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El desmonte en Santiago se paga con sangre

El avance del agronegocio no se detiene en Santiago del Estero y brinda otra muestra de violencia extrema: un fallecido y al menos tres heridos de bala. El matrimonio Gerardo Zamora y Claudia Ledesma Abdala se alterna en el poder desde 2005, con políticas que apoyan el corrimiento de la frontera agropecuaria sobre campesinos y pueblos indígenas.

El avance del desmonte, la avaricia de las empresas y la inacción del gobierno provincial convierten a Santiago del Estero en escenario frecuente de conflictos por la tierra. El martes pasado hubo un muerto y tres heridos de bala cuando un grupo de vecinos del departamento Figueroa —en el centro oeste santiagueño— se acercó a hablar con quien manejaba una máquina abriendo picadas (caminos) en el monte natural de algarrobos, vinales y chañares de la zona.

La situación, que era de diálogo entre los lugareños que defienden el territorio y los lugareños que trabajan para la empresa, terminó en un tiroteo cuando Edgardo Ledesma (el jefe del personal a cargo de las máquinas) llegó fuertemente armado e increpó a quienes pedían que se retiren las máquinas. El saldo de esa situación fue la muerte del propio Ledesma y tres heridos con bala de plomo. Por los hechos, que se están investigando, hay varios detenidos. La situación se produjo en San Roque, uno de los once parajes rurales de Figueroa.

Durante esta semana, quienes viven en el lugar y se oponen al avance del desmonte, recibieron amenazas de todo tipo. Desde el lugar donde ocurrió el conflicto, las familias piden presencial del Estado para resguardar su integridad.

Para llegar al paraje San Roque desde la capital de Santiago del Estero hay que viajar hacia el este 115 kilómetros, con destino a la localidad de Bandera Bajada, ubicada sobre la Ruta Provincial 2. Al costado del camino los cactus conviven con los algarrobos, que muchas veces crecen enroscados en sus troncos. El monte santiagueño es pura vida, aún con el calor, en tierras blancas o rojizas.

En Bandera Bajada hay que desviar por un camino de ripio y andar otros 50 kilómetros monte adentro, pasando por el dique Figueroa, construido sobre el río Salado. En 2011, con esa obra —inaugurada por el actual gobernador Gerardo Zamora— se anunció el abastecimiento de agua para las familias campesinas de la zona. Pero la promesa quedó estancada: hoy sólo sirve para el riego de los campos de grandes terratenientes. En la profundidad de la noche la ruta sólo se ilumina cuando pasa, de vez en cuando, algún auto o alguna moto. A los costados, sólo se ve la densidad del monte virgen.

Al llegar a la casa de una de las familias que participaron de los hechos del martes se percibe el temor. En la oscuridad se habla bajito, giran los mates y el repaso de lo ocurrido. Las personas que trabajan para los empresarios son vecinos del lugar y en cualquier momento alguien puede llegar a continuar lo que empezó en la semana. La luz de la casa ilumina la ronda y hay que esforzarse por adivinar en las penumbras la construcción de madera, el techo de paja, el patio de tierra.

Una mujer, que pide que no se cite su nombre por temor a las represalias, afirma: “Vivimos torturados por esta gente. Nosotros nunca alambramos, criamos siempre nuestros animales en el campo abierto y nunca tuvimos problemas entre las familias”. Es la esposa de uno de los hombres que el martes pasado fue a frenar las máquinas. Un vecino, que tampoco se anima a dar su nombre, agrega: "Nos amenazan diciendo que nos van a matar o nos roban los animales". Y pide que la situación se esclarezca: "Que no digan que esto fue una pelea entre vecinos, como si fuéramos malos vecinos, cuando en realidad estamos defendiendo el monte". Y la mujer agrega: "Esto ya ha pasado antes, era obvio que iba a ocurrir de nuevo".

