El diputado Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto que busca derogar la Ley 26160, que frenó el desalojo y la expulsión de comunidades indígenas de tierras que reclaman como propias.

El decreto que resguarda derechos sobre territorios lo firmó Alberto Fernández, en 2021, suspendiendo el estado de emergencia vigente desde el 2006, cuando se sancionó aquella manda.

La iniciativa busca dejar sin efecto la pertenencia de las comunidades indígenas sobre terrenos y que se declare a nulidad de cualquier disposición del accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) sobre tierras públicas.

En declaraciones a Noticias Argentinas, el vocero y referente indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro, Orlando Carriqueo, aseveró que Pichetto “quiere legislar para atrás, algo que está expresamente prohibido”. Además, afirmó que “las tierras ya están reconocidas por el Estado” y que mantenerlas “es una obligación internacional de Derechos Humanos”.


Inai

En diciembre pasado, a días de que Fernández dejara el gobierno, el Inai reconoció decenas de comunidades de pueblos originarios en distintas partes del país.

De las 118 resoluciones publicadas el año pasado, 81 se redactaron después de que Javier Milei fue elegido presidente.

Las decisiones se publicaron en el Boletín Oficial los días 30 de noviembre y cuatro de diciembre. En ellas, el Inai dio por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral que dispone la ley nacional reconoció la ocupación “actual, tradicional y pública” en sus respectivas provincias.

A su vez, contienen un mapa que delimita el territorio sobre el que se asientan.

De acuerdo con la normativa, a partir de estas resoluciones concluye un proceso que otorga a las comunidades un dictamen jurídico o informe legal que conglomera sus antecedentes legales de la comunidad, información catastral, inmuebles y dominio sobre la tierra que se relevó.


Mendoza

Cabe recordar que hace poco más de un año, en febrero de 2023, el Inai emitió la resolución 47, que reconoció la “ocupación actual, tradicional y pública” de la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al pueblo mapuche, en la provincia de Mendoza.

Consideró que el artículo 18 del Código Civil establece que “las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad” de las tierras que “tradicionalmente ocupan” y de otras “aptas y suficientes para el desarrollo humano” según lo establezca la ley, de conformidad con el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional.

También alegó que el Estado nacional, en el marco de “sus políticas públicas indígenas”, creía que era “absolutamente necesario” relevar y demarcar los predios que ocupan aquellas comunidades “para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización” de su reconocimiento constitucional.

El otorgamiento de más de 4.477 hectáreas, antecedido por el de otras 21.500, fue repudiado por el por entonces arco político opositor.

El ex ministro de Gobierno mendocino, Víctor Ibáñez Rosaz, fustigó la decisión y afirmó que era nula.

En diálogo con Radio Mitre Mendoza, consideró que antes de ceder terrenos “el análisis tiene que ser completo” y que debe abarcar lo jurídico, lo institucional y lo histórico.

Además, dijo que en Mendoza no hay mapuches y adelantó que la jurisdicción iba a cuestionar la resolución.


Activos

El exgobernador Rodolfo Suárez expresó su malestar en las redes sociales y acusó a la administración de Fernández de entregar propiedad privada y activos económicos de su provincia porque hay hectáreas con actividad petrolera.

Por su parte, Alfredo Cornejo, actual mandatario de Mendoza y exsenador por la UCR, sostuvo, también en sus redes sociales: “Es increíble lo del Inai, no atendieron el reclamo del Gobierno de Mendoza y ahora entregaron nuevas tierras en Malargüe, a supuestas comunidades mapuches”.

En su descargo vía Twitter, agregó que un Instituto Nacional, que depende de un Ministerio, no puede decidir sobre recursos provinciales.

Por su parte, la diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) presentó un proyecto pidiendo que se citara al Legislativo al director del Inai para que explicara “por qué se violó la Ley 26160” con la adjudicación de 25 mil hectáreas en forma unilateral y sin consulta con las autoridades de Mendoza.

“Es una vergüenza la gestión del Inai en Argentina”, estimó.

Paralelamente, planteó que Mendoza “es más bien la regla” porque no era la primera vez que el Inai era acusado de negligencia, arbitrariedad y mal desempeño”.


Emergencia

En 2006, el Congreso Nacional sancionó la ley 26160, que declaró la emergencia en materia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por el término de cuatro años.

