El Gobierno eliminó 14.000 empleos en la administración pública nacional desde la asunción de Javier Milei hasta fines de marzo y no pagará indemnizaciones. El argumento oficial es que no hubo despidos masivos, sino “bajas" de contratos, una postura con la que buscan desalentar los juicios laborales, aunque los especialistas creen que habrá reclamos igualmente. La decisión se conoció faltando dos semanas para el vencimiento de una nueva tanda de contratos.

Las definiciones surgen del informe de gestión de más de 1.000 páginas que presentó ayer por primera vez el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en el Senado. Allí, se señala que “con respecto a las bajas, al 31/03/2024 se registran un total de 14.000 bajas en la Administración Centralizada y Descentralizada” y que "el personal cesanteado no equivale a personal cuyo contrato no ha sido renovado" ya que la cesantía es una sanción (Ley N° 25.164) a la cual se arriba mediante proceso sumarial.

La encargada del achique es la secretaría de Transformación y reforma del Estado, un órgano que quedó vacante tras la renuncia en marzo de Armando Guibert, a quien se lo responsabilizó por la suba del 48 por ciento del salario del Presidente y sus ministros. De esa área depende la subsecretaría de Transformación y Reforma del Estado, a cargo del contador y exgerente de BGH Jorge Harán, y la de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, encabezada por Rosana Reggi, quien reemplazó en marzo a Martín Boccacci, el segundo de Guibert.

Ante las preguntas que le enviaron varios legisladores sobre la situación de los empleados públicos, la secretaría bajo la órbita de Posse señaló en el documento oficial que el personal contratado no renovado “no requiere ser suplido en tanto que obedecen, justamente, a una readecuación de funciones y alcances de los Organismos que integran la APN (Administración Pública Nacional)".

“En líneas generales, no se llevaron a cabo despidos masivos, sino que el Estado, en uso de sus facultades discrecionales y su poder de administración, optó por la no renovación de personal contratado por tiempo determinado bajo el artículo 9º de la Ley Nº 25.164 cuyo plazo de vigencia, ya había finalizado”, afirmó la jefatura de Gabinete.

La cartera anticipó, a su vez, que “no se prevén acciones judiciales ya que las mismas carecen de fundamentos" y agregaron que "al no haber despidos, sino más bien bajas, no se prevé el pago de indemnizaciones”.

Hay 70.000 contratos en la mira
De acuerdo con datos oficiales a marzo, la administración nacional emplea a 330.000 personas, de las cuales 108.000 revisten en empresas públicas y sociedades del Estado, 15.000 en otros entes y 22.000 en Afip. El resto son 40.000 empleados regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, 72.000 en planta permanente y 72.000 con contratos transitorios, según estimaciones de fuentes cercanas al gobierno.

El Ejecutivo avanzó sobre este último grupo con el recorte de puestos en diciembre y marzo pasado, mientras el resto de los contratos los extendió hasta fines de junio. "Echamos a 50 mil empleados públicos, no solo eso, sino que además se están dando de baja contratos, van a caer 70 mil contratos laborales del Estado, eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular”, dijo Javier Milei a fines de marzo pasado.

Consultado sobre la posibilidad de nuevas desvinculaciones, la jefatura de Gabinete recordó que “el Decreto 286/24 establece la posibilidad de renovar las contrataciones hasta el 30 de junio del corriente año, siendo facultad de la Administración Pública renovar o no las mismas para periodos subsiguientes, de acuerdo con las necesidades de servicio, objetivos, responsabilidades primarias y acciones propias de cada dependencia”. Y que no se previó “pasivo Judicial Contingente” por tratarse de contratos por tiempo determinado.

"No se evalúa interrumpir ningún contrato al 30 de junio, fecha de vencimiento de los contratos, cada área definirá como seguir respecto a sus empleados como viene sucediendo", explicaron fuentes oficiales en una jornada en la que ATE realizó protestas en las oficinas de Techint para exigir la reincorporación inmediata de los despedidos y en rechazo a la Ley Bases, que permite la disolución de organismos y avanza sobre el personal de planta permanente.

Si bien el Gobierno sostiene que tiene la facultad de no renovar o rescindir contratos, los especialistas advierten que podrían surgir reclamos. "No hubo análisis de la situación contractual y del servicio que se prestaba, hubo motosierra y eso saldrá también caro porque más adelante lo pagaremos todos cuando se revise judicialmente", explicó Luis Raffaghelli, abogado laboralista y exjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo al diario Clarín.

"Esos despidos de personal con muchos años de contratos que desvirtúan la figura utilizada y constituye un abuso de derecho por el Estado no solo de esta administración, sino también de las que precedieron al no regularizarlos. Por tanto estarían también violando el principio constitucional de protección del trabajo", aseguró Raffaghelli.

En tanto, la presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas, Cynthia Benzion, señaló que "si hay fraude, el juez condenará al estado a pagar indemnización, muchos harán juicio y el Estado termina pagando en bonos y con baja tasa de interés que fija el fuero contencioso".

Los contratos a plazo fijo no pueden renovarse más allá de los 5 años en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que si el empleador excede el plazo se convierten en contratos por tiempo indeterminado. "Su renovación más allá de 5 años es fraude, el trabajador puede reclamar, en el Estado hay planta permanente, transitoria, contratados bajo régimen de Ley de Contrato de Trabajo y monotributo, es un cambalache", dijo Benzion.