Relatores de Naciones Unidas han instado este lunes a las autoridades de Perú a limpiar los daños medioambientales causados en el mayor yacimiento petrolífero del país y remediar el daño causado a las comunidades indígenas que viven en sus inmediaciones.

El llamamiento de los expertos de la ONU tiene lugar mientras Perú avanza hacia la adjudicación de los derechos de exploración y explotación petrolera durante 30 años en el Lote 192, en la remota región amazónica de Loreto, en el norte de Perú, que ya sufre casi 50 años de derrames de petróleo y contaminación.

La continua exploración de combustibles fósiles agrava la emergencia del cambio climático global, toxifica las tierras, aguas y recursos de los pueblos indígenas y socava fundamentalmente las protecciones ambientales, han recordado.
"Hacemos un llamamiento a Perú para que aplique sus propias decisiones gubernamentales y haga cumplir las sentencias de los organismos reguladores de que los daños medioambientales deben ser limpiados en consulta con las cuatro comunidades indígenas que viven en la tierra", han señalado.
"A lo largo de los últimos 50 años, la contaminación por petróleo ha amenazado absolutamente todo lo que estas comunidades necesitan para sobrevivir: sus cultivos, el agua, los peces, los bosques y los lugares sagrados", han afeado los expertos, que han subrayado que "al mismo tiempo, estas comunidades no disponen de instalaciones sanitarias adecuadas para atender sus problemas médicos".

En referencia al proceso de Loreto, en el que se decidirá que empresa se queda con el contrato de explotación durante los próximos 30 años, los expertos han señalado que el Gobierno lo está acelerando y que ya está plagado de "irregularidades".

"Cuatro federaciones indígenas --la kichwa, la quechua, la achuar y la urarina-- aceptaron de buena fe participar en las consultas", han explicado. Sin embargo, "ahora se encuentran con que el Gobierno quiere seguir adelante con un nuevo contrato a pesar de que la empresa que anteriormente tenía el contrato, Pluspetrol Norte S.A., no ha cumplido sus promesas de limpiar las zonas dañadas e indemnizar a las comunidades".

Pluspetrol, que se retiró de la zona y se declaró en quiebra en diciembre, ha identificado por sí misma más de 2.000 lugares contaminados. El mes pasado, el Gobierno peruano acudió a los tribunales para intentar bloquear la liquidación de la empresa hasta que cumpla sus compromisos.

La salud de los pueblos indígenas se ha visto muy afectada por los vertidos de petróleo. Un estudio del Gobierno publicado en 2019 mostró que al menos el 57 por ciento de los pueblos indígenas que viven alrededor de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón estaban expuestos a altos niveles de plomo.
Según el mismo estudio, el 45,9 por ciento de los niños mostraba niveles inaceptablemente altos de arsénico en la sangre, y el 25,6 por ciento tenía altos niveles de mercurio. El estudio también afirma que los vertidos de petróleo provocan cáncer y otras enfermedades.

"Hemos planteado estas cuestiones en repetidas ocasiones al Gobierno de Perú desde 2014 y ahora es el momento de que el Gobierno garantice que estas comunidades indígenas puedan vivir con seguridad y salud en sus tierras tradicionales", han incidido los relatores.

"También es hora de que garantice que las empresas petroleras cumplan con sus obligaciones de limpiar los impactos tóxicos en el medio ambiente. No se puede permitir que las empresas contaminen la tierra y los ríos, dañen la salud de la gente y luego se vayan", han remachado.
Fuente: Agencia EP