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El cultivo de palma en Colombia genera tensiones

La Subsecretaria de Pesca estableció que todo buque arrastrero deberá identificar los aparejos de pesca para contar con datos fehacientes de estos elementos abandonados, perdidos o descartados, a través de la disposición 4/2023 de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera publicada ayer en el Boletín Oficial.

La misma apunta a «fomentar medidas que reduzcan el impacto medio ambiental de la actividad», destacó la Dirección a través de un comunicado en el que remarcó que con esta decisión «Argentina es el primer país en regular el marcado de las artes de pesca de arrastre».

Allí destacó que «si bien la actividad pesquera no constituye una de las principales fuentes de contaminación por plásticos hacia los océanos, su uso directo en el ecosistema acuático afecta al medio ambiente y exige una acción al respecto».

«Es así que desde 2022 la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera convocó a mesas de diálogo con distintos actores del sector para poder desarrollar la presente medida de administración», indicó el comunicado.

A partir de esto se elaboró un sistema de marcado de aparejos de pesca, adaptado a la situación particular que presenta cada uno que utiliza la flota nacional, los materiales que los componen, su vida útil, y la dinámica de fabricación de las artes con sus correspondientes actores, como son los fabricantes, proveedores, rederos, armadores, capitanes, y recicladores, entre otros.

El Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Dr. Carlos Liberman declaró “La Ley 24.922 que establece el Régimen Federal de Pesca, recepta esta problemática estableciendo lineamientos claros para que el ejercicio de la actividad se desarrolle de forma responsable propendiendo a la preservación del ambiente”.

Asimismo, Liberman indicó que resulta oportuno mencionar que, la precitada Ley ha creado el Consejo Federal Pesquero, órgano colegiado que, entre otras cosas, establece la política pesquera Nacional y se encuentra conformado por la representación de un Consejero por cada una de las provincias con litoral marítimo, dos representantes del Poder Ejecutivo Nacional, un representante de la Cancillería y un representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

“El impacto de la actividad pesquera en la contaminación de plásticos en nuestro mar es una situación que, junto al Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Dr. Julián Suárez, venimos trabajando en conjunto con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Argentina, Sr. Juan Cabandie”.

En tanto, Liberman añadió que trabajar de forma mancomunada con todos los actores que componen la cadena de valor pesquera (cámaras empresarias, sindicatos, gremios, entidades académicas y científicas, etc.) es clave para generar conciencia del impacto negativo de los plásticos en la Biodiversidad Marina.

“Invitamos a las Provincias de Buenos Aires, Rio Negro, Santa Cruz, Tierra Del Fuego, Antártida e Islas Del Atlántico Sur y de Chubut, a adoptar medidas de características similares a las establecidas en la presente norma, que es de alcance Nacional, para ser implementadas con los buques que operen en su jurisdicción con aparejos de pesca que utilicen redes de arrastre”, finalizó.

