Es El Sheik, del barrio de Monserrat, Buenos Aires. Administradores y encargados de edificios le informaban sobre deudores de expensas, a quienes ofrecía préstamos usureros. Cuando no se los podían pagar, los desalojaba o les cobraba una renta. En el allanamiento encontraron dos millones de pesos y hasta propaganda nazi.

Detrás de la fachada de una inmobiliaria, una familia llevó a cabo durante décadas un enorme negocio basado en la usurpación de viviendas. Tenían un modus operandi: prestaban dinero a personas que debían expensas, por supuesto con altos intereses. Cuando los deudores no podían pagar, les compraban las viviendas a precio vil. En muchos casos, los mismos habitantes terminaban alquilando el departamento que había sido suyo. Y se estima que esta familia de falsos corredores inmobiliarios tiene unas cien propiedades a su nombre.

Pero el "negocio" abarcaba otras estafas: amenazaban a inquilinos que no podían pagar sus alquileres; e incluso cambiaban las cerraduras de los viviendas para impedirles el ingreso. También usurpaban viviendas que por diferentes motivos se encontraban desocupadas. Y aún sin ser martilleros, ni profesionales homologados, participaban de remates judiciales de propiedades. Tienen denuncias incluso por haber falsificado firmas y hacerse pasar por herederos en una sucesión.

Un equipo de investigación de la Fiscalía de la Ciudad puso el foco en "El Sheik Inmobiliaria Propiedades" en diciembre de 2016, a partir de una denuncia por usurpación. Ubicada en Venezuela 1619, en Monserrat, ya estaba incluida en el listado de inmobiliarias ilegales del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA). También operaba con los nombres "El León Imperial" o "El Sale".

La causa se encuentra bajo secreto de sumario, pero Clarín pudo saber que se trata de Jorge Alberto García Sale, un abogado de 72 años, quien está en el centro de esta investigación. Sin embargo el caso tiene tantas aristas y es tan importante, que desde la Fiscalía entienden que los implicados son muchos mas.

"Un encargado de un edificio de San Cristóbal llamó al 911 para pedir ayuda y denunciar que había gente intentando entrar a un departamento vacío. Esto motorizó la investigación y por el momento hemos determinado que los dueños de la inmobiliaria tienen más de 100 propiedades, la mayoría en La Boca, Constitución, San Telmo y Barracas", detalló la fiscal Rocío López Di Muro, a cargo de la causa. En la Fiscalía entienden que García Sale contaría con una red de encargados y administradores que le informaban sobre los departamentos vacíos y los deudores de expensas. Encargados muy diferentes al hombre que hizo la denuncia y destapó la olla de esta mafia que operaba en la Ciudad, y que se aprovechaba, en la mayoría de los casos, de familias vulnerables.

Además García Sale aparece implicado en el intento por quedarse con una propiedad, sin ser heredero; es decir, falsificando firmas para participar de la sucesión.

Pero el allanamiento a la inmobiliaria, que realizó la Policía de la Ciudad, deparaba otras sorpresas, porque además se toparon con propaganda nazi, armas, unos tres millones de pesos en efectivo, varios DNI que no pertenecían a las personas que se encontraban en el lugar. Y si bien el trabajo de investigación arrancó más un año y medio atrás, se produjo un hecho aleatorio que llevó a reforzar el trabajo que se hacía en torno a la inmobiliaria: una nueva denuncia por usurpación.

En septiembre del año pasado, un incendio en un conventillo de La Boca (Lamadrid 645) puso a García Sale en medio de otro conflicto: el lugar, de chapas y maderas, se desintegró en cuestión de horas y seis familias se quedaron sin techo. No hubo víctimas de milagro. Y los vecinos denunciaron el estado pésimo en el que se encontraba el edificio. En la Justicia, el hombre tendría abiertos más de 50 juicios de desalojo contra familias carenciadas.

La inmobiliaria funciona en la vivienda de García Sale. Y allí se encuentra detenido. Solicitó arresto domiciliario porque presenta problemas de salud, y por su edad. En la puerta del lugar hay un policía que, además de custodiar el lugar, les explica la situación la gente que se acerca a pagar los alquileres. Clarín intentó hablar con el acusado, pero no tuvo respuesta.

"Era una inmobiliaria reconocida, que opera hace más de 30 años. Y secuestramos 54 bultos con información de todo tipo, incluyendo documentación y expedientes. La causa es enorme y cuando comenzamos a trabajar enseguida nos dimos cuenta que los delitos superaban el motivo inicial del allanamiento. Además de la tenencia ilegal de armas, temas relacionados con lo penal tributario (por el dinero que se encontró) y por supuesto, lo que tiene que ver con la propaganda nazi", explicó López Di Muro.

Los investigadores entrevistaron a empleados y ex-empleados, y entienden que tiene prueba suficientes para explicar el modo en que operaba esta red. Después de tanto tiempo de operar en el mercado, la fiscal estima que tiene que haber muchos más damnificados, por eso convoca a los vecinos a que presenten sus denuncias.

Clarín.-