El Frente de Todos en el Senado avanzó este martes con el proyecto de ley para reestructurar la deuda bajo legislación local, enviado por el Poder Ejecutivo, que propone un tratamiento similar a la oferta realizada a los acreedores bajo ley extranjera.
Los legisladores de Juntos por el Cambio manifestaron su acompañamiento al tema, pero anunciaron que firmarían el dictamen con disidencias parciales, a raíz de que no se haya aceptado esperar una semana más para afinar la redacción de la iniciativa.
Luego de la presentación de funcionarios del ministerio de Economía, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, consideró que este “es un tema estratégico para la economía del país” y “es central arreglar el tema de la deuda” antes de “empezar con el tema presupuestario”. En ese sentido, y asegurando que hay en torno a la cuestión “muchas especulaciones”, sostuvo que “la respuesta del Parlamento tiene que ser inmediata” y pidió emitir dictamen.
Desde JxC, el radical Martín Lousteau expresó: “Yo entiendo que se trata de un tema vital para el futuro de la Argentina, pero también entiendo que estamos hablando de un universo de 42 mil millones de dólares distribuidos en un montón de tenedores argentinos, organismos del sector público”.
“Lo que hagamos nosotros, si está bien o mal hecho, puede condicionar de una u otra manera la reestructuración de deuda extranjera”, advirtió y, tras señalar que el proyecto ingresó “hace muy poco”, explicó: “En la exposición detectamos algunas falencias, por ejemplo, el de la cláusula Rufo, que es importante porque, supongamos que sancionamos la ley, y la invitación al canje ocurre después. Si entre que nosotros empezamos a tratar la ley, la sancionamos y la invitación al canje, hay otra mejora en la oferta a los tenedores extranjeros, entonces los tenedores locales no estarían contemplados, estarían desfavorecidos”.
Por eso, pidió “tener una redacción trabajada como corresponde, en conjunto con el Ministerio de Economía” y despachar la iniciativa la semana próxima.
Sin embargo, el presidente de la comisión, el cordobés Carlos Caserio, ratificó la voluntad del oficialismo de avanzar con el dictamen y manifestó el “compromiso” de que, si en el ministerio de Economía consideran esta modificación, “nosotros el día de la sesión estamos dispuestos a incorporarlo”.
La exposición de los funcionarios
A la reunión de este martes asistieron -de manera remota- Diego Bastourre, secretario de Finanzas; Ramiro Tossi, subsecretario de Financiamiento; y Sergio Chodos, director por el Cono Sur ante el Directorio del FMI.
Bastourre arrancó detallando los antecedentes de esta ley que fijó en tres decretos, comenzando por el 346, del 4 de abril, que estableció el diferimiento de los pagos de toda la deuda pública nacional bajo legislación argentina, de títulos denominados en dólares, pero pagaderos en pesos. El mismo estableció el diferimiento de pagos hasta el 31 de diciembre del presente año.
Otro decreto es el 391, donde se aprueba la reestructuración de los títulos emitidos bajo ley extranjera mediante una invitación al canje de títulos. El secretario explicó que se brindó una cantidad de títulos que ingresaban a esa oferta de canje y se establecieron también las bases para la emisión de los nuevos títulos.
“Ese es el antecedente del último decreto, el 582, donde se aprueba la enmienda a la propuesta que había sido iniciada por el decreto 391 -precisó-. Es el que establece el marco de la oferta vigente y sobre esa base hemos planteado los términos y condiciones para lo que es esta operación que hoy venimos a pedir autorización para llevar adelante”.
El funcionario defendió el proyecto como “una oferta que está diseñada en sintonía, en un marco de equidad con la propuesta que la República tiene vigente en el marco del decreto 58”. “Vamos a permitir que aquellos inversores que deseen cambiar sus tenencias por títulos en dólares, puedan optar por instrumentos en pesos, por títulos ajustables en CER”, continuó.
¿Qué títulos entran bajo esta ley? “Son títulos denominados en dólares y algunos también denominados en dólares, pero pagaderos en pesos. Hay un artículo que establece que para aquellos que no deseen participar en la oferta, vamos a diferir los pagos hasta el 31 de diciembre 2020”, detalló y agregó que “estamos planteando un informe final que nos comprometemos a presentar en 90 días una vez finalizada la operación”.
Por otra parte, Bastourre señaló que aquellos tenedores de títulos elegibles podrán optar según un menú de opciones. ¿Cuál es la familia de títulos elegibles? Suma en su totalidad 41.714 millones de dólares. “Van a notar que el monto que figura en el proyecto es 45.818 millones de dólares, y acá hay una pequeña salvedad -apuntó-. Es que la semana pasada condujimos una operación de administración de pasivos que nos permitió el canje de distintas letras y bonos y dos notas que fueron pesificadas, por 4.108 millones de dólares. Así que hicimos esta operación que reduce el monto total de la operación”.
