El Consejo Constitucional francés validó este viernes las medidas clave de la impopular reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, desatando una respuesta inmediata de rechazo en las calles tras meses de protestas.

El anuncio fue recibido con abucheos por 3.000 manifestantes congregados frente a la Alcaldía de París. "Vamos a seguir, intensificaremos las manifestaciones (...). Macron tendrá que dar marcha atrás", declaró John Barlou, un desempleado de 37 años.

La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030. Además, la exigencia mínima de cotizar al sistema será de 43 años y no 42, a partir de 2027 para poder cobrar una pensión completa. Esta puja política se viene dando desde enero con el rechazo de los sindicatos, la mayoría de los franceses según los sondeos y gran parte del arco político.

El mandatario francés podría promulgar la ley "mañana sábado o pasado mañana" como "suele hacer", indicó la Presidencia, aunque los sindicatos le urgieron en un comunicado a no hacerlo, como "única manera de calmar la ira expresada en el país". La oposición, tanto de izquierda como de ultraderecha, también se lo pidió.

"La entrada en vigor de esta reforma marcará la ruptura definitiva entre el pueblo francés y Emmanuel Macron", advirtió la ultraderechista Marine Le Pen, a quien la crisis actual beneficia en los sondeos. Mientras que el jefe del Partido Comunista, Fabien Roussel, dijo: "temo un estallido social".

Los nueve "sabios" del Consejo Constitucional rechazaron también una solicitud de la oposición de izquierda de convocar un referendo para limitar la edad de jubilación a 62 años. Aunque ese consejo anuló partes de la reforma, la validación de los puntos clave de la ley reconforta al gobierno. "Esta tarde no hay ni vencedores ni vencidos", tuiteó la primera ministra Elizabeth Borne al conocer la decisión favorable para su gobierno.

Una fuente del organismo judicial explicó a la prensa que, al fallar a favor del incremento de la edad jubilatoria, sus nueve miembros tuvieron en cuenta que "el legislador busca la supervivencia del sistema por repartición, teniendo en cuenta además el aumento de la esperanza de vida".

Muchos expertos auguraban una decisión parcialmente favorable del Consejo Constitucional: la relación de fuerzas de sus nueve miembros --escogidos por los presidentes de Francia y las dos cámaras del Parlamento-- beneficiaba a Macron.

Sin embargo, el rechazo del Referendo de Iniciativa Compartida cayó como un jarro de agua fría a los adversarios de la reforma. Pero la oposición de izquierda, que presentó dicha propuesta, ya se lo esperaba y el jueves presentó una segunda demanda con una formulación diferente que tendría más posibilidades de prosperar. El Consejo Constitucional comunicará su decisión sobre esta opción el 3 de mayo.

Los sindicatos convocaron a una "movilización excepcional" con motivo del Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo y advirtieron que no se reunirán con Macron ni su gobierno, antes de esa fecha. Unas horas antes de conocerse la decisión, el mandatario había propuesto a los sindicatos una reunión el martes que viene, como "el inicio de un ciclo (...) que continuará las próximas semanas".

Las centrales son la punta de lanza desde el inicio de las protestas. El 7 de marzo movilizaron 1,2 millones personas según el gobierno y 3,5 según la CGT. Tras el dictamen de este viernes, esperan reavivar el movimiento que, desde mediados de marzo, se caracterizó también por acciones puntuales de protesta como bloqueos de acceso a ciudades, tal como sucedió este viernes en Ruán.

La incertidumbre planea ahora sobre cómo el gobierno de Macron conseguirá reconducir un conflicto social. El presidente está acusado de haber creado una "crisis democrática" al decidir el 16 de marzo adoptar por decreto su reforma, ante el temor de perder la votación en el Parlamento donde carece de mayoría absoluta. Con esta ley, dice que busca evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, y en el éxito de esta movida política, se juega la posibilidad de aplicar un programa de reformas de mayor alcance. "Mantener el rumbo, ese es mi lema", dijo este viernes durante una visita de las obras de restauración de la catedral de Notre-Dame en París.

Para la presidenta del grupo La Francia Insumisa, Mathilde Panot, la decisión del organismo supone un "precedente peligroso", porque el Gobierno podría seguir utilizando la figura legal de un presupuesto rectificativo para "hacer aprobar reformas importantes". Y advirtió que desde su partido seguirán apoyando las protestas y huelgas contra la reforma, y lanzó un nuevo llamamiento a Macron para que retire la ley. "No será el Consejo Constitucional el que hará cambiar de opinión al pueblo francés", afirmó en alusión a que el 70 por cieno de los ciudadanos rechazan la reforma, según las encuestas.

La resolución de la Justicia francesa llega en un momento de crisis y estallido social en Francia desde hace tres meses. Entre los incidentes, el jueves pasado fue incendiado el edificio de la marca Louis Vuitton, luego de que manifestantes ingresaran con bengalas y banderas. Los incidentes contra la firma que dirige Bernard Arnault ocurrieron horas después de que la compañía Bloomberg declarara al magnate como "la persona más rica del mundo", al subir su fortuna a 210.000 millones de dólares.

El dirigente sindical Fabien Villedieu expresó a la cadena de televisión francesa Bfmtv que el dinero que "Macron quiere para financiar su sistema de pensiones" podría "buscarlo" en la sede parisina del sello multimillonario.