Este jueves se esperaba el veredicto sobre el caso contra el empresario y otros dos accionistas y dirigentes de la multinacional ítalo-argentina. La fiscalía de Milán los acusó de pagar sobornos por más de 6,5 millones de euros a un gerente de Petrobras. El tribunal, sin embargo, falló a favor de la defensa, que sostenía que no debían ser juzgados en Italia.

El tribunal de la séptima sección penal de Milán rechazó emitir una sentencia en el juicio contra los accionistas y directivos de Techint Paolo Rocca, Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti por el delito de corrupción internacional al declarar un “difetto di giurisdizione”: según los jueces del tribunal los acusados nunca debieron ser juzgados en Italia por este caso, informó a elDiarioAR una fuente directa del juicio que finalizó este jueves en Italia.

Los hermanos Rocca y su primo Bonatti integran la segunda familia más rica de Argentina y están entre los doce más ricos de Italia (ranking Forbes 2021). En el juicio que se desarrollaba en Milán, la fiscal Donata Costa acusó a los tres empresarios por el pago de sobornos por más 6,5 millones de euros a Renato De Sousa Duque, exgerente de Servicios de Petrobras, entre 2009 y 2013. A cambio de esos pagos ilegales, según la acusación, la subsidiaria de Tenaris (Techint) en Brasil -Confab- recibió contratos directos para vender a Petrobras tubos de acero sin costura por más 1.400 millones de euros.

El tribunal de Milán no falló sobre si los acusados eran o no culpables del pago de sobornos sino que rechazó que el caso se juzgue en Italia porque los hechos no se habrían cometido en este país, sino en Brasil, Argentina y otras jurisdicciones, por lo que los tres jueces a cargo de la sentencia decidieron que no debían proceder con el veredicto, ratificó la fuente consultada. Esta era la investigación más avanzada contra Techint y la única que había llegado a juicio oral y público.

El 22 de marzo último, la fiscal italiana Donata Costa había solicitado a los jueces del tribunal de Milán que condenen a los Rocca y a Bonatti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión; que multen a San Faustin, la sociedad holding del grupo Techint manejada por los Rocca y Bonatti, con 1.239.200 euros; y que ordenen el decomiso de 6.592.891 euros, “suma correspondiente al dinero entregado al funcionario público” brasileño, es decir, a Duque, como publicó este medio.

La defensa de los empresarios y de San Faustin, que lleva adelante el estudio jurídico Mucciarelli, negó durante la penúltima audiencia del juicio la participación de los Rocca y Bonatti del supuesto pago de sobornos. Sin embargo, durante el juicio oral y público, el brasileño Duque admitió haber recibido las coimas en una declaración por videoconferencia realizada en octubre último. En Brasil, Duque ya fue condenado por estos mismo hechos. En Argentina, la causa por estos mismo hechos aún está en etapa de instrucción desde 2017.

En un comunicado de prensa, Techint sostuvo que la compañía recibió “con satisfacción” lo que consideró “la sentencia absolutoria” -aunque no existió una sentencia de mérito, es decir, culpabilidad o inocencia-, respecto de Roberto Bonatti, Gianfelice Rocca, Paolo Rocca y la empresa San Faustin “por presuntos episodios de corrupción, en los años 2009-2013, que involucrarían a la empresa brasileña Confab y algunos funcionarios de Petrobrás”. De acuerdo con Techint, “desde el inicio de la investigación, habíamos afirmado la correcta conducta de la compañía, la ausencia de vinculación entre los hechos alegados y los miembros del directorio, y la falta de jurisdiccion. Al final de la audiencia, el Tribunal de Milán ha declarado que el caso nunca debería haber sido iniciado” en Italia.

La fiscalía había sostenido que debían ser juzgados en Italia porque los tres empresarios son italianos -nacieron en Milán- y San Faustin, la sociedad madre del grupo Techint, es gestionada “de facto” desde dicha ciudad italiana. La defensa de los Rocca y Bonatti ha sostenido que no debían ser juzgados en Italia porque los hechos “no ocurrieron en ese país”, pero la fiscalía ha alegado que la ley italiana aplica a quienes cometieron delitos de corrupción en el extranjero. Finalmente, el tribunal se inclinó por la postura de la defensa. La fiscal podrá apelar el fallo.

La causa italiana contra Techint comenzó en 2015. Las autoridades de Brasil avanzaban con el Lava Jato y comunicaron al Ministerio de Justicia de Italia que Techint había “participado en sobornos a ejecutivos de la estatal Petrobras, de la que obtuvieron contratos por el pago de sobornos”, según explicó la fiscal Costa en su alegato.

Un equipo de tres fiscales, integrado por Costa, Fabio De Pasquale e Isidoro Palma avanzaron con la investigación hasta dar con la documentación bancaria aportada por las autoridades de Suiza que probaron, según la acusación, cómo se instrumentaron 20 pagos ilegales al exgerente de la petrolera pública de Brasil.

