El Gobierno buscará aprobar este viernes en el Senado el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa orientada a incentivar la declaración de activos no registrados y a modificar los criterios a partir de los cuales se penaliza la evasión impositiva. La propuesta eleva los montos mínimos para que una infracción pase del plano administrativo al penal y contempla cambios en el régimen de multas, según precisaron funcionarios del área económica.

Nuevos pisos para considerar evasión

De acuerdo al detalle del proyecto, se considerará evasión impositiva cuando la transgresión a una obligación tributaria supere los 100 millones de pesos. En el caso de la evasión agravada, el monto mínimo se incrementa de manera sustancial: pasará de 15 millones de pesos a 1.000 millones de pesos.

Cuando intervengan estructuras legales, personas jurídicas o jurisdicciones que dificulten la identificación del responsable, el umbral se eleva de 2 millones de pesos a 200 millones de pesos. Si se utilizan facturas o documentación falsa, el piso para configurar evasión agravada se incrementa de 1,5 millones de pesos a 100 millones de pesos.

Las sanciones y los controles estarán a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, organismo que reemplazó a la AFIP y concentra las funciones de recaudación y fiscalización.

Multas automáticas y advertencia previa

Otro de los puntos centrales del proyecto es el tratamiento de las multas automáticas. El ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que, en caso de aprobarse la ley, no se aplicarán sanciones inmediatas ante la falta de presentación de declaraciones juradas.

Según explicó, el procedimiento prevé una notificación previa por parte del organismo recaudador y un plazo de entre 10 y 15 días para regularizar la situación antes de avanzar con penalidades. Además, se buscará distinguir entre incumplimientos reiterados y situaciones ocasionales, con el objetivo de evitar sanciones inflexibles.

Especialistas estimaron que, con la actualización prevista, la penalidad para personas humanas pasaría de 200 pesos a 220.000 pesos, mientras que para personas jurídicas se incrementaría de 400 pesos a 440.000 pesos.

Debate político y diferenciación por tamaño de empresa

Durante el debate legislativo, sectores de la oposición plantearon la necesidad de graduar las multas en función del tamaño de la empresa. Desde el peronismo se respaldó la actualización de sanciones para grandes contribuyentes y multinacionales, pero se reclamó un esquema diferenciado para micro, pequeñas y medianas empresas.

En ese marco, se propuso una reducción del 90 por ciento de las multas para microempresas y personas humanas que no sean grandes contribuyentes; del 70 por ciento para pequeñas empresas; del 40 por ciento para medianas tramo uno; y del 20 por ciento para medianas tramo dos.

El proyecto de Inocencia Fiscal ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y forma parte del paquete de reformas tributarias impulsado por el Ejecutivo. Su tratamiento en el Senado será clave para definir el nuevo marco de penalidades y controles en materia impositiva.