Ingresó en la Cámara Baja un proyecto de Ley para poner en marcha el Régimen de Consorcios Camineros, que serán entidades de bien público, de servicios a la comunidad, sin fines de lucro y tendrán como objetivos la realización de trabajos para conservar, mantener, reparar, reformar y mejorar la red vial terciaria, comunal o vecinal de la provincia, y eventualmente y con el acuerdo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), tramos de red secundaria, confirmó AIM.
La iniciativa la promueve el diputado Néstor Lóggio (Frente Creer Entre Ríos), con el apoyo de Leonardo Silva. En los fundamentos, el legislador indicó que “a partir de relevamientos de experiencias positivas tanto dentro de la provincia como en provincias vecinas (de diferentes características económicas, territoriales, geográficas) proponemos legislar para promover el sistema de Consorcios Camineros en Entre Ríos, a fin de mejorar el desempeño de la atención de la problemática vial en los caminos rurales”.
En ese sentido, explicó que el gobierno provincial destina importantes partidas presupuestarias para el mantenimiento de la red vial, así como también gestiona con el Estado nacional programas especiales de financiamiento para conservación de caminos, pero “como viene demostrando el siglo XXI en diversos aspectos dela gestión estatal, por la complejidad de las tramas de problemas a resolver y la mayor necesidad de recursos a aplicar a los mismos, el trabajo colaborativo y organizado entre el Estado y la sociedad civil se impone como una opción ineludible para la gestión de los problemas públicos”.
“Conceptos como los de trabajo en red o gestión asociada pueden aportar elementos importantísimos para la atención y satisfacción de necesidades que hasta ahora solo se reclama al Estado”, aseguró el diputado, quien aclaró: “Además de implicar asociación en las tareas es factible y sería acordar asociación en el aporte de los recursos”.
En ese marco, indicó que ejemplos del trabajo del Estado asociado a entidades de la sociedad civil pueden observarse en muchos aspectos de la gestión pública: “Recordemos que la crisis del 2001 disparó una gran cantidad de programas en el ámbito del Desarrollo Social que, iniciados y generados desde el Estado, reconocieron la necesidad de contar con la participación de las organizaciones civiles, por sus aportes en llegada al territorio, capacidad organizativa, conocimiento de los destinatarios de las políticas y por el compromiso ético que aportaban hacia ambos lados del mostrador, hacia los beneficiarios y hacia el Estado. De la misma manera, en términos de producción, el trabajo con instituciones gremiales que representan a productores agropecuarios, industriales o de servicios, tiene numerosos antecedentes, tanto para el control de la actividad, como para la gestión de documentación, financiamiento para la inversión, capacitación, etc. Los Colegios profesionales desde hace décadas gestionan junto al Estado el control de la actividad especializada de las profesiones liberales”.
Al respecto, Loggio subrayó que la iniciativa no establece un método nuevo ni propone un sistema totalmente ajeno a la provincia: “Además de los antecedentes históricos que pueden encontrarse desde mediados del siglo XX, los Consorcios Camineros como sistema de conservación o mejora de los caminos rurales, o de la red terciaria tienen presencia actual, legal y real, en nuestro territorio”.