Mediante decreto 1576, del 24 de junio de 2024, el gobierno de Entre Ríos dispuso dos medidas que apuntan a reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia.

Se dispuso el aumento de los aportes patronales y las contribuciones personales de los activos y una suba de los aportes personales de los beneficiarios de jubilaciones especiales hasta que alcancen los requisitos de la jubilación común.

En el artículo 1, la norma establece “un incremento del tres por ciento de los Aportes Personales y del tres por ciento de las Contribuciones Patronales, que se adicionará a los actualmente vigentes, sobre los haberes de todos los trabajadores”. De esta forma, la alícuota pasa del 16 al 19 por ciento.

En el artículo 2, el decreto crea “un aporte personal del tres por ciento para los pasivos provinciales que hayan accedido al beneficio de jubilación ordinaria especial, hasta alcanzar los requisitos fijados por ley para acceder a la jubilación ordinaria común”.

Al fundamentar los incrementos de aportes que recaen tanto sobre empleados activos como sobre una parte de los ya jubilados, el gobierno entrerriano argumenta el grave déficit del sistema, al que define como “solidario, altamente deficitario, con una ecuación activo/pasivo en deterioro alarmante, dotado de un sistema de incrementos en la movilidad en dirección opuesta al déficit que genera cada escalafón, sumado a una situación de desfinanciamiento creciente”.

Precisa que “en el mes de marzo del corriente, el déficit superó la suma de 18.000 millones de pesos y, en abril, superó los 20.000 millones”, y que ese desfasaje “se ha visto incrementado por distintas omisiones en la gestión y en la obtención de los recursos, provenientes del Pacto Fiscal, situación que determinara la promoción de una acción judicial por parte del Estado Provincial”.

Atribuye también el déficit “a la falta de aplicación del artículo 14 de la Ley 8.732, referente a los aportes que los distintos organismos deben realizar para eliminar o reducir proporcionalmente el déficit producido; y por falta de cumplimiento del artículo 12, inciso “d” de dicha Ley, que refiere a los aportes de los regímenes especiales”.

Más adelante, el decreto cita el diagnóstico surgido de un estudio conjunto de la Secretaría de Presupuesto y de la Dirección General de Análisis Fiscal y Estudios Económicos. La conclusión a la que arriba es que “el Sistema Previsional Entrerriano presenta un serio problema de sostenibilidad debido, entre otras causas, a la elevación de la tasa de pasividad por prolongación de la expectativa de vida, el incremento de beneficiarios, una tasa de sustitución mayor que la Nacional (82 por ciento), y edad mínima jubilatoria inferior a otros sistemas como el nacional; y que, según exponen, el déficit de la Caja de Jubilaciones tiene una elevada y creciente incidencia en las finanzas públicas de la Provincia, ya que una importante parte del mismo es financiado con aportes del Tesoro, conformado por los impuestos que abonan todos los entrémonos alcanzados o no por un empleo, una jubilación o una pensión de la provincia”.