El trabajo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná se ha mantenido, en forma ininterrumpida, durante la etapa de aislamiento preventivo. El registro de la cantidad de consultas, reclamos y solicitudes de mediación expresa parte de la actividad y alcanza a unas 970 presentaciones, desde el 20 de marzo al 20 de septiembre. El número abarca también los planteos de jurisdicción nacional, recibidos por la Delegación local de la Defensoría del Pueblo de la Nación, oficina que comparte el trabajo y la sede con la Defensoría de Paraná desde hace una década.
En un informe elaborado por la oficina de la Defensoría, se indicó que los temas que recibe la institución de la ciudad son variados. De acuerdo a cada caso y tipo de consulta, la Defensoría del Pueblo brinda información, asesora respecto de los pasos a seguir para iniciar o reclamar un trámite o para presentar una queja, e interviene y gestiona en aquellos concernientes a su alcance, en procura de una respuesta al planteo de los ciudadanos.
En detalle, de los principales temas recibidos son:
Agua y cloacas. Los problemas de agua potable y cloacas encabezan la lista de reclamos relacionados a los servicios públicos locales. La falta de agua potable proveniente de la red, sea por escasa presión en el suministro, corte total o por carencia de infraestructura, la ubica como uno de los reclamos principales junto a los referidos a las pérdidas por caños rotos registradas en calles y veredas. Otro reclamo reiterado desde distintos puntos de la ciudad ha sido el referido al funcionamiento de la red cloacal. Obstrucciones, rebasamientos y derrames de aguas servidas en la vía pública fueron unas de las principales quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo, principalmente durante el transcurso del mes de julio y agosto. Además, hubo presentaciones ante la falta de respuestas del servicio de desagote por rebasamiento de pozos negros en zonas carentes de red cloacal. También se anotaron reclamos por el mal estado o inexistencia de veredas y de calles afectadas por baches y roturas del asfalto producidas por arreglos o instalaciones de cañerías. Es habitual -una vez que se repara una red- que el lugar de excavación quede cubierto con broza, a la espera de la reparación definitiva con la capa de asfáltica correspondiente, lo que con el paso del tiempo suele transformarse en un bache.
Otras de las temáticas recibidas por el área de atención a la ciudadanía de la institución fueron los pedidos de poda y retiro de árboles en veredas que causan daño con sus raíces en cañerías domiciliarias y en estructuras.
Ante las situaciones receptadas, la Defensoría del Pueblo realizó todo lo que está a su alcance en el marco de las medidas vigentes de asilamiento/distanciamiento obligatorio y su impacto en la administración municipal. Inició expedientes, elevó notas a las áreas correspondientes e hizo gestiones mediante llamados telefónicos.
Salud, varados, trámites. En la etapa de cuarentena, se registraron también reclamos relacionados a servicios de salud y, específicamente a prestaciones del Iosper, referidos principalmente a demoras en prestaciones y en la cobertura y entrega de medicamentos. Asimismo, en las últimas semanas, se produjeron numerosas presentaciones de afiliados a la Obra Social Para La Actividad Docente (Osplad), por demora y carencia de prestaciones.
Siguiendo con los temas recibidos, se pueden mencionar además consultas de ciudadanos varados que necesitan regresar a sus lugares de destino, sobre mudanzas y condiciones de contratos de alquiler de viviendas, tramitación de documentación ante el Registro Civil (recambio de DNI y partidas de nacimiento), por la tramitación de IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y por servicios que brinda el Nuevo Banco de Entre Ríos, entre otros. Tanto en el caso del banco como en el del Iosper, la intervención de la Defensoría es de buenos oficios, en el marco de las relaciones interinstitucionales con ambas entidades del ámbito provincial.
Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo fue instituida a través de una ordenanza municipal (N 8391), como una institución de jurisdicción local, de la ciudad de Paraná. No obstante, y en vista de la carencia de una institución del tipo en la provincia a pesar de que el instituto está incorporado desde 2008 en la Constitución de Entre Ríos, la Defensoría del Pueblo de Paraná recibe numerosas consultas de índole provincial que atiende y encauza. En algunos casos, brinda información y asesoramiento y en otros, dentro de las posibilidades de la institución en el marco de los buenos oficios, gestiona directamente las respuestas.
En la etapa del aislamiento, y principalmente al inicio de la medida cuando la paralización general causaba desconcierto, la institución recibió a diario consultas de habitantes de distintos puntos de la provincia, no sólo de zonas cercanas, sino también del centro y de otros puntos de Entre Ríos.
