El juez federal Sebastián Ramos procesó  por abuso de autoridad a un ex alto funcionario del ministerio de Salud de la Nación por la supuesta protección que le habría dado a la firma Farmacity, empresa que fundó y presidió hasta 2015 el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

El procesamiento fue dictado sobre Raúl Alejandro Ramos, ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del ministerio de Salud, quien fue denunciado por la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa).

Según la denuncia, el funcionario demoró y se negó a sancionar a la cadena Farmacity.

"Se tiene por acreditado que en al menos tres expedientes Ramos resolvió tardíamente las sanciones que en cada caso correspondían, siendo la emisión del acto administrativo (resolución) su deber, en tanto cumplía funciones como autoridad de la secretaría de Políticas Regulación e Institutos del ministerio de Salud de la Nación", sostuvo el juez en la resolución.

Farmacity es una cadena de farmacias argentinas del grupo empresario Pegasus. Cuenta con un formato de autoservicio o drugstore y forma parte de la National Association Of Chain Drug Stores. La empresa fue fundada y es presidida por Mario Quintana, el vicejefe de Gabinete y uno de los colaboradores más cercanos al presidente Mauricio Macri.

En un principio se ubicó en la ciudad de Buenos Aires, donde se delinearon puntos estratégicos para la instalación de los locales. Microcentro, Villa Crespo y Flores fueron los tres escenarios elegidos para el comienzo de Farmacity. La primera sucursal en Córdoba fue inaugurada en noviembre de 2001 en el Aeropuerto Pajas Blancas.[cita requerida]Controversias

Desde la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa)3 buscan evitar la formación de monopolios y diferenciar entre paciente y consumidor sostiene la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que "no hay medicina eficiente sin una gestión eficaz de los medicamentos". La declaración apunta a la competencia desleal y a la violación de la ley de medicamentos (Ley 26.567) que prohíbe la venta en góndolas. Por dicha situación Farmacity también ha sido denunciada por la ONG Proconsumer y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal determinó que la venta de medicamentos debe hacerse en mostrador.456

Desde que la firma llegó en 1997 se cerraron 1.400 farmacias sólo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y en suelo porteño la ley federal de farmacias 17.565 afirma que sólo se podrá vender productos del tipo farmacéutico y en la cadena incluso se venden golosinas y gaseosas, violando una normativa legal.

En la provincia de Mendoza se suscitó un debate ante la inminente llegada de la cadena Farmacity ya que cuenta con legislación que desalienta a los grupos económicos limitando el número de locales a manos de una misma persona. 23 sucursales de farmacias fueron transferidas a Farmacity. Primero, el entonces Ministro de Salud Juan Carlos Belher lo prohibió por Resolución 1.756, seguido a ello, fue permitida por decreto del ex gobernador de la provincia Celso Jaque antes de terminar su mandato. Por ello se inició una disputa liderada por el Colegio de Farmacéuticos, la Cámara de Farmacias, la Cooperativa Farmacética, el Centro de Empresarios Farmacéuticos y Farmasur pasando el conflicto a manos de la Corte Suprema de Justicia dónde se falló a favor de los reclamantes.

En 2018 fue procesado Raúl Alejandro Ramos, ex secretario macrista de Políticas, Regulación e Institutos del ministerio de Salud por cajonear expedientes y negarse a sancionar a Farmacity, la empresa que fundó y presidió hasta 2015 Mario Quintana, el vicejefe de Gabinete y uno de los colaboradores más cercanos a Mauricio Macri.La imputación dictada por el juez federal Sebastián Ramos, fue por dictar tardíamente resoluciones de tipo sancionatorias en distintos expedientes contra la empresa, en una supuesta protección por parte del funcionario. La denuncia fue impulsada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) e investigada por la fiscal Paloma Ochoa, por considerar que el funcionario se demoró y negó a sancionar a Farmacity por violar regulaciones del sector.2

Sucursales

El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, recibió una buena noticia por parte del procurador interino, Eduardo Casal, nombrado por el presidente Mauricio Macri en reemplazo de Alejandra Gils Carbó. Casal hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto por Farmacity —cadena controlada por el fondo Pegasus, que integra Quintana— ante la Corte Suprema para revisar el pedido de declarar inconstitucional dos artículos de una ley bonaerense que le impiden a la firma del funcionario hacer pie en territorio bonaerense. El procurador general se hizo eco de los argumentos de Farmacity y respaldó el reclamo, a pesar de que la Poder Judicial de Buenos Aires rechazó la presentación en todas las instancias.

