“Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE advirtió que la medida impedirá cumplir el “compromiso asumido por el Gobierno” de sumar 30.000 trabajadores a la planta de la administración pública; para Rodríguez, de UPCN, la decisión “no está tan mal”

El nuevo trazado económico anunciado por el gobierno puso en alerta a los gremios estatales nacionales que lo tildaron como un “ajuste” que congelará la planta de estatales y podría poner en riesgo la estabilización de empleados precarizados, algo que rechazaron desde el Ejecutivo.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo “Cachorro” Godoy, criticó la suspensión de ingresos de trabajadores a la planta estatal que anunció ayer la ministra de Economía, Silvina Batakis, como parte de su primer paquete de medidas. Aseguró que impide que se concrete un “compromiso asumido por el Gobierno” de habilitar el pase a planta permanente de 30.000 personas. Rechazó, además, la falta de discusión del Salario Básico Universal (SBU).

“Lamentablemente he escuchado (los anuncios de la Ministra) y estoy muy preocupado. Desde nuestro gremio y nuestra central creemos que es más de lo mismo y peor”, sentenció el dirigente, al tiempo que confirmó que distintas organizaciones que nuclea la Central de Trabajadores Argentinos tienen “previsto para el miércoles próximo realizar asambleas. Queremos discutir la necesidad de un Salario Universal”.

Más temprano, Batakis, en compañía del ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; el de Agricultura, Julián Domíngiez; el de Turismo, Matías Lammens; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Ponto; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, habló de un control de los gastos del Estado que permitirá ahorrarse 600 mil millones de pesos, a partir de la modificación de la ley de Administración Financiera.

“Todos los organismos del sector público tienen que estar contemplado en el manejo eficiente de todas las erogaciones. Vamos a hacer un sistema de cuentas únicas”, planteó la flamante funcionaria. Acto seguido, confirmó la ampliación del “congelamiento de los empleados a todos los segmentos del Estado”.

Según un comunicado del sindicato estatal, “el congelamiento va a impedir avanzar en una medida que ya venía sumamente demorada, como es el pase a planta de 30.000 trabajadores y trabajadoras, compromiso asumido por el Gobierno en diciembre de 2020 y que, a la fecha, recién se hizo efectivo para unos 4000 casos”.

“Los concursos implican ingresos, y cesar los contratos y nombrar a la misma persona en un cargo concursado en el Estado es un nombramiento, aunque ese trabajador tenga 15 o 20 años de antigüedad. Por lo que es una manera de seguir condenando a miles de trabajadores y trabajadoras a una situación de precariedad laboral, y no cumplir con un compromiso asumido por el mismo Gobierno”, cuestionó Godoy, que también es secretario adjunto de la CTA Autónoma, que conduce Ricardo Peidro.

Sin embargo, desde la Secretaría de Empleo y Gestión Pública de la Nación, a cargo de Ana Castellani, explicaron que los concursos de regularización de cargos “siguen tramitándose normalmente” porque no implican “un incremento de dotación”. Lo que sí quedaría suspendida es la incorporación de nuevos agentes a la administración pública nacional.

Godoy consideró que la restricción de ingresos al Estado “impide fortalecer áreas necesarias para promover una mayor capacidad de intervención en la vida económica del país, por un lado, para alentar la reactivación, y por otro, para controlar las áreas estratégicas en las que hoy hay un colador, del cual se favorecen los grupos más poderosos”.

En términos generales, el gremio estatal concluyó que los anuncios divulgados en el Palacio de Hacienda “son más de lo mismo: medidas de ajuste que van a impactar negativamente en la vida económica y social para la mayoría de los argentinos”. Y agregó que “ratificar las metas con el FMI es intentar bajar la inflación con recesión, y como la especulación de los grupos económicos continúa aumentando los precios vamos derechito a un escenario de recesión con inflación. Esto junto a la no generación de empleo va a afectar severamente a los sectores populares”.

Esa central obrera celebrará asambleas el miércoles y no descarta activar medidas de fuerza “para expresar la voz de las y los trabajadores, y que el Gobierno no sólo escuche y atienda los reclamos del FMI y de los grandes grupos económicos, que se enriquecen a costa de pobreza de los argentinos”, se indicó en el comunicado.

En tanto, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio que comanda Andrés Rodríguez, se diferenció de la postura de ATE y no condenó la medida que anunció Batakis.

En declaraciones a Radio Con Vos, Rodríguez opinó que el anuncio de la nueva ministra de Economía “no está tan mal”. Y profundizó: “El Estado nacional tiene un número aceptable de trabajadores. Lo que necesita el Estado es generar que todos los que están contratados, o en planta transitoria, pasen a planta permanente previo concurso. Esa es nuestra principal preocupación, se viene trabajando para que esto se regularice. El Estado nacional está en un promedio de trabajadores acorde con la realidad”.

En el país hay unos 3.000.000 de empleados públicos. Del Estado nacional dependen unos 700.000, cuya representación se reparte entre ATE y UPCN. ATE cuenta con casi 290.000 afiliados repartidos en las 24 provincias del país. Se jacta de tener el peso suficiente para afectar el normal funcionamiento de hospitales y de 830 municipios en los que tiene representación. Sostiene una fuerte disputa con UPCN, que pisa fuerte, sobre todo, en las áreas jerárquicas de las administraciones públicas.