La delegación del organismo que conduce Kristalina Georgieva estará dos semanas en el país y, aunque Economía quiere apurar la firma de un nuevo programa, en Washington hay cautela por los tiempos; las pruebas de austeridad que mostrará el ministro Guzmán.

El Gobierno quiere prorrogar el pago del capital de 44.000 millones de dólares que vence entre 2021 y 2023, otorgados desde 2018; anoche, el ministro Martín Guzmán reiteró que pretende lograr un acuerdo de facilidades extendidas, con más plazo de repago (hasta 10 años) que un stand by como el que firmó el gobierno de Mauricio Macri en 2018, a cambio de incluir exigencias más estructurales, como podrían ser reformas a las jubilaciones (con un aumento de la edad de retiro) o a las leyes laborales, de mediano plazo.

A diferencia de su breve visita “exploratoria” de octubre, de pocos días y sin acompañantes, esta vez estarán dos semanas y con varios funcionarios, para reunirse con el ministro Guzmán, los principales organismos del estado, representantes de la oposición y del sector privado. En aquel momento, se reunieron con la CGT y con los economistas Daniel Marx, Carlos Melconian y Martín Redrado. Tras ese viaje, señaló que el país enfrentaba desafíos dramáticos y necesitaba políticas para restablecer la confianza.

Aunque el Gobierno quiere que el acuerdo se firme entre fines de este año y principios de 2021, en Washington hay mucha cautela en cuanto a los tiempos de la negociación.

En principio, el Gobierno mostrará como carta la baja del dólar paralelo de las últimas semanas y la aprobación del presupuesto 2021 prevista para este jueves. Y aunque en este proyecto se estima que el déficit fiscal será del 4,5 por ciento del PBI, en Economía prometen que la cifra se ubicará por debajo del 4 por ciento, como señal de austeridad fiscal.

También, como señal de consenso político, se enviará un proyecto para que el acuerdo con el Fondo y la emisión de deuda bajo ley extranjera necesite la aprobación del Congreso, pese a que la Constitución ya incluye esta exigencia.

Las medidas de austeridad fiscal el Gobierno se han focalizado en el recorte del ajuste de las jubilaciones –ya que el ministro afirmó que no quiere que la nueva fórmula incluya a la inflación y así lo plasmó en el proyecto que dio a conocer anoche, dando marcha atrás con la reforma del gobierno de Macri- y en el descongelamiento de algunos precios, como las tarifas de los servicios públicos y la medicina prepaga. Además, el ministerio de Desarrollo Productivo anunció que comenzará a suavizar el programa de Precios Máximos, que se prorrogó hasta fines de enero próximo.

Todavía no se observa una señal contundente en términos de una aceleración de la devaluación en el mercado cambiario oficial, como pretendería el organismo internacional, debido a la alta brecha que persiste con los mercados alternativos.

En el plano monetario, Economía anunció que ya no utilizará este año los adelantos transitorios del Banco Central, pero nada dijo sobre las utilidades contables de la entidad que preside Miguel Pesce, por unos 400.000 millones de pesos.

Los expertos y ex negociadores con el Fondo afirman que la negociación no será sencilla, porque el staff quiere ver un plan explícito que muestre un sendero de descenso del déficit fiscal, que este año terminaría en un 7% del PBI.

A su vez, el staff está convencido de que el país sufre un exceso de emisión monetaria, que fue necesaria durante los meses más agudos de la pandemia, pero que debe empezar a desandarse para estabilizar la situación financiera y cambiaria.

El Fondo no quiere que se atrase el tipo de cambio, porque considera que el crecimiento de las exportaciones es el único camino que tiene la Argentina para atraer divisas genuinas que motoricen el crecimiento en general y recompongan las menguadas reservas del Banco Central en particular.

En este sentido, los expertos creen que, aunque no promueva un desdoblamiento formal del mercado cambiario, lo aceptaría si se realizara en forma transitoria y bajo determinadas condiciones que no deriven en un desorden inflacionario difícil de manejar para el Gobierno.

La negociación política

Una vez que la misión regrese a Estados Unidos, comenzará el intercambio con la directora gerente, Kristalina Georgieva, y con el directorio en el que están representados los países.

Pero aún si se cumplieran los plazos del acuerdo técnico que pretende el Gobierno, la negociación con Estados Unidos no será sencilla, ya que se trata de conversar con una administración que, a regañadientes, está dejando la Casa Blanca. Por lo tanto, habrá que esperar un tiempo más hasta ver qué agenda o condiciones podría plantear el gobierno demócrata de Joseph Biden desde fines de enero próximo.

En cualquier caso, los expertos creen que no habrá demasiados cambios en esta materia, ya que la postura del Tesoro en el Fondo tiene un carácter bipartidiario, aunque con matices; lo que exigieron los republicanos en el pasado seguramente también lo pedirán los demócratas, aunque sea con mejores modales, más allá de quién reemplace a Steven Mnuchin desde enero próximo.

En este sentido la idea de algunos funcionarios importantes del Gobierno de que el Fondo se puede sentir “responsable” por haberle dado 44 mil millones de dólares a la gestión de Macri y que por lo tanto será más condescendiente no parece ser más que una fantasía.