Mientras sigue sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno nacional dispuso que los aranceles del sistema de prestaciones básicas de atención integral aumenten 2,6 por ciento, a la par de la inflación de abril, por lo que sigue el atraso en el nomenclador. “Con este aumento no llega ni a la cuarta parte de lo que tendría que estar un prestador. Si vamos a hablar de terapias como psicología, psicopedagogía están con un arancel de 19 mil pesos que queda muy por debajo de la canasta básica. Esto genera que muchos prestadores estén decidiendo no trabajar con personas con discapacidad y atender en forma privada”, dijo a AIM la presidenta de la Asociación Civil de Autismo, Asperger y Neurodiversidad (NeuroCea), Amarú Méndez.

“Esto genera una angustia muy grande en las familias que están quedándose sin prestadores, sobre todo de acompañantes terapéuticos y las maestras de apoyo, que es donde hay más necesidad. Hay obras sociales que están pagando la hora 8 o 9 mil pesos, muy por debajo de lo que dice el nomenclador”, señaló Méndez a esta Agencia.

“Además, con la demora en los pagos de las obras sociales, se genera el tira y afloje con las familias, porque los prestadores también viven de su trabajo y al esperar 90 días para poder cobrar se genera una pelota de deuda por lo que muchas veces las familias tienen que sacar de sus bolsillos para poder al menos adelantarle algo a los profesionales”.

Méndez remarcó: “Esto ya no puede ser. Es insostenible. Las familias no pueden solventar más estos gastos y los prestadores no pueden sostener sus trabajos porque no les pagan”.

En el caso de Oser, explicó: “No está pagando en término, la gente tiene que presentar recursos de amparo que, más allá de que se ganan, no se llega a un acuerdo porque no tienen el dinero para pagarlo”.

“Esto es una bajada que viene desde Nación, tenemos un ajuste terrible. En la Emergencia en Discapacidad no se logra ningún avance, estamos retrocediendo en derechos adquiridos. En Córdoba van a sacar el transporte para personas con discapacidad, el ajuste lo siguen haciendo con un sector muy vulnerable y queremos que esto se solucione de una vez por todas porque no se puede más”.

Méndez enfatizó: “Le pedimos al gobernador, a los legisladores, que son los que tienen en poder en el Congreso de la Nación para ser la voz del pueblo, que realmente se pongan a pensar en las situaciones gravísimas que están pasando un montón de familias y de personas con discapacidad, porque la medicación no llega, las terapias se pagan a 90 días y hay un número muy grande de personas que están quedando sin sus terapias. Atenderse por lo público es imposible por la demanda que hay”.

“Seguimos trabajando las asociaciones, las familias de personas con discapacidad, en pos de que esto se solucione y que haya avances prontamente”, concluyó Méndez.