En dos años, el Gobierno de Cambiemos redujo el empleo en el Poder Ejecutivo nacional en 23.500 personas. No obstante, más del 75 por ciento del recorte de esta nómina se explica por el traspaso de 18 mil agentes de la Policía Federal a la Policía Metropolitana de Buenos Aires. En el resto del sector público nacional, provincial y municipal, se generaron en conjunto casi 100 mil empleos.

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En momentos en que el Gobierno avanza con las negociaciones para acceder a un crédito preferencial del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual siempre se ha caracterizado por exigentes metas de austeridad en el gasto público, el Ministerio de Hacienda tiene una carta clave para mostrar, la reducción de la nómina de personal a su cargo.

Habitualmente se observa en el Boletín Oficial la designación de personal jerárquico en la administración pública nacional, y cada mes la estadística del total del empleo en el sector público del Ministerio de Trabajo mantiene una senda decididamente creciente.

Sin embargo, en el caso del gobierno nacional, esto es en el Poder Ejecutivo y gran parte de las empresas públicas, se registró desde el primer trimestre de 2016 una leve pero sostenida caída del empleo, tanto en relación de dependencia como contratado; en tanto volvió a crecer la nómina en el conjunto de empresas públicas que alimentan la estadística oficial.

Así, según un informe del Ministerio de Hacienda, "durante el cuarto trimestre 2017 se verificó una disminución de 23.547 ocupados en el Poder Ejecutivo Nacional con relación a igual período de 2015", último tramo del gobierno anterior, a un total de 411.589 empleados. Significó una baja del 5,2 por ciento.

Pero cabe notar que el principal mérito de semejante contracción de la dotación total obedeció al cumplimiento de una promesa de campaña, como fue la transferencia a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el segundo trimestre de 2016, de 18.400 agentes de la Policía Federal a la Policía Metropolitana.

Adicionalmente, "la caída en el número de contratos registrada entre el cuarto trimestre de 2017 y el mismo trimestre de 2016, se explicó en especial por la baja de menos del 1% en los contratos Ley Marco de Empleo Público y el resto a cambios en la forma de captación de los contratos, ya que a partir de la Resolución 561/16 se establece la obligatoriedad del uso del módulo Loys para las modalidades contractuales previstas en el Decreto 2.345/08″, consigna el informe de marras.

Las empresas públicas volvieron a ampliar la nómina

La excepción fue el conjunto de empresas públicas, ya que en el bienio ampliaron el plantel en poco más de 4 por ciento, a 31.313 personas, principalmente en calidad de contratados por un tiempo determinado: se elevó 24,8 por ciento, mientras que la porción en relación de dependencia se amplió en 2,5 por ciento, pese a que en el agregado las prestadoras mantienen un elevado déficit en sus finanzas que es cubierto con asistencia del Tesoro.

La ocupación en las empresas del Estado se elevó en el último bienio en 1.237 personas, un 4,1 por ciento
Aclara Hacienda que al cierre del último trimestre no suministran información: Correo Argentino, Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Energía Argentina S.A., Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A, Aerolíneas Argentinas S.A., YPF S.A.

Tampoco el conjunto de las administraciones provinciales y municipales acompañó la política de contención de la nómina de personal, pese a que el sector privado, en particular independiente, dio señales de aumento de la ocupación, y se firmó un pacto fiscal que impuso límites a la creación de puestos netos.

Según los datos de empleo total registrado del Ministerio de Trabajo, pasó de 2,66 millones netos del Poder Ejecutivo Nacional en el último trimestre de 2015 a 2,76 millones de personas dos años después. Se elevó 3,6 por ciento.

En el resto del sector público nacional, provincial y municipal, se generaron en conjunto casi 100.000 empleos, a una tasa muy superior a la previsible por el crecimiento vegetativo que caracteriza a las áreas de mano de obra intensiva de la Educación, Sanidad y Seguridad Pública, principalmente.

Además, en el desagregado de la nómina de personal en la administración central se advierte la creciente participación de los contratados por tiempo determinado, una práctica para ahorrar gastos en cargas sociales y previsiones por despidos sin causa, principalmente.