La organización denunció que las fuerzas de seguridad chilena buscan desincentivar las protestas lesionando adrede a los manifestantes e incluso apelando a la tortura y la violencia sexual.[{adj:63880 alignright}]
Amnistía Internacional presentó en Chile los resultados de su informe sobre las violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de ese país, en el marco de la represión a la protesta social que comenzó tras el aumento del metro de Santiago.
Según pudo constatar la organización, tanto el Ejército como Carabineros cometieron y cometen ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta.
Y apuntó: "el máximo responsable en la cadena de mando es el Presidente de Chile, Sebastián Piñera".
Según la misión de investigación de Amnistía Internacional en Chile hay evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por expertos.
"La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes", denunció Amnistía.
"En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, advirtió Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La decisión del presidente Piñera de involucrar al Ejército en tareas de seguridad interior tras imponer el estado de emergencia tuvo consecuencias catastróficas. Tanto el mando que decidió utilizar al Ejército para el control de manifestaciones con uso de armamento letal, como aquellos oficiales que dispararon contra las personas que se manifestaban, deben ser investigados y, de hallarse pruebas suficientes en su contra, juzgados por un tribunal independiente e imparcial.
"El gobierno de Sebastián Piñera tuvo una reacción negativa e insuficiente ante el informe y los hechos que allí se documentaron. La decisión fue mirar hacia otro lado en lugar de reconocer lo que con claridad se ha registrado en nuestra misión y con los especialistas que analizaron el material. Esa actitud es una pésima señal para la región”, explicó Mariela Belski, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al menos cinco personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2.300 resultaron heridas, de las cuales más de 1,400 presentan heridas por arma de fuego y 220 con trauma ocular severo. Además, la Fiscalía registró más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos.
Amnistía Internacional advirtió además que "las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros. El grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión".