Ingresó en la Cámara Baja un proyecto de Ley que busca “garantizar y reconocer el derecho al acceso igualitario de la gestión menstrual en condiciones dignas de higiene y salud en todo el territorio de la provincia”. El texto pasó a comisión para ser tratado por los diputados, confirmó AIM.

El proyecto presentado “tiene como objetivo establecer como política pública en el ámbito del sistema de salud de la provincia, el derecho al acceso igualitario de la gestión menstrual en condiciones dignas de higiene y salud en todo el territorio provincial”, fundamentaron las autoras de la iniciativa Silvia Moreno, Carina Ramos, Stefania Cora, Mariana Frafan, Paola Rubattino y María del Carmen Toller.

En ese marco, señalaron que la aprobación de la iniciativa “constituirá un acto de justicia social ya que contribuirá en reparar y reducir la brecha de desigualdad en la capacidad adquisitiva”, ya que explicaron que “en promedio las mujeres, personas trans e identidades no binarias ganan 27 por ciento menos que los varones, tienen mayores tasas de precarización laboral (más de un tercio de las trabajadoras ocupadas está en negro), tienen mayores niveles de desempleo y son más pobres”. La asimetría de poder adquisitivo se suma el hecho que tienen que realizar, por razones fisiológicas, un gasto extra e ineludible: el de menstruar.

Según un estudio realizado por la Organización Economía feminista, “cerca de un 58 por ciento de los hogares del país cuenta con al menos una mujer en edad reproductiva que debe acceder a estos productos”. Precisamente, se realizó un ejercicio de estimación para saber cuál es el costo que tendría que afrontar toda persona que menstrua a lo largo de un año, ya sea que utilice toallitas o tampones, siendo estos los productos de mayor circulación en nuestro país. Los números aproximados oscilaban entre $2.500 y $3.000 anuales en el 2019. A pesar de los índices de la brecha salarial y la cantidad de menstruantes, la única forma posible de obtener los productos es a través del mercado, es decir, el Estado se retira de este asunto y cede su participación a la mano invisible que regula la oferta y la demanda. Si el producto encarece o los salarios no alcanzan para adquirirlos o en el peor de los casos, la persona menstruante quedase fuera del sistema de trabajo, actualmente no existe una política de estado para cubrir estas necesidades, “por esto, es imprescindible que se supriman las barreras económicas que obstruyen el acceso de las personas menstruantes a cualquier tipo de producto de gestión menstrual”.