También se recibieron reclamos por el incremento de convenios de pago morosos por infracciones de tránsito en la ciudad, a los que luego de incumplimiento se les aplicó el valor actualizado de la UF (unidad fiscal) en base al precio del litro de nafta. Los reclamos consistían en el hecho de considerarse en esa situación a quienes habían incurrido en dos meses de mora, generándoles un incremento que los ciudadanos consideraban excesivo y fuera de sus posibilidades de pago. Además, se realizaron derivaciones al Organismo de Defensa del Consumidor, por reclamos ante problemas con compras de bienes y servicios. Se receptaron consultas por lugares de recepción de cobros de impuestos durante la fase 1 de la cuarentena obligatoria y respecto de la obtención de turnos y reprogramación de los ya otorgados para tramitar el carné de conducir.
Obras sociales, vuelta a casa y Ansés. La oficina de la Delegación de Entre Ríos del Defensor del Pueblo de la Nación, que funciona en la Defensoría del Pueblo de Paraná desde 2010, atiende y gestiona los temas de jurisdicción nacional. Entre las consultas y reclamos se imponen en los últimos días -por la cantidad-, los referidos al funcionamiento de la Osplad, obra social de docentes que entró en concurso de acreedores el 28 de agosto pasado y cuyos afiliados vienen presentado reclamos por demoras y falta de cobertura de prestaciones. La mayoría de las comunicaciones provine de distintos puntos de la provincia y sobre todo de afiliados jubilados que tienen un panorama acotado a la hora de cambiar de obra social debido a que serían limitadas las opciones. Se han seguido receptando presentaciones concernientes a prestaciones demoradas de obras sociales nacionales, como Osecac (Empleados de Comercio) y Pami, entre otras.
También hubo preguntas y reclamos relacionados a Ansés, concretamente referidos al IFE -a causa, por ejemplo, de información desactualizada de los solicitantes ya que la falta de aviso al organismo de modificaciones de uniones convivenciales o divorcios puede dejar afuera de beneficios porque sus ex parejas están en actividad). Las afectadas –en su mayoría- son mujeres con hijos. También se registraron presentaciones ante la dificultad para concretar trámites online, en la página de ese organismo.
Ingresaron además las siguientes consultas: por demoras en el alta de obra social a Monotributo Social, sobre el monto y liquidación del Subsidio de Contención Familiar, respecto de la Tarjeta Alimentaria, ya que se habrían producido bajas en el beneficio por cruce de datos a nivel nacional, y acerca de casos de pensiones No contributiva por Discapacidad, cuya tramitación está demorada.
En este período de asilamiento, continuaron las consultas por notificaciones de multas de tránsito labradas tanto en rutas de Entre Ríos como de otras provincias. Además, se atendieron frecuentemente pedidos de información y asesoramiento en diversos temas. El servicio es brindado por profesionales en abogacía de la Defensoría del Pueblo de Paraná y de la Delegación nacional.
Convivencia y construcciones. El Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo recibió, en estos últimos seis meses, 75 solicitudes de mediación y 130 casos derivados desde el Ministerio Público Fiscal por conflictos entre vecinos.
Entre los motivos más recurrentes aparecen los ruidos molestos, los inconvenientes ocasionados por construcciones, las filtraciones de humedad, la ocupación de espacios comunes, agresiones y convivencia en general.
En el transcurso de esta etapa, y ante la alta demanda, el Centro de Mediación instrumentó la modalidad virtual en las mediaciones, que históricamente fueron encuentros presenciales. Así, y con resultados muy satisfactorios, se llevan realizadas nueve mediaciones virtuales y hay programadas otras nueve para las próximas dos semanas. Las mediaciones virtuales realizadas terminaron con acuerdo en su totalidad. A la par, hay otra cantidad de casos, con aceptación de las partes para participar de una mediación, en la que los vecinos prefieren esperar a que se pueda realizar la reunión presencial.
En cuanto al detalle del número total de presentaciones recibidas, 75 corresponden a solicitudes de mediación presentadas en el Centro de Mediación por una de las personas involucradas en el conflicto y se van concretando a través de los encuentros virtuales. En tanto, se recibieron 130 casos derivadas del Ministerio Público Fiscal, por situaciones de conflictos entre vecinos, que –en casos- se van sumando a las solicitudes de mediación. Desde 2010, la Defensoría, a través de su Centro de Mediación, trabaja en colaboración tanto con el Ministerio Público Fiscal como con Juzgados, desde donde se derivan casos de conflictos comunitarios que se manifiestan en agresiones, amenazas, insultos y lesiones leves. En el año 2013 se rubricó un convenio de colaboración mutua con el Ministerio Público Fiscal, por el cual este organismo remite al Centro de Mediación aquellos causas que se archivan por falta de pruebas o principio de oportunidad, sugiriendo a la vez que el diálogo constituye el abordaje más adecuado para la problemática, con la intención de prevenir las escaladas de violencia y brindar una posibilidad de solución efectiva a las problemáticas de los vecinos.