Fuente: El Chubut


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SE REDUCE LA DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONÍA BRASILEÑA EN ABRIL
Buenos Aires, 16 de mayo (AIM) La Amazonía brasileña perdió en abril 329 kilómetros de cobertura vegetal, un área en un 67,9 por ciento inferior a la del mismo mes de 2022 (1.026 kilómetros cuadrados) y la menor para el mes en los últimos tres años, informó este viernes el Gobierno.
El área desforestada en la parte brasileña de la mayor selva tropical del mundo en los cuatro primeros meses del año fue de 1.173 kilómetros cuadrados, con una reducción del 40,4 por ciento con respecto al del mismo período del año pasado (1.968 kilómetros cuadrados), según los datos del Instituto Brasileño de Estudios Espaciales (Inpe).
Pese a que los datos del sistema de alertas de deforestación de la Amazonía muestran una reducción en el área destruida, la devastación en el año fiscal, que va de agosto de 2022 hasta julio de 2023, indican una deforestación acumulada de 5.977 kilómetros cuadrados hasta abril, la mayor para el período en nueve años.
“Los datos de este año no indican que la deforestación sea menor. Por el contrario, las áreas de alerta acumuladas en el año fiscal, por lo menos hasta abril, son las mayores desde que la devastación comenzó a ser medida en 2015”, alertó el portavoz de Greenpeace para la Amazonía, Rômulo Batista.
De acuerdo con esta organización ecologista, la efectiva disminución de la deforestación va a depender de lo que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió el cargo en enero, pueda hacer hasta julio en defensa del considerado mayor pulmón del planeta.
Greenpeace reconoció que la reducción de la deforestación en los primeros meses de este año puede ser atribuida a algunas iniciativas ya adoptadas por el Gobierno del líder progresista, como el aumento de la fiscalización, la reestructuración de los órganos de defensa ambiental y las campañas de combate a la minería y la tala ilegal.
La Amazonía brasileña perdió el año pasado un récord de 10.278 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal.
Su deforestación saltó casi un 60 por ciento en los cuatro años del Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) frente al cuatrienio anterior por la falta de controles y el debilitamiento de los órganos ambientales, según las organizaciones ecologistas.
El avance de la devastación en los últimos cuatro años también fue atribuido al discurso antiambientalista del líder ultraderechista, que defendía la explotación de recursos naturales en la selva, incluso en reservas indígenas.
La recuperación de la Amazonía es uno de los principales compromisos de Lula, que en su primer mes de Gobierno reactivó el Fondo Amazonía y revocó polémicas medidas de Bolsonaro.
Fuente: Agencia EFE
INTERNACIONALES
EL CULTIVO DE PALMA EN COLOMBIA GENERA TENSIONES
Buenos Aires, 16 de mayo (AIM) Una ley que busca frenar la deforestación fue aprobada por el Parlamento de la Unión Europea el pasado 19 de abril. Esta norma prohíbe las importaciones de café, cacao, carne de ganado vacuno, soya, aceite de palma (y una serie de sus derivados), madera, caucho, carbón vegetal y papel impreso que estén relacionados o hayan sido obtenidos de bosques deforestados.
Para cumplir con la ley —indica la nota de prensa del Parlamento Europeo— las empresas que vendan estos productos a la Unión Europea sólo podrán hacerlo luego de emitir una declaración que certifique que la mercancía no procede de tierras deforestadas, de bosques primarios irremplazables, ni de lugares donde se haya ocasionado degradación forestal después del 31 de diciembre de 2020.
En medio de este contexto de legislación internacional, y considerando que Colombia es el cuarto productor de palma en el mundo después de Indonesia, Malasia y Tailandia, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn) de Holanda y la organización Aid Environment realizaron una investigación sobre la cadena de producción del aceite de palma en el país sudamericano y analizaron seis casos específicos de empresas productoras y comercializadoras de palma aceitera en el país.
El estudio Descubriendo la cadena de suministro: el aceite de palma de Colombia a la UE muestra cómo funciona este sistema de producción, que abarca desde las zonas de cultivo en campos colombianos hasta el consumo en los países de Europa. La investigación también alerta sobre los riesgos y las amenazas directas e indirectas de deforestación en zonas donde están instaladas las empresas dedicadas al cultivo y procesamiento del aceite de palma. De acuerdo con la investigación, 23 311 hectáreas resultaron quemadas entre 2021 y 2022 en zonas cercanas a las empresas de los seis casos de estudio. Además, la deforestación en los territorios que rodean a las instalaciones de estas compañías alcanzó las 3807 hectáreas entre los años 2011 y 2022.
“Por un lado, queremos dar un panorama general de los flujos comerciales entre Colombia y la Unión Europea, y mapear básicamente a todos los actores de este proceso. Y, por otro lado, acercarnos a los casos en campo para ver qué está sucediendo allí”, explica Sanders van Andel, experto en Conservación de la Naturaleza para la Uicn de Holanda y coautor de la investigación. “El aceite de palma es uno de los cultivos relacionados con ciertos cambios de uso de suelo, así como con algunas irregularidades e ilegalidades, pero no teníamos la imagen completa, por eso hicimos esta investigación”, aclara.

