El Gobierno convalidó este jueves un aumento del sueldo mínimo de 34 por ciento para el próximo trimestre, de los actuales 87.987 pesos a $118 mil en septiembre, que tendrá como principal efecto de arrastre una suba proporcional del valor de los planes sociales y de las jubilaciones mínimas que perciben 1,2 millón de personas.
Lo concretó en el Consejo del Salario con el voto mayoritario de 30 de sus miembros, entre ellos la CGT y la totalidad de la representación de las cámaras patronales, la abstención de la CTA de los Trabajadores y la única negativa por parte de la CTA Autónoma. La discusión estuvo casi en su totalidad impregnada de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional en su negociación con el ministro y candidato Sergio Massa por el impacto de la medida en el gasto público.
La suba acordada tendrá un primer tramo de 20 por ciento en julio, cuando el piso salarial trepará a 105.500 pesos, otro en agosto, de 8 por ciento (a 112.500 pesos) y el último en septiembre, de 6 por ciento, cuando llegará a $118.000 con una nueva revisión pautada para ese mes. Una clave del tironeo entre gremios y empresarios fue que la suba pactada tendrá como base el número vigente desde junio y no el del último acuerdo, firmado en abril pasado. Es decir que fue acumulativo el incremento.
Las objeciones fueron de ambas CTA, que reclamaban aumentos superiores, de entre el 50 y el 60 por ciento con el argumento de que sólo así el sueldo mínimo recuperaría el poder adquisitivo que perdió durante el gobierno de Alberto Fernández. Otro dato, casi folclórico del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, fue que el camionero Pablo Moyano, cotitular de la CGT, se desconectó de la reunión virtual a la hora de la votación para no ser asociado con un ajuste que consideraba escaso. En esta oportunidad no protagonizó cruces como en la discusión pasada con el abogado a cargo de la UI A, Daniel Funes de Rioja.
Como reveló este diario la negociación por fuera de la mesa la llevaron adelante Massa, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y Héctor Daer, otro cotitular de la CGT, para alinear la expectativa en torno de la reunión con la conversación con el FMI. Es que el salario mínimo dejó de ser una referencia concreta para el sector privado, que discute acuerdos salariales por encima de ese valor y pasó a serlo estrictamente para medir el valor de los planes sociales (el Potenciar Trabajo equivale a la mitad del piso de ingresos, pero también incide en becas públicas y el seguro por desempleo) y de las jubilaciones mínimas, que deben respetar la distancia del 82 por ciento respecto del número resuelto ayer.
Con el acuerdo de este jueves el sueldo mínimo habrá subido en lo que va entre marzo y septiembre casi 70 por ciento, en teoría por encima de la inflación esperada para el próximo trimestre si se la suma con los tres meses anteriores. Uno de los reclamos de ayer de las cámaras empresarias era que el valor se ajustara contra el de marzo (es decir, que no fuese acumulativo el segundo tramo del año con el primero) para que el porcentaje se redujera en seis puntos y aminorara, siempre según el planteo patronal, los reclamos de las paritarias pendientes. El debate de ayer será el último antes de las elecciones primarias.
De ahí que el resultado debía respetar el delicado equilibrio entre los pedidos de las centrales obreras (más políticos que económicos), las expectativas de las organizaciones sociales impactadas por el valor de los planes, las urgencias de jubilados y pensionados que perciben los haberes mínimos (casi $71.000 desde junio) y las exigencias del Fondo.