El Gobierno convocará en la última semana de abril al Consejo del Salario Mínimo para definir un nuevo piso de ingresos para trabajadores formales, en la actualidad de 21.600 pesos, con impacto de igual porcentaje en el valor de los planes sociales.

Lo más novedoso es que por primera vez la discusión entre empresarios y sindicalistas se concretará un semestre después del último acuerdo y no al cabo de los doce meses de vigencia habitual. La variable cronológica será clave también en el debate de este mes y podrá allanarle el camino a la administración de Alberto Fernández para convalidar la pauta del 32 por ciento de aumento que promocionó para la ronda de paritarias.

La segunda reunión del consejo en lo que va de la gestión del Frente de Todos se llevará a cabo con la premisa que fijó el Ejecutivo para el acuerdo de precios y salarios: los ingresos de los trabajadores este año deberán negociarse bajo la garantía de ganarle a la inflación a partir del 29 por ciento pautado en el Presupuesto 2021. Así quedó plasmado en los primeros acuerdos paritarios tras esa determinación como los de la Asociación Bancaria (29 por ciento con dos revisiones), encargados de edificios, Luz y Fuerza y trabajadores del gas (todos en la línea del 32 por ciento) y docentes (34,6 por ciento).

En la convocatoria del año pasado volvió a alterarse la fecha de arranque que históricamente había tenido el ámbito de debate. En los últimos años había dejado de habilitarse a mitad de año para correrse a los meses siguientes y en 2020 se desarrolló el 14 de octubre. En esa oportunidad, con 31 votos favorables y sólo uno en contra, se alcanzó consenso para una suba del salario mínimo, vital y móvil, de 28 por ciento en tres tramos: 12 por ciento en octubre, 10 por ciento en diciembre y el seis por ciento restante, en marzo. Aunque no quedó plasmado en el acta, hubo un acuerdo tácito para que este mes se diera la renegociación a la luz de la evolución de la inflación.

En el ministerio de Trabajo hay más certezas respecto del arranque de las deliberaciones que sobre los parámetros. De hecho, una de las posibilidades es que la nueva discusión abarque apenas el trimestre de abril a junio, que en teoría forma parte de la negociación del año pasado y que no completó 12 meses de vigencia. No obstante, cerca del jefe de esa cartera, Claudio Moroni, confirmaron que cualquier aumento a convalidar deberá cumplir con la garantía de quedar por encima de la suba del costo de vida durante el período de vigencia. En ese aspecto se mostraron flexibles con relación a la modalidad a ser resuelta la suba de este año.

Una de las alternativas que ya evalúa Héctor Daer en la CGT, por caso, es convalidar con el salario mínimo el 32 por ciento orientativo que impulsa el Ejecutivo, aunque con la condición de un plazo menor a un año. De ese modo, explicaron los dirigentes, el resultado de la negociación no exhibiría un valor muy diferente al de las paritarias cerradas hasta ahora y tendría como ventaja la flexibilidad en el manejo de los plazos de vigencia para reabrir las negociaciones. Se prevé que la principal central obrera llevará una propuesta de aumento más cercana al 40 por ciento contemplativa de la pauta del 32 por ciento más el valor diferencial entre el acuerdo del año pasado y la inflación acumulada en 2020, que fue 36,1 por ciento.

El Consejo del Salario reunirá al Gobierno con la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma (la única que el año pasado votó en contra) y empresarios de la industria (UIA), el comercio, el agro, los bancos y la Bolsa. Aunque el alcance inmediato del resultado es limitado a unos 300 mil trabajadores bajo relación de dependencia que no están regidos por convenios colectivos sino en forma directa por la ley de Contrato de Trabajo, la suba pactada también incide de manera directa sobre el valor de los planes sociales, que de momento está fijado en la mitad del sueldo mínimo.

El año pasado el Ejecutivo temía por la incidencia del salario mínimo dado que también era la referencia ineludible para el programa Asignación de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP), que desde 2021 quedó discontinuado y reemplazado por un refuerzo de los Repro que administra el ministerio de Trabajo.