El régimen cubano es, en bases regulares, objeto de condena por su uso y abuso del sistema penal, particularmente en lo que concierne a la persecución de disidentes políticos. Pero un reporte de la ONG Cuban Prisoners Defenders, publicado el lunes, provee una detallada radiografía de su alcance y arbitrariedad, así como la voluntad de esconder sus acciones a la comunidad internacional.

La cantidad de presos per cápita más alta del mundo; un índice de condenas mayor al 90 por ciento; el uso de las excarcelaciones de presos “no políticos” como herramienta de control presupuestario y social; y el concepto de “encarcelamiento preventivo” como excusa para la persecución de disidentes son los conceptos más salientes del documento, presentado en España por el titular de la ONG, Javier Larrondo.

En diálogo con el medio español ABC, Larrondo dijo que el informe fue elaborado en base a documentación interna del régimen -la Dirección General de Prisiones de Cuba, en concreto- a la que pudo acceder la ONG. “Está contrastada e indubitada”, expresó.

Alrededor de 40.000 personas reciben acusaciones en sede penal cada año en Cuba. De ellos, el 93 por ciento es declarado culpable, lo que totaliza una cifra que oscila entre las 32.000 y 37.000 personas, indica el informe. Un 69 por ciento -es decir, entre 22.000 y 25.500 personas- recibe sanciones privativas de libertad, las que se dividen en tiempo de prisión y “trabajos correccionales” en establecimiento penitenciario.

Según el reporte, la cantidad de convictos y condenados anuales en Cuba llega a más de 127.000 personas: 90.000 de ellas están en prisión y el resto en “situaciones de control judicial y policial”. “Por tanto, Cuba sería el primer país en personas privadas de libertad del mundo si el ranking del Institute for Crime and Justice Policy Research (ICJPR), en vez de contemplar un dato falso suministrado por el Granma (el medio estatal cubano) de forma informal en 2012, tuviera en cuenta el dato real”.

El párrafo hace referencia al hecho que, en ese año, la publicación citó cifras estatales que aseguraron que la población carcelaria era de aproximadamente 57.000 personas. La cifra, que la ubicó en el sexto lugar del ranking, es la última que continúa vigente en el sitio web del instituto mencionado. No obstante, de considerar la del reporte, Cuba contaría con 794 presos por cada 100.000 habitantes, en contraste con los 510 que actualmente figuran en el ICJPR.

El documento indica a su vez que de las 90.000 personas en prisión, “38.000 carecen de antecedentes, o estos han sido cancelados previamente”. “Es decir, hay un grupo imponente de personas que como primera sanción penal están siendo privados de libertad, algo de rigurosidad extrema y realmente inusual en la mayoría de los sistemas penales”, explica el documento.

No obstante, otra categoría es la que sobresale por sobre el resto. Es la de los presos por “conducta antisocial”. Son presos que no han cometido delitos, pero el régimen asegura que su “comportamiento contrario a la moral socialista” los hace potenciales criminales y les imputa penas que oscilan entre 1 y 4 años de prisión.

El índice de condenas es aún más alto en estos casos: el 99,5 por ciento son declarados culpables de mala conducta. “Si tenemos en cuenta que a nivel nacional se tratan 3.833 casos de ‘antisociales’ nuevos anuales, cada años hay 3.814 condenados. De estos, son internados el 76.8 por ciento, es decir 2.929 y 885 sufren medidas de cumplimiento alternativo (trabajos comunitarios y vigilancia policial)”, especifica el informe. En total, determinó, hay alrededor de 11.000 personas condenadas y privadas de libertad “por conducta antisocial, sin necesidad de haber cometido un delito”.

Sin embargo, el régimen no cuenta con fondos suficientes para afrontar los gastos de tamaño sistema carcelario. Por lo tanto, el documento indica, existe una voluntad política explícita de excarcelar crecientemente a reclusos.

Alrededor de 21.600 reclusos comunes obtienen cada año beneficios de excarcelación anticipada y, de esta manera, “Cuba mantiene una política de rigor penal al tiempo que drena las cárceles de reclusos”. “Este doble juego sirve al propósito del Ministerio del Interior de mantener el orden mediante el rigor penal al tiempo que no se aumentan en exceso los gastos que esto conlleva”, explica el informe.

No obstante, la política no aplica a los presos políticos. El propio Código Penal cubano impide que tanto ellos como sus familiares soliciten su excarcelación anticipada. Solo puede hacerlo la dirección de establecimientos penitenciarios a la orden del Ministerio del Interior. En consecuencia, “el porcentaje de presos políticos sobre el total aumenta cada año que se hacen políticas de liberación y drenaje carcelario de presos”.

Quizás el preso político de perfil más alto en la actualidad sea José Daniel Ferrer, quien ya lleva detenido más de 100 días. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos indicó que Ferrer “fue detenido arbitrariamente sin previa orden de un tribunal competente e independiente que garantizara un proceso justo e imparcial”, por lo que “se violó el debido proceso”.

Los motivos de esta detención no se revelaron hasta el pasado 20 de noviembre, cuando el diario oficial Granma informó de que Ferrer fue arrestado “en respuesta a la denuncia presentada por un ciudadano cubano” que le acusa a él y a otros tres hombres “de haberlo secuestrado durante toda una noche y propinado una severa golpiza”.

Ferrer ha sido detenido más de cien veces, aunque sin que se le presenten cargos fehacientes. Considerando que actualmente se encuentra privado de su libertad, organizaciones de Derechos Humanos -Cuban Prisoners Defenders entre ellas- continúan exigiendo su liberación.