Durante su alegato, la fiscal Costa señaló a los supuestos cómplices de los tres empresarios acusados y los definió como miembros de “grupos criminales que operan en varios Estados”: Italia, Suiza, Argentina y Brasil. Identificó en el “grupo 1 brasilero” a Duque y quienes lo ayudaron a montar una estructura offshore para canalizar los pagos de Techint y blanquear el dinero.

La petrolera estatal de Brasil fue eje del caso Lava Jato. Techint es investigada en Brasil por el supuesto pago de sobornos por US$10 millones al exgerente de Servicio de Petrobras, Renato Duque. Petrobras.
En el “grupo 2 argentino/uruguayo”, la fiscal señaló la participación central del argentino Héctor Alberto Zabaleta, exdirector de Administración de Techint en Buenos Aires y uno de los hombres de mayor confianza de la familia Rocca; además de otros dos hombres públicos de la multinacional ítalo-argentina, el uruguayo Enrico Fabián Repetto Mariño y el abogado de Techint en Argentina, Fernando Mantilla.

A través de testigos de parte, la defensa ha planteado que Confab tenía autonomía, separando así el pago de sobornos del holding y los accionistas y directivos del grupo.

Los directivos de Confab e intermediarios brasileños están siendo juzgados en Curitiba, Brasil, por estos mismos hechos, como informó este medio durante 2021. Ninguno de ellos ha reconocido la comisión de delitos.

Offshore

En octubre de 2021, Duque declaró ante el tribunal italiano por videoconferencia desde Brasil. El exgerente de Servicio de Petrobras reconoció que había pactado los sobornos -que llamó “beneficios ilícitos”- con Benjamín Sodre Netto, representante de Confab en Brasil, un viejo amigo. El acuerdo era para que Petrobras comprara los caños de acero sin costura directamente a Confab, la subsidiaria de Tenaris en Brasil, y evitara la licitación nacional o internacional en al menos 20 contratos, según la acusación de la fiscal Costa.

“No puedo decir el valor exacto de la cantidad, pero debería rondar los 10 millones de dólares”, dijo Duque cuando la fiscal italiana le preguntó cuánto dinero había recibido por favorecer a Techint. Agregó que los pagos ilegales equivaldrían al 0,5% de los montos que recibiría la multinacional ítalo-argentina de parte de Petrobras. “Ese 0,5% era un valor de referencia, no era matemático”, aclaró Duque ante el tribunal. En la investigación de Milán se calcularon las coimas en unos 6,5 millones de euros de aquel momento.

“Estos montos eran depositados en cuentas bancarias en el exterior”, dijo Duque. Los pagos al brasileño se realizaron a una sociedad en Uruguay, Hayley SA, que tenía una cuenta en Suiza. Luego, Hayley transfería los montos a una homónima en Río de Janeiro. Duque no figuraba en ninguna de las dos sociedades y el dinero que recibían las compañías se desviaba a la compra de inmuebles en Brasil para blanquear los fondos ilícitos.

Para justificar los pagos que recibía Hayley, se simularon contratos de consultoría entre la sociedad y la offshore Moonstone, controlada por San Faustin (Techint), afirmó la fiscal Costa. Según Duque, esos contratos se pactaban “a través de Techint Argentina”.


Renato Duque, durante su declaración como imputado colaborador en Brasil. Fue condenado por haber recibido sobornos.

La “conexión” argentina

“Todas las cuentas corrientes utilizadas para pagos corruptos fueron manejadas, según testimonios de los empleados suizos (de San Faustin), por Héctor Alberto Zabaleta”, sostuvo la fiscal Costa en marzo último durante su alegato. El exejecutivo argentino, actualmente retirado, vive en Buenos Aires y en 2018 declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos, admitiendo haber sido quien entregaba los supuestos sobornos al entonces funcionario Roberto Baratta en la sede de Techint. Baratta siempre ha negado haber recibido coimas.

La fiscal Costa aseguró que Zabaleta manejaba la “caja negra” o “caja 2” de Techint, entre otras funciones administrativas como pagar los dividendos a los accionistas de San Faustin, como declaró ante el tribunal el testigo Mario Osvaldo Lalla, histórico colaborador del grupo. Zabaleta ha negado estas acusaciones ante la Justicia argentina pero nunca pudo ser interrogado por los fiscales italianos.

La acusación sostiene que los hombres de Techint acusados en el juicio italiano montaron una red de sociedades radicadas en Panamá y Uruguay para mover el dinero de los supuestos sobornos. Utilizaron las sociedades Gabiao Investments Inc (Panamá), Moonstone Inc. (Panamá) y Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos (Uruguay), entre otras.

Las tres offshore condujeron a los investigadores directamente hacia Techint, afirmó la fiscal. Tenían cuentas en el mismo banco: la Banca della Svizzera Italiana (BSI). Las cuentas de estas tres compañías a su vez se nutrían de fondos que les giraba otra sociedad de Techint en Uruguay: Fundiciones del Pacífico SA. Tanto Fundiciones del Pacífico SA como Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos son propiedad de la compañía San Faustin.

A su vez, San Faustin conduce directamente a los Rocca y Bonatti, ya que éstos, además de accionistas, ocupan cargos clave en la sociedad madre del grupo como como presidente, vicepresidente y titular de la Junta de directores, explicó la fiscal.