La norma se prorrogó sucesivamente. La última vez, mediante un DNU, en noviembre de 2021, se extendió su vigencia hasta fines de 2025.

El decreto asignó un presupuesto extra de 290 millones de pesos por año para hacer relevamientos.

“La ley de emergencia para relevar las comunidades originarias tiene 17 años. Ya van ocho informes de la Auditoria General de la Nación que advierten los problemas de este organismo, pero pasan los gobiernos y la ley se prorroga sin que el Inai rinda cuentas”, planteó Carrizo el año pasado.

“Desde 2021 venimos pidiendo que lo haga, porque ese año vencía la Ley 26160; no ocurrió. Entonces, el presidente terminó prorrogándola por DNU, sin debate ni evaluación. En 2022, exigimos que, cumpliendo el mismo DNU, el Inai informe el avance de los relevamientos en las tierras. Tampoco ocurrió y en agosto renunció la titular. El organismo estuvo acéfalo por meses hasta fin de año. Y ahora vemos que la nueva gestión, en vez de resolver conflictos, sigue la misma línea que la gestión anterio”, enfatizó.

“Cambian las autoridades, se prorroga una ley sin debate y los conflictos continúan. La mala gestión del Inai es total. Necesitamos que una voz institucional informe en Diputados. Sobran proyectos pidiendo esto; debería el presidente incluirlos en las sesiones extraordinarias para evitar que sea una convocatoria fantasma”, concluyó.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) también rechazó la decisión del Inai

El presidente de la entidad, Nicolás Pino, juzgó que las amenazas contra la propiedad privada venían multiplicándose en forma considerable en varias regiones del país; principalmente, en la Patagonia.

Durante su participación de la 80° Exposición Ganadera de Comodoro Rivadavia, en Chubut, dijo que “la amenaza contra la propiedad privada no se puede admitir en ningún punto del país” y vinculó la problemática a “la inacción judicial y a la complicidad de la política”.

El dirigente que integra la Mesa de Enlace también cuestionó que el Estado nacional le otorgue tierras públicas a comunidades supuestamente originarias.

“La propiedad privada, como todo derecho, debe ser garantizado y no se negocia, y eso también sucede con la propiedad pública”, recalcó, y aseveró que la Sociedad Rural “continuará alzando su voz en cada ocasión en que un productor se vea afectado”.

La Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (Aapa) se pronunció en la misma línea.

En un comunicado, expuso que la decisión del Ejecutivo nacional era inconstitucional.

Además, recordó que, si bien la mayoría de las tierras que se otorgaron a los mapuches son fiscales, hay derechos de propiedad de empresas en juego.

“Basta de regalar tierras fiscales y basta de atropellos al derecho de propiedad. Es un camino peligroso y sin retorno. Pongámosle freno ya a todo esto”, precisó Aapa en el documento que difundió.

“Defendemos a los pueblos originarios, pero condenamos a los pseudo mapuches que en muchos casos son cómplices de políticos inescrupulosos. Basta de avasallamiento contra la propiedad de las tierras en la Argentina. Pongámosle freno ya”, agregó.


Río Negro

El septiembre de 2022 más de 20 legisladores de Juntos por el Cambio pidieron citar a la por entonces máxima autoridad del Inai para que aportara datos sobre un nuevo ataque ocurrido en Villa Mascardi, Río Negro, a una casilla de Gendarmería Nacional por parte de un grupo de personas pertenecientes, presuntamente, a una agrupación mapuche.

Reclamaron que explicara qué medidas tomaba el Gobierno nacional en relación a los conflictos territoriales vinculados a pueblos indígenas de Argentina.

Después de otro episodio de violencia en la Patagonia, los legisladores se preguntaron si cabía renovarle el presupuesto a la Inai.

“¿Cómo sostener el pedido de recursos si no hay rendición de cuentas?”, se preguntaron.

“Necesitamos que una voz institucional del Inai informe en Diputados cómo está administrando el dinero público. No puede ser que tengamos que esperar a que se vuelva a vencer el régimen de la Ley 26160 para debatirlo cuando los conflictos están aumentando”, concluyeron los legisladores Rodrigo de Loredo y Sabrina Ajmechet, entre otros.

Tras cerrar el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (Inadi), la Administración de Milei planifica eliminar el Inai.

Fuente: Comercio y Justicia