El gobierno de Javier Milei avanza en la derogación del decreto 476/2021, que desde 2021 permite que las personas no binarias puedan registrar su identidad de género en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y otros documentos bajo la nomenclatura "X". Esta medida, que según fuentes de la Casa Rosada podría ser oficializada en los próximos días, implicaría la eliminación de la opción no binaria en documentación oficial, lo que podría derivar en una ola de demandas judiciales.
Desde su promulgación, el decreto posicionó a Argentina como el primer país de América Latina en reconocer identidades de género más allá del binarismo de "hombre" y "mujer". A nivel internacional, este avance fue comparable con países como Alemania, Canadá e India, y estados de Estados Unidos como Nueva York y Nueva Jersey. Las minorías sexogenéricas, otra vez son la carne de cañón en la “batalla cultural” del oficialismo.
Los derechos, ¿una cuestión de números?
El entorno presidencial justifica la derogación del decreto al señalar que el número de trámites realizados para obtener un DNI no binario es reducido. Afirman que desde 2021, menos de dos mil personas solicitaron este cambio, cifra que consideran insuficiente para mantener vigente la normativa. Sin embargo, activistas y referentes de la diversidad sexual denuncian que la medida responde a una estrategia política que busca desmontar los avances en derechos humanos y diversidad de género logrados en la última década.
"El derecho sigue vigente, pero el acceso será más difícil"
María Rachid, presidenta de la Federación Argentina Lgtb+ (Falgbt), explicó que el decreto que Milei planea derogar es una herramienta reglamentaria que facilita el ejercicio de un derecho garantizado por la Ley de Identidad de Género N° 26.743, sancionada en 2012. "La ley garantiza el respeto a la identidad de género como una vivencia interna y subjetiva, que no debe ajustarse a las categorías de 'mujer' u 'hombre'. Derogar este decreto no elimina el derecho, pero sí dificulta su ejercicio en la práctica", afirmó. Esto abre interrogantes en relación a qué pasará con quienes ya tramitaron su documentación con estas características. Según Rachid "se trata de un derecho adquirido. No lo pueden desconocer".
Rachid anticipó que, si la medida se concreta, desde la Falgbt llevarán el caso ante la Justicia y, si es necesario, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, advirtió que la derogación colocaría al Estado argentino en falta respecto a los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos.
Un ataque a las libertades individuales
Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón, representante de Santa Fe, calificó la decisión del gobierno como "un nuevo ataque a las libertades individuales y los derechos de las personas". En su opinión, la derogación contradice los principios que el mismo gobierno dice defender: "Es un gobierno hipócrita que se llama liberal libertario pero que se la pasa censurando y restringiendo”.
Paulón subrayó que la medida podría desencadenar una avalancha de judicializaciones, ya que implica retroceder sobre un derecho ya adquirido y protegido por la Constitución Nacional, que garantiza el principio de igualdad ante la ley. "Es un gobierno que no respeta ninguna regla, que vacía las instituciones y se quiere llevar puesta la Constitución Nacional", sentenció.
Esta medida, de oficializarse, iría en línea con otras recientes acciones no sólo discursivas sino también concretas, como la presentación el 21 de noviembre pasado de un proyecto de Ley para modificar la 26.743, de Identidad de Género, y prohibir el cambio registral a menores de edad. El proyecto, aun no tratado, lo presentó el libertario Álvaro Martínez.
Un retroceso en Derechos Humanos
La posible derogación del decreto 476/2021 también se enmarca en un contexto de otras decisiones controvertidas del gobierno de Milei, como la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública, el desfinanciamiento de políticas de género o el nulo aporte económico para la organización de la XXXIII Marcha Del Orgullo de Buenos Aires. Para muchas organizaciones, esta medida no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia que busca desmantelar el marco de derechos humanos y diversidad construido en los últimos años.
Según datos del Censo 2023, en Argentina hay 8.293 personas que se identifican como no binarias, de las cuales alrededor de 1.500 solicitaron el registro de esta identidad en sus documentos. De concretarse la derogación, estas personas podrían enfrentarse a un escenario de inseguridad jurídica y vulneración de derechos.
Manu Mireles, migrante, activista trans no binarie, Co-fundadora Mocha Celis y docente UBA y Untref, explica que “esto va en contra del derecho a la Identidad” y que “el Estado es responsable de garantizar este derecho”.
“No se trata solamente de las identidades no binarias, sino de una campaña sistemática que comenzó en la campaña electoral y continúa cuando funcionarios y funcionarias del gobierno nacional replican o publican comentarios discriminatorios y transodiantes”, dice. Para le activiste, lo que está en “jaque es la democracia y no hay democracia posible sin todas las personas siendo parte de ella”.
La Justicia como nuevo escenario de lucha
Frente a este panorama, diversas organizaciones de la sociedad civil ya preparan recursos judiciales para frenar la medida y garantizar que las personas no binarias puedan seguir ejerciendo su derecho a la identidad de género. Según estiman activistas, este será un proceso largo y complejo, pero necesario para evitar que Argentina retroceda en el reconocimiento y la protección de las diversidades.
Con esta decisión, el gobierno de Javier Milei profundiza el debate sobre la identidad de género y la inclusión en un contexto político cada vez más polarizado, en el que los derechos conquistados por la comunidad Lgbtq+ vuelven a estar en el centro de la discusión pública, corriendo el eje de discusión a otros temas como el ajuste, la represión, la nueva toma de deuda, el aumento de la pobreza y el desempleo.