A partir del 15 de octubre será obligatorio el Green Pass en todos los lugares de trabajo, y se suspenderá el sueldo por cinco días a los que entren sin él, según decidió el Consejo de Ministros.

“El gobierno está listo para introducir el pasaporte sanitario. Nos dirigimos hacia una medida obligatoria para el sector público y privado”, había declarado antes de que se diera a conocer la noticia oficial la ministra de Asuntos Regionales, Mariastella Gelmini, a la emisora pública RaiRadio1.

A partir del 15 de octubre, el llamado “pasaporte verde” será obligatorio en todos los lugares de trabajo, y solo se dejará fuera a quien realice teletrabajo o que no pueda vacunarse por razones médicas, en cuyo caso deberá presentarse test de antígenos realizado como máximo dos días antes. Por eso, el decreto también obliga a bajar los costos de los tests: cero euros para quien no pueda vacunarse; 8 para los menores de edad y 15 para los mayores hasta el 31 de diciembre.

El objetivo de la medida es incrementar la tasa de vacunados antes del inicio del invierno y evitar que se propague el contagio. Actualmente casi el 75 por ciento de la población mayor de 12 años está vacunada, es decir, 40,46 millones de personas.

“La vacuna es nuestra única arma contra el Covid”, subrayó Mariastella Gelmini.

Italia fue el primer país de Europa afectado por la pandemia que ha causado la muerte de 130.000 personas en ese país, además de generar en 2020 la recesión económica más grave desde la posguerra.

La decisión de generalizar el pasaporte sanitario es el resultado de largas discusiones entre el gobierno, los partidos políticos que integran la coalición nacional en el poder y los interlocutores sociales, sindicatos y empresarios.

Según los medios de comunicación, la ausencia de un pasaporte sanitario será severamente castigada, pero sin llegar al despido. Una multa de entre 400 euros (470 dólares) a 1.000 euros (1.176 dólares) podría ser impuesta para aquellos que no cumplan con esa obligación, según el diario Il Corriere della Sera.

Al cabo de cinco días de ausencia injustificada por falta de pasaporte sanitario, a la persona la pueden “suspender” del trabajo y el salario.

Los sindicatos exigen que el Estado las pague mientras el gobierno teme que con esa posibilidad se desincentive la idea de vacunarse.

Italia no es el primer país europeo que adopta esa medida. En Grecia, desde el 13 de septiembre, los empleados que no se han vacunado de los sectores público y privado deben someterse a pruebas a sus expensas una o dos veces por semana, según la profesión.

El pasaporte sanitario es obligatorio en Italia en los lugares públicos, así como en cafeterías, restaurantes, museos, cines, teatros, trenes, autobuses, metro y taxis.

El ‘premier’ italiano ha justificado que el Green Pass “es una herramienta que funciona”, después de semanas de negociaciones con fuerzas sociales, empresas y partidos. Uno de los más fieros opositores a la medida ha sido Matteo Salvini, que se ha opuesto hasta el final.

El Green Pass también será obligatorio para todos los cargos electos italianos, según avanza la agencia Adnkronos. Asimismo, el Ejecutivo italiano ha previsto la imposición de multas económicas para los empleados que no cumplan con la medida e, incluso, la suspensión de empleo hasta que no se vacunen