El Gobierno nacional avanza con obras e inversiones en energía que buscan respaldo legal para sostenerse en el tiempo. El detalle de los proyectos.

El Gobierno nacional alista una batería de normativas y leyes para generar mayores inversiones en la producción del gas no convencional de Vaca Muerta, el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) para exportación, el plan local de Hidrógeno, los hidrocarburos offshore y en decenas de obras de infraestructura para las energías renovables.

Según reveló la secretaria de Energía, Flavia Royon, se trata de un trabajo conjunto entre funcionarios nacionales, provinciales y empresarios nacionales y extranjeros. “Tenemos la posibilidad de convertirnos en un modelo exportador de energía, que nos permita sustituir importaciones y tener una matriz energética competitiva, con reglas claras y previsibilidad”, indicó la secretaria.

En concreto, las nuevas iniciativas legales apuntarán a sostener en el tiempo los proyectos de GNL del país, el régimen de promoción del Hidrógeno, un marco regulatorio para blindar la exploración offshore frente a Mar del Plata, el lanzamiento de más rondas del Plan GasAr y la integración de proyectos de generación eléctrica por fuentes renovables, que tienen dificultades para incorporarse al sistema por falta de capacidad de transporte.

En el Gobierno evalúan las conveniencias de presentar leyes al Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría y podría complicarse su tratamiento, o darles impulso a través de decretos y resoluciones de la Secretaría de Energía. Para Royon, lo imprescindible es trabajar para darles un marco regulatorio a proyectos que pueden ser “hitos muy importantes” para la Argentina.

En el caso del GNL se busca garantizar las recientes inversiones anunciadas en el marco del millonario acuerdo firmado entre YPF y Petronas para construir la primera planta de exportación de gas argentino al mundo, que también contempla el desarrollo conjunto en petróleo no convencional y petroquímica, un gasoducto, un puerto y soluciones de energía limpia. En una primera etapa, la alianza demandará una inversión de 10.000 millones de dólares para la producción de cinco millones de toneladas de GNL por año y se convertirá en el mayor proyecto de infraestructura energética de los últimos 30 años.

Un estudio de los investigadores Nicolás Arceo, Daniel González y Guido Zack para FundAr aseguró que el GNL necesita una ley específica que sea votada por amplia mayoría, que defina con claridad los requisitos para garantizar tanto el abastecimiento de la demanda local como el de las terminales licuefactoras. Esa ley debe brindar estabilidad fiscal

“Los proyectos que hayan sido aprobados para ser beneficiarios de la ley de GNL no podrán ser afectados por nuevos tributos, aumento de alícuotas, derogación de exenciones, eliminación de deducciones o modificación de procedimientos para que se incremente la base imponible. Debieran, además, analizarse mejoras en los impuestos a las ganancias e IVA, como la amortización acelerada, la deducción de quebrantos impositivos y el reintegro de créditos fiscales”, señalaron.


Rentabilidad

Por el lado de las retenciones a las exportaciones, los tres especialistas coincidieron que su nivel no debería interferir con la “rentabilidad razonable” de las inversiones de este tipo, al tiempo que debería aclarar que, ante ganancias extraordinarias por precios internacionales muy elevados, el Estado puede reclamar su parte. Además, la ley de GNL debería eximir de impuestos las importaciones para disminuir costos y ratificar la exