Defensores en la causa denominada Contratos en la Legislatura pidieron al Colegio de Abogados que “se abra la instancia disciplinaria” para determinar qué responsabilidad les cabría en la filtración de datos a la prensa. También solicitaron que pida al procurador general que investigue si hubo, en relación con aquella situación, “conductas reñidas con las leyes de fondo” y “la ética profesional”. Aportaron pericias informáticas que exhibirían que la filtración salió de la misma Fiscalía.

La causa Contratos en la Legislatura vuelve a poner en debate nuevas aristas relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado; con el rol de los funcionarios públicos a cargo de la investigación, en este caso los fiscales; el rol de los medios; y las intenciones e intencionalidades políticas, si las hubiere, en el resultado de la causa. Las intenciones, legítimas, consisten en dilucidar la verdad forense y arribar a una sentencia que no deje dudas ante las dos posibilidades que surgen de un juicio: absolución o condena. No le haría nada bien al sistema que cualquiera de aquellas dos resoluciones esté teñida de sospechas y suspicacias. Tampoco a los imputados, abogados y fiscales. Las intencionalidades políticas tienen que ver con el evidente sesgo ideológico que exhibe la investigación.
La compleja investigación comprende un período de diez años: 2008-2018. La mayoría de los imputados, sobre todo los que han tenido más exposición pública, integraban o estaban relacionados con el oficialismo de aquel período. Resulta inverosímil que el supuesto accionar delictivo de la presunta organización haya sido desconocido por legisladores de otros partidos o por legisladores del mismo partido pero con fuertes diferencias con el oficialismo del momento. O, por quienes en el período investigado ocuparon importantes cargos en la Legislatura y ahora ocupan otros, en otros ámbitos del Estado. Ninguno fue citado. Siquiera a las famosas “entrevistas informales” que permite el Nuevo Código Procesal, para aportar lo que saben o incluso decir “no vi nada irregular”.

CREADOR Y AUTOR. En este nuevo sainete, según se deslizó a EL DIARIO, en la nota presentada al Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER), los defensores de los imputados aportaron el resultado de pericias informáticas que solicitó uno de aquellos, que muestran que al analizar los metadatos de los archivos de dos notas publicadas en un sitio digital el 17 de noviembre de 2018 y el 18 de junio de 2020, se “determina que sendos listados han sido generados desde el MPF, y establece como autor a ‘Cecilia Goyeneche’”.
Según el informe pericial, con certificación notarial, la información aportada al sitio trata de dos archivos en PDF: uno con el nombre “Contratos Truchos, Anexo Listado Diputados”, y el otro “Contratos Truchos, Anexo Listado Senadores”.
La otra certificación protocolar del otro documento publicado exhibió que “existen también dos archivos PDF, que al ingresar a los metadatos consta el nombre de un ‘creador’ y ‘autor’: ‘Gustavo Morabes’, que según entendemos se debe referir a la designación realizada mediante Resolución 59, del 15 de abril del año 2016, donde el mismo fue designado Oficial Mayor del MPF”.
URGENTE. Los abogados pidieron la intervención “urgente” del CAER “a fin que: se abra la instancia disciplinaria con el objeto de dilucidar nuestro accionar desde el punto de vista ético sobre el hecho en cuestión” y con la misma urgencia y “simultáneamente” se solicite al “procurador general de la provincia, que formalice la investigación de las conductas reñidas con las leyes de fondo y de forma que regulan las actuaciones en los procesos penales y asimismo que estarían reñidas con la ética profesional, que deslizara en la resolución 62/2020 del 16 de junio del corriente año, y que fuera dado a conocer a través de diversos portales de noticias de la provincia”. En pocas palabras, sostienen que en el accionar en cuestión hubo un delito.
INSINUACIÓN. Los defensores reaccionaron ante el contenido de la resolución 62 del MPF porque en ésta los fiscales negaron ser los autores de la filtración, que comprendió poner a “la luz pública fotos de actuaciones del legajo mismo, incluso con constancias internas de los letrados intervinientes (firmas) y que obviamente los abajo firmantes no poseemos, ya que son constancias firmadas por nosotros en el legajo”.
También cuestionaron que “por medios periodísticos se ha dejado trascender que el procurador general no solo ha considerado que no constituiría el hecho denunciado una violación a la ley, sino que ha ido más allá y ha negado que dicha filtración de información haya salido del MPF y ha insinuado que alguno/s de los defensores podríamos ser los autores de dicha acción, posibilidad que se descarta de manera contundente, en virtud de no contar ninguno de los abogados defensores con la totalidad de la información ‘entregada’ (muy lejos de ello, en promedio contamos con aproximadamente el 20 o 30 por ciento del material probatorio filtrado), además de ser la publicación en cuestión, decididamente contraria a los intereses de nuestros defendidos”. Así, sostuvieron en la nota al CAER que “es evidente que la entrega a la prensa de información sobre ésta causa, (violando lo prescripto en el CPP) habría podido salir del seno mismo del MPF, siendo que es el único que posee la totalidad de la prueba”.
ARCHIVOS. Los letrados resaltaron a las autoridades del CAER que “esta situación de supuesta entrega de documentación, violando la normativa vigente, se evidenciaría también en las pericias informáticas con intervención notarial, solicitada por uno de los imputados que se acompañan al presente y que desde ya solicitamos se acompañe por parte del Colegio al procurador, a los fines que investigue esta situación que se pone en conocimiento”.
También destacaron que “concretamente se trata de archivos generados en el marco de investigaciones penales preparatorias, realizadas en el seno del MPF y que se encuentran publicadas en el medio periodístico de mención, conductas que podrían configurar acciones prohibidas por la ley”.
SIN RESPUESTA. El 5 de junio Emilio Fouces, defensor de un imputado, radicó ante el MPF una denuncia contra autores desconocidos para que el organismo público encargado de la persecución penal investigue “el grave hecho ocurrido”, en relación con la filtración. Incluso, por esta denuncia, un grupo de defensores fue recibido el 16 de junio por vocales de la Sala Penal del STJ. En el encuentro los abogados plantearon “vicios y defectos que advierten en el funcionamiento del sistema acusatorio y también pidieron que la Sala Penal del STJ, en uso de sus facultades, intervenga a fin de controlar los fines del proceso”.
El escueto comunicado de la prensa del Alto Cuerpo indicó que “los magistrados expresaron que evaluarán y tendrán en consideración los planteos para futuras directivas o líneas de trabajo que se puedan llegar a impartir”. Hasta hoy ni la Sala Penal ni el MPF han dado respuesta al planteo de las defensas.
Fuente: Néstor Belini. El Diario de Paraná. Edición del 25 de julio de 2020.