La acusación había sido aprobada el 9 de noviembre en la Cámara de Diputados de Chile pero los votos necesarios para avanzar con la moción no se consiguieron en el Senado.

El Senado chileno rechazó ayer a la noche la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, presidente del país vecino, por su participación en la venta de una minera en un paraíso fiscal, en una trama que fue develada después de la publicación de los Pandora Papers.

La semana pasada, la Cámara de Diputados había confirmado la apertura de un juicio político para destituir al primer mandatario. Sin embargo, la votación en la Cámara alta terminó con 24 a favor del juicio político, 18 de rechazo y una abstención.

A sabiendas de que le sería imposible conseguir los votos de cinco legisladores oficialistas para llegar a los 29 necesarios para el impeachment, el bloque opositor se concentró durante la jornada en enfatizar el hecho de que la Cámara baja sí optó por cursar la acusación constitucional y en destacar las faltas en las que, a su juicio, incurrió el jefe de Estado.

Las bancadas de oposición en Chile acordaron a principios de octubre presentar una acusación constitucional contra Piñera, luego de revelarse un acuerdo de compraventa por la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, donde la familia del mandatario vendió su parte del proyecto a otro empresario chileno.

Anteriormente, Piñera ya había negado cualquier tipo de irregularidad en la compraventa del proyecto minero Dominga.

“No cabe duda de que la adquisición y venta de las acciones de las acciones del proyecto Dominga implica que estamos frente a una operación jurídico tributaria cuyo fin y objeto fue evitar el pago de impuestos”, dijo Yeomans, diputada de Convergencia Social, mientras el socialista Soto apeló al carácter “histórico” de la sesión.

“Creemos que es un día donde todos deberán elegir de qué lado están y ese es el debate que se presenta en el Senado. De qué lado están, del lado de los que aceptan la corrupción como un fenómeno natural o de los que están dispuestos a actuar decididamente contra ella”, añadió Soto, representante del bloque opositor que intensificó hasta último minuto las negociaciones para conseguir los cinco votos oficialistas que se necesitaban.

Durante el turno de la defensa del mandatario, el abogado Jorge Gálvez, intervino por 60 minutos y negó cada una de las denuncias contra Piñera.

“Al presidente no solo lo ampara la presunción de inocencia, sino que goza de una inocencia jurídicamente establecida, se requieren pruebas de culpabilidad, no como se ha dicho acá. Una investigación del Ministerio Público indica que los hechos que se le imputan no son efectivos. Destituir al presidente de la República es ir en contra de la voluntad democrática que lo eligió en las urnas”, señaló el abogado.

En 2019 la Cámara de Diputados y Diputadas ya había intentado impulsar una acusación constitucional contra Piñera por "las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado” durante el estallido social, pero la medida no prosperó al no reunir los votos necesarios.