A la hora de hablar de los intereses, el secretario explicó que “dependiendo de la fecha original de cada vencimiento, se va acumulando una cantidad de intereses que fueron diferidos. Lo que planteamos es el mismo tratamiento; reconocer esos intereses a partir de la emisión de un nuevo título, con vencimiento 2030, que se haría en ocho cuotas amortizables, con una tasa de interés del uno por ciento”.
Agregó que “independientemente de cuál es el título de entrada, el interés se va a reconocer en un único bono, lo que facilita la liquidez para el inversor”.
En su exposición, Bastourre hizo hincapié en los incentivos para atraer a los bonistas. Al detallarlos, indicó la determinación de un período de participación temprana, que va a estar ligada a un incentivo, que se alinea con los intereses devengados en cada capítulo.
“Aquel tenedor que participe de la oferta en un período de participación temprana, va a tener sus intereses devengados en su bono correspondiente hasta el 4 de septiembre; los que participen después, van a tener un reconocimiento de los intereses devengados, pero solo hasta el día 6 de abril. Entonces se establece una ventana de unos cuatro meses de mayor reconocimiento de intereses por parte del sector público como incentivo a aquellos que voten afirmativamente la propuesta”, dijo.
“¿Por qué 6 de abril?”, se preguntó, respondiendo: “Porque es esa fecha en la que se resolvió discontinuar los pagos de legislación local con el decreto 346”.
Respecto al pago de intereses, los primeros pagos se harían desde el 2021 y el primer pago se plantearía para septiembre; y en el caso de los instrumentos en pesos, habría un pago en mayo para incentivar esa excepcionalidad. Los pagos en capital, dependen de cuáles sean los instrumentos de salida, que comienzan a pagar capital en 2025.
Más adelante, el funcionario remarcó una particularidad de la reestructuración, que figura en el artículo tres. Allí “prevemos un mecanismo a través del cual se van a poder evitar litigios, pensamos, gente que por alguna razón no pudo ingresar, porque no se enteró, o porque estaba en una sucesión, o algo así, que tienen voluntad, pero que por distintas razones no alcanzan a ingresar. No van a tener el incentivo de los intereses, pero la autoridad de aplicación, el ministerio de Economía, va a tener la facultad de ir recibiendo esas ofertas, y en vistas de ese procedimiento van a poder acceder a esta oferta en algún punto futuro”, sostuvo.
“Esperamos que ese mecanismo de premios y castigos nos ayude a lidiar con los remanentes, ya que no existe la cláusula de acción colectiva, ese mecanismo no está vigente en este caso”, añadió.
Por otra parte, subrayó otra particularidad, la que tiene que ver con los derechos a los que acceden los que aceptan, derecho que tendrán los acreedores a mejoras hipotéticas futuras que pudiera hacer el Estado a futuro a los tenedores de la ley externa. “Si entre el 4 de septiembre y cinco años después, la República voluntariamente diera una mejora financiera a la propuesta, los que acepten esta propuesta van a tener derecho a esa mejora equivalente”, apuntó.
Sobre el final de su explicación, Bastourre detalló la composición de la deuda pública. Contó que “el universo del endeudamiento a diciembre de 2019 totalizaba 323 millones de dólares, en la actualización más reciente se compone con un 14 por ciento de la deuda del Fondo Monetario; casi 10 por ciento con otros organismos multilaterales y bilaterales; deuda bajo legislación extranjera, 21 por ciento, no es la porción más sustantiva; bajo ley local, 34 por ciento, no toda corresponde a este proyecto alcanzada, y después deuda en pesos, 22 por ciento de la deuda local”.
A la hora de la intervención de los senadores, el economista Martín Lousteau celebró la “autolimitación” que impone el proyecto, por cuanto -dijo- “esperábamos que el tenedor local iba a ser sometido a una ley diferencial y peor, así que nos parece que este proyecto de ley es positivo desde el punto de vista de la autolimitación para tratar al tenedor y al inversor local de la misma manera que va a tratar al inversor extranjero, porque en general ese no ha sido el caso en la Argentina, que ajusta al tenedor local porque tenemos más instrumentos jurídicos acá para imponerle otro tipo de tratamiento”.
“Con respecto al espíritu, estamos de acuerdo”, señaló Lousteau, que expresó una serie de dudas, entre ellas la redacción de la cláusula Rufo, que sugirió hacer más clara. En ese sentido recomendó redactarla poniendo “desde la sanción de la presente”, ya que no está clara todavía la fecha de invitación al canje. Bastourre se mostró abierto a introducir una modificación, “a los efectos de redactarla de alguna mejor manera. Podríamos trabajar en una redacción alternativa”, admitió.