El Estado “participa del 65,4 por ciento de la renta agrícola en Entre Ríos, según el estudio que realizó la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (Fada)”, advirtió a AIM el referente agropecuario Gonzalo Álvarez Maldonado, quien precisó que la presión fiscal “es de las más alta de la región”.

Según el informe de Fada “la renta de los productores agropecuarios que queda en manos del Estado (nacional, provincial y municipal) sigue aumentando”, indicó a esta Agencia el productor, quien señaló: “La participación del Estado en la renta agrícola en Entre Ríos es del 65,4 por ciento; en Córdoba, del 64,9 por ciento; en Santa Fe, 61,1 por ciento; en La Pampa, 62,9 por ciento; en Buenos Aires del 61,9 por ciento; y en San Luís, 59,9 por ciento”. Al respecto, el cooperativista precisó que el índice mide cuánto de la renta agrícola se va en impuestos, lo que implica restarle los costos de producir al valor de esa producción.

En ese marco, Álvarez Maldonado detalló que, según el informe nacional, en soja es del 68,4 por ciento; el 83,9 por ciento en trigo; el 57,3 por ciento en maíz; y el 54,1 por ciento en girasol.

Al respecto, el productor destacó que el tema es que los impuestos no se reducen en la misma proporción que la renta, por lo que cuando el valor cae o los costos suben, la participación de los impuestos aumenta”.

Ante ese escenario, el referente agropecuario volvió a advertir que si el gobierno dispone aumentos según la Ley que se trata en la Legislatura “muchos productores podrían caer en quebranto, ya que vienen de tres años consecutivos de sequías de Niña, en la que se perdieron todos los recursos económicos, financieros y forrajeros”.

En ese sentido, subrayó que una actualización por inflación “no es la metodología que se debe utilizar para el campo; no es necesario sujetar el IIR a la inflación, sino que se debe cumplir con la normativa vigente de acuerdo a las 36 zonas agroecológicas, una Ley ejemplar para el país, que se realizó en la época de Daniel Welschen, que determina que de acuerdo a la productividad de la tierra durante cinco años se hacía el cálculo y así era realmente viable”.