El camino de la palma
Colombia alcanza el 2.3 por ciento de la producción mundial de palma aceitera, una cifra que equivale a por lo menos 1 838 000 toneladas de aceite de palma por año, según se indica en el estudio. La mayor parte del aceite de palma se cultiva en el departamento del Meta, seguido por Santander, Cesar, Magdalena, Casanare y Bolívar.
De esa producción, agrega la investigación, el 52 por ciento se destina al mercado interno y el 48 por ciento a las exportaciones internacionales. La mayor parte de la venta al exterior va al mercado europeo, pero también a otros países latinoamericanos, principalmente, Brasil y México, indican los datos del 2020 citados en el informe.
El estudio identificó y analizó a los actores que intervienen en la cadena de producción del aceite de palma desde Colombia hasta la Unión Europea y combinó estos resultados con un monitoreo en tiempo real de las plantaciones de palma aceitera que presentan deforestación, y otros riesgos sociales y ambientales en las regiones con mayor producción del cultivo.
Así se definieron seis casos de empresas vinculadas a 11 plantas extractoras de aceite de palma. Las compañías incluidas en esta investigación son: Poligrow Colombia, Agropecuaria Santamaria, Agropecuaria La Rivera Gaita?n, Riopaila Castilla, Daabon Group y Oleoflores.
Las tres primeras están ubicadas en la zona sur del departamento del Meta; mientras que Riopaila Castilla se ubica en el departamento de Vichada. Daabon Group está en Santa Marta y el Grupo Oleoflores tiene sedes en los departamentos de Norte de Santander, Bolívar y Cesar.
“Queríamos investigar cuál es el nivel de deforestación que se puede encontrar en la cadena de suministro del aceite de palma. Un dato importante es que la deforestación y las quemas no han cesado desde el 2020 —momento desde el cual la norma de la Unión Europea no permite compras de aceite procedente de tierras deforestadas—, aunque la pérdida de bosque desde esa fecha no se ha dado a gran escala. Además, miles de hectáreas se destinan a la producción de aceite de palma para biodiesel”, señala van Andel sobre los resultados de la investigación.
Para el experto de la Uicn Holanda, también se deben mencionar los conflictos vinculados a los sitios de cultivo y procesamiento de palma. Muchos de ellos son históricos, de hace 10 o 20 años, pero ocurrieron en los lugares donde ahora se produce aceite. Otro tema importante es que muchos cultivos y sus plantas de procesamiento están muy cerca del límite donde termina la zona deforestada, es decir, en frontera con lugares con cobertura boscosa. “Hay una especie de conexión entre la deforestación y el aceite de palma”, agrega Van Andel.
Para Sarah Drost, investigadora de la organización Aid Environment y coautora del estudio, hay otros aspectos que se destacan entre lo que encontraron en la investigación como un proceso de conversión de tierras que afecta a las fuentes de agua y que, además, causa problemas sociales. “Creo que son vacíos de la regulación de la Unión Europea porque no incluye estos dos aspectos”.
Los resultados del estudio también indican que el área destinada al cultivo de la palma aceitera ha aumentado considerablemente en los últimos 10 años. Según un informe de Fedepalma, en el año 2011 el área neta sembrada con palma aceitera en Colombia ascendía a 391 187 hectáreas y para el 2022 ya son casi 600 000 hectáreas.
“No tenemos aún las políticas ni los estándares suficientes para hacer la trazabilidad de la palma”, dicen investigadores de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Fcds) sobre las amenazas que significa esta falta de seguimiento del cultivo desde su origen hasta su comercialización.
Aunque la ley de la Unión Europea busca comprar palma certificada de lugares sin deforestación, dentro del país no existe legislación que asegure su procedencia. “Se deben mantener las alertas necesarias no solo en el mercado internacional, sino, principalmente, en el mercado nacional, porque el mayor porcentaje de palma se queda en el país”, indica Fcds.
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta, según Fcds, son aquellos cultivos de origen informal e incluso ilegal. A la ONG le preocupa que las siembras que se hicieron en 2018 en San José del Guaviare —en zona de reserva forestal de ley segunda de la Amazonía colombiana— no fueron hechas por compañías pertenecientes a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) y hoy se consideran como plantaciones informales. “Y nos preocupa mucho porque lo que estamos viendo es que el fruto que sale de esas plantaciones de San José del Guaviare podría estar yendo a las plantas de procesamiento de las empresas que se analizan en el estudio”, señalan.
La palma colombiana es reconocida como palma sostenible —agrega Fcds— pero cuando se trata de zonas con poca presencia institucional, la posibilidad de que el fruto de palma de procedencia informal o ilegal llegue a plantas de extracción catalogadas como sostenibles es muy alta. “Por eso, alertamos sobre la necesidad de que las plantas de extracción implementen mecanismos de trazabilidad mucho más fuertes”.
Según el Barómetro Palmero de Colombia del 2020, elaborado por Solidaridad —organización internacional dedicada al desarrollo de cadenas de valor inclusivas y sostenibles— el 28 por ciento de la producción de palma de este país es sostenible. Aunque la cifra es baja es superior a la alcanzada por los principales productores mundiales: Indonesia con 19 por ciento y Malasia con 23 por ciento.
Fuente: Mongabay

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