de precios “justos” y control del accionar de los oligopolios que controlaban la comercialización estuvo en el centro de sus movilizaciones, exigiendo un rol activo a los organismos e instituciones públicas que tenían la responsabilidad de regular cada cadena de producción. También fueron continuas: las demandas en relación a la tierra -acceso, regularización de situaciones de tenencia, control de la renta que cobrada por los terratenientes – y al control del Estado sobre al avance de las grandes empresas; la asistencia técnica y financiera para la producción; el mejoramiento de la infraestructura rural; educación y salud pública para todos; el apoyo al cooperativismo y la participación en los organismos públicos relacionados con su problemática, a nivel provincial y nacional.

Crecimiento y represión

El movimiento agrario se expandió desde las bases del Noreste; más de 20 mil familias y 50.000 jóvenes fueron protagonistas de un proceso inédito en el campo argentino, en el que la acción-reflexión constante sobre sus reclamos, gestiones, marchas, cortes de rutas, huelgas, etc. fueron acompañadas por actividades de capacitación y promoción de las familias (mujeres particularmente) y una dinámica de articulación con organizaciones sociales rurales y urbanas.

La efervescencia que se vivía en los últimos años de la dictadura 1966/73 hizo que la presencia “liguista” alcanzara amplia repercusión a nivel nacional, incorporándose muchas de sus propuestas a las plataformas electorales de los partidos populares y, con no pocas contradicciones, en las políticas del gobierno nacional y los gobiernos provinciales surgidos en 1973. Las “economías regionales, el “campo profundo”, los “pobres del campo”, los trabajadores del campo con o sin tierra propia fueron reconocidos como actores sociales identificados con la construcción de una sociedad más justa y soberana. La legitimidad lograda les permitió participar al máximo nivel nacional en la “Comisión de Política Concertada con el Agro”, cuya misión era asesorar acerca del cumplimiento de los compromisos establecidos entre el Estado y las organizaciones de productores en el “Acta de Compromiso del Estado y los Productores para una Política Concertada de Expansión Agropecuaria y Forestal”.

Las Ligas Agrarias, como todas las organizaciones populares, fueron víctimas del accionar represivo del Estado en los 70/80. Muchos/as militantes liguistas fueron detenidos y asesinados, y la sistemática represión fue desarticulando la organización generada en cada provincia.

La agudización de las graves situaciones estructurales y coyunturales incrementaron la pobreza en el medio rural y el éxodo a las ciudades. Sin embargo, lentamente, el regreso de la forma democrática de gobierno permitió ir superando el temor generalizado. El trabajo de algunas Organizaciones No Gubernamentales, algunas iglesias, militancia diversa, e incluso sectores de la Federación Agraria Argentina, fue fundamental para lograrlo en sus primeras instancias.

Cuarenta años después

Las familias del campo y sus organizaciones fueron construyendo o reconstruyendo en la región Noreste y en el resto del país alternativas que, como los grupos asociativos y cooperativos, las pequeñas agroindustrias locales, los consorcios de servicios de distinto tipo, las ferias francas -que vinculan producción de alimentos y demandas de los consumidores- permitieron avanzar en la diversificación productiva, en producciones agroecológicas con circuitos cortos de comercialización, en la producción de semillas e insumos y el manejo de agroecosistemas diversos, etc. Estas experiencias y aprendizajes fueron nutriendo a los distintos programas y proyectos públicos que se sucedieron desde fines de la década de 1980, un complejo proceso en el que pueden reconocerse etapas y actores.

La “Mesa Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar” (1995) y, posteriormente, del “Movimiento Nacional Campesino e Indígena”, la “Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar” (Fonaf), la “Unión de Trabajadores de la Tierra” (UTT) y de la ”Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular” (Utep) constituyen algunos de los hitos en la organización social que se fueron dando y/o que incluyen la problemática de los sectores agrarios excluidos y marginados por la modernización conservadora ocurrida en Argentina.

En paralelo, el Estado fue adecuando algunos aspectos de su institucionalidad, sin alterar en lo sustancial las políticas públicas destinadas a estos sectores. Legislación con importante respaldo, como la “Ley de Reparación Histórica para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina” (2015), más conocida como “Ley de Agricultura Familiar”, aún sin reglamentar, es un evidente ejemplo en ese sentido. Son por lo tanto predecibles situaciones similares con respecto a los distintos proyectos referidos al acceso a la tierra, vuelta – marcha al campo, promoción de la agroecología, etc. presentados últimamente. Ni hablar de las numerosas leyes vigentes que directamente no se cumplen.

La pérdida de un promedio de 5000 productores por año, la continuidad de la pobreza rural y el éxodo a las ciudades, creciente concentración de la tierra, la producción y el capital en el agro, la deforestación, degradación y contaminación ambiental, etc. son demostrativas de lo poco que se escucha el grio del “otro campo”, en el Estado y en la sociedad argentina. Por eso se siguen levantando consignas y banderas que las Ligas Agrarias impulsaron hace medio siglo.

Por Carlos Carballo G, de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria-Fac. Agronomía/UBA