"Corresponde hacer lugar a la queja y declarar la procedencia del recurso extraordinario interpuesto, revocar la sentencia apelada", señaló Casal en su dictamen ante el máximo tribunal, paso previo para que la magistrados resuelvan. El recurso extraordinario llegó a la Corte en agosto pasado, luego de recibir rechazos en todas las instancias judiciales bonaerenses y deberá ser analizado por los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, debido a los vínculos que mantienen con la empresa fundada por Quintana.

El objetivo de la firma ligada al vicejefe de Gabinete es que el Poder Judicial invalide los artículos 3 y 14 de la ley 10.606, vigente desde 1987 en la provincia. Esos artículos impiden que la cadena de farmacias extiende su negocio a Buenos Aires debido a que la actividad está autorizada para empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro y mutuales; pero no a sociedades anónimas como Farmacity. Para la firma fundada por Quintana ese artículo "vulnera di versos preceptos federales", entre ellos, el decreto de Desregulación Económica del menemismo.

Además, en la denuncia presentada contra la provincia de Buenos Aires, el fondo Pegasus reclamó otro punto que impide el crecimiento de su negocio: las "restricciones en cuanto a la localización de las farmacias" y argumentaron que "vulnera el régimen de la libre competencia garantizado".

Esos argumentos fueron rechazados en todas las instancias del Poder Judicial bonaerense, que ratificaron la constitucionalidad de los artículos cuestionados. La Confederación Farmacéutica Argentina (CoFa) y el Colegio de Farmacéuticos bonaerenses se manifestaron en contra del avance de Farmacity y le exigieron a la Corte Suprema que "falle en forma justa y privilegiando los intereses de los bonaerenses".

En el comunicado titulado "Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia", los farmacéuticos apuntaron contra las intenciones de la firma de Quintana. Respecto de la constitucionalidad de la ley, recordaron que fue "votada en democracia por los diputados y senadores que eligieron todos los bonaerenses".

En cuanto a la regulación que otorga una zona geográfica de acción a cada farmacia, el CoFa advirtió: "¿Las consecuencias a corto plazo? Por cada farmashopping que se instale en la Provincia de Buenos Aires cerrarán varias farmacias. Muchas personas quedarán sin trabajo y millones sin acceso a los medicamentos cerca de su casa".

Además, el comunicado destaca el perfil de la ley 10.606, que "protege el sistema de salud y a la farmacia como servicio público", en contraposición con el modelo impuesto por Farmacity. "El objetivo de quienes están detrás de los farmashoppings es hacer negocios. Sin importar qué ley se interpone o las consecuencias que pueda acarrear". "Si da ganancia, da lo mismo que el negocio sea farmacia, heladería, cafetería o cancha de paddle", denunciaron.

A pesar de la oposición de los colegios de profesionales y las tres instancias del Poder Judicial bonaerense, el procurador interino nombrado por la Casa Rosada dictaminó en favor de la firma de Quintana y propuso a la Corte "hacer lugar a la queja y declarar la procedencia del recurso extraordinario interpuesto, revocar la sentencia apelada en cuanto declara la validez constitucional del artículo 14 de la ley 10.606, declarar la nulidad de los actos locales que se fundan en el impedimento que esa norma prevé y devolver los autos al tribunal de origen a fin de que se pronuncie acerca de la tacha de inconstitucionalidad que se endilga al arto 3° de la ley local 10.606".

A la espera del fallo de la Corte, que definirá la suerte de la jugada comercial del fondo Pegasus, el vicejefe de Gabinete anunció en una entrevista con el canal LaNación+ que espera vender "antes de fin de año" su participación en Farmacity para "evitar un eventual conflicto de interés".