En el departamento Figueroa viven desde hace varias generaciones cien familias agricultoras y crianceras, sobre todo de caprinos. En los últimos años comenzaron a organizarse en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT). También allí hay comunidades del Pueblo Tonokoté, cuyas tierras figuran dentro del relevamiento de tierras indígenas previsto por la Ley 26.160. La prórroga de esa ley impide el desalojo de las familias originarias. Sin embargo, empresas como Concept Nature Management S.A avanza con sus máquinas, con el aval del Gobierno y una red de cómplices locales que se encargan de conseguir los papeles de titularidad de las tierras para poder apropiarse de ellas.

Concept Nature está formada por socios argentinos y alemanes. En su propio sitio web anuncian que su objetivo es “desarrollar proyectos forestales y silvo-pastoriles en Argentina”. La firma opera en el sur de Misiones y en el departamento Figueroa de Santiago del Estero. En los hechos, pretende “reforestar” campos que ya están forestados, alambrar los campos y —en ese proceso— dejar sin su fuente de sustento a las familias que habitan en el lugar. Pero sin un nexo local, la entrada al territorio no es posible.

En ese punto es donde comienzan a trabajar personas como Edgardo Ledesma o Carlos Budán. Son “intermediarios” que se ocupan de rastrear a los anteriores dueños de los terrenos y comprarles los títulos de propiedad, que a su vez venden a firmas locales (como Santiago S.A. o Figueroa S.A.). Con esos papeles, los empresarios buscan legitimar su acción de desalojo de familias que hace cincuenta o cien años que habitan el lugar de manera pacífica, produciendo en el lugar y a las que el Estado no da respuestas para garantizarles las escrituras que les reconozcan formalmente sus derechos.

Pero además de ese artilugio legal, también apelan a la fuerza. Los lugareños contaron a este medio que el requisito para trabajar para las empresas intermediarias es “usar armas para defender los campos ante las comunidades”.

Las familias denunciaron en varias oportunidades ante la comisaría de Bandera Bajada que hay máquinas trabajando en los territorios indígenas. Sin embargo, esas denuncias —según ellas mismas comprobaron— nunca llegaron a la Fiscalía de Santiago del Estero. Señalan la responsabilidad del Gobierno en “dejar hacer”. El Comité de Emergencia, creado por el gobierno de Zamora para prevenir o intervenir en los conflictos de tierras, brilla por su ausencia.

En 2009 se organizó la comunidad Tonokoté de Santiago del Estero. El relevamiento de sus tierras llevó doce años y se contaron 37.000 mil hectáreas (parte de ellas, ubicadas en el departamento Figueroa). Si bien se hizo el relevamiento, no hay una política estatal de protección ante los privados. En todo caso, el Estado llega con represión. En 2022, la Policía de Santiago del Estero reprimió un corte de ruta que realizaban familias de esa comunidad en Bandera Bajada (departamento Figueroa).

Angélica Serrano, de la comunidad Tonokoté, cuenta: “Mis abuelos son nacidos y criados en este lugar. Ellos me transmitieron la lengua, la cultura y la identidad de nuestro pueblo. Tengo 45 años, soy nacida y criada aquí y aquí quiero morir, en mi comunidad. Produciendo y también transmitiendo nuestras luchas cotidianas”.

Sobre lo ocurrido en los últimos días en la comunidad de San Roque, Serrano recuerda que ese territorio es parte del relevamiento territorial indígena: “Este territorio también está relevado y hoy están peleando por su territorio, pero hay una empresa intentando despojarlos. Así ocurrió lo del martes, donde hubo un enfrentamiento entre los empleados de la empresa con los hermanos de las comunidades”.

Serrano afirma: “No queremos llegar a eso, queremos que el Estado reconozca el territorio para poder vivir y producir tranquilos nuestros alimentos, transmitiendo nuestros saberes y cuidando el monte, las plantas naturales, las hierbas medicinales, la miel silvestre y los animales que están en peligro de extinción”.

Fuente: Agencia Tierra Viva

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