Esta tarde finaliza el tiempo para que los tenedores de deuda ingresen al canje. Pero hasta el ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció lo difícil de la negociación. La opción más factible es que se postergue el plazo.

Llegó el día. Viernes 8 de mayo. Fecha que el Gobierno fijó como deadline para que los acreedores acepten la oferta de reestructuración de la deuda emitida bajo ley extranjera, que asciende a 66.500 millones de dólares. Y si bien el ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó que no se extendería, al mismo tiempo esta semana habilitó a una modificación de la oferta, en la medida en que los bonistas presenten una alternativa “razonable”.

Diversas fuentes allegadas al Gobierno aseguran que el canje fue un fracaso y que el nivel de adhesión no llegó ni al 10 por ciento. Con este escenario, nadie duda de que Guzmán anunciará una extensión del plazo, en principio, hasta el 20 de este mes, justo antes de la fecha en la que la Argentina debe pagar 503 millones de intereses de los bonos globales para evitar caer en default. El 22 de mayo vencen los 30 días del período de gracia y ya no hay más posibilidades de negociar con los acreedores. O sí. Algunos analistas sostienen que no sería tan grave dejar de pagar el vencimiento del 22, siempre y cuando haya una buena negocación en curso.

¿Cuáles son los caminos que se abren entonces a partir de mañana?

-Si el Gobierno consiguiera un nivel de adhesión de 60 por ciento o más, podría declararlo exitoso, aunque con la certeza de que tendrá que lidiar, como ya ocurrió varias veces en la Argentina, con litigios en el exterior. Esta alternativa es casi improbable, coinciden los analistas, ya que los inversores institucionales -los mayores tenedores de los títulos argentinos- han manifestado en reiteradas oportunidades su rechazo a la oferta argentina.

De los 21 bonos que el Gobierno pretende reestructurar, algunos fueron emitidos en el canje de 2005 y otros corresponden a la era Macri, ya que datan del 2016. Los primeros, como provienen ya de una renegociación, tienen cláusulas de acción colectiva (CACs) más exigentes. Para lograr que todos ingresen a la operación, debe lograr la aceptación del 85 por ciento del total y, cómo mínimo, un 66,6 por ciento de cada bono; o tiene la alternativa de alcanzar el 75 por ciento de cada título, pero si entra en la “reasignación”. En el caso de los bonos emitidos en 2016, la cláusula establece un 66,6 por ciento del total y un 50 por ciento de cada uno.

La cláusula de “reasignación” dice que luego de computar todos los bonos que ingresaron en el canje, el Gobierno puede excluir las series que le impidan sumar las CACs originales.

-Si el nivel de aceptación es muy bajo, como parece que será, el Gobierno tiene dos opciones: cerrarlo con los bonistas que entraron y luego analizar si lanza un nuevo canje con una nueva oferta (aunque en este caso, debería, por la cláusula Rufo, mejorarle las condiciones a los que hayan ingresado ahora); o extender el plazo y seguir negociando con los acreedores.

Si se cerrara el canje hoy, el Gobierno estará obligado a informar cuál fue el resultado del canje antes del lunes a las 5 PM hora de los Estados Unidos. Deberá comunicar qué bonos se canjearon, cuáles quedaron afuera y qué harán con esos títulos que no ingresaron.

“En ese caso, los que no han sido reestructurados se convertirán en holdouts. Si el gobierno decide que hay pocos bonos para reestructurar, puede declarar el canje desierto y luego reabrirlo. El problema es que el 22 tiene que pagar 503 millones de dólares para no caer en default”, enfatizó el analista Sebastián Maril, quien agregó: “Mi opinión es que, si no se cierra el canje antes de esa fecha, caemos en default y esos intereses no los pagan. Pero si hay extensión de fechas, el gobierno puede pagar ese dinero como señal de buena fe y seguir negociando”.

Pero el problema con que se enfrentará Guzmán, aseguran varios analistas, es que deberá tener una idea clara de cuál sería una propuesta atractiva para los acreedores, si no quiere chocar otra vez con la misma piedra.

“Si no hubiera una aceptación importante de la oferta, el Gobierno tendrá el desafío de modificarla, y tendría sentido firmar un standstill como hizo Ecuador, ya que va a ser difícil cerrar una negociación rápidamente”, afirmó a Infobae el economista Miguel Kiguel. Se trata de un acuerdo con los bonistas por medio del cual se extienden los pagos de intereses sin que ello implique una situación de default.

De acuerdo con varios analistas consultados, la oferta debería tener una mejora notoria para lograr una aceptación razonable. El punto más crítico que marcaron los acreedores es el período de gracia de tres años en los cuales el Gobierno no pagará ni capital ni intereses, y el promedio del cupón, que asciende a 2,33 por ciento. “Si tiene que hacer una nueva oferta, tendrá que pensar en cómo hacerla más atractiva y balancear el esfuerzo que se le pide a los bonistas, que en muchísimos casos entraron de buena fue, con el esfuerzo que tendrá que hacer el Estado. No pagar intereses por tres años suena mucho”, agregó Kiguel.

Por su parte, Guillermo Mondino, ex economista jefe de mercados emergentes del Citi, aseguró que “sin participacion de inversores institucionales, sería muy dificil lograr utilizar las CACs. Quizas en algún bono podrían llegar, pero con la baja participación que uno infiere dado el rechazo de los grupos de tenedores de bonos, parece muy poco probable que eso ocurra para varios bonos”.

“De allí que la decisión parecería que se restringe a declarar desierto el canje, hacer un canje parcial (con sus pros y contras) y seguir negociando, o defaultear”, remarcó el analista.

Mondino agregó que “lo lógico sería no cerrarse las puertas a esta altura y trabajar en pos de lograr evitar un default, que sería muy oneroso, sobre todo a la hora de recuperar la economía post-epidemia. Espero que todos muestren algo de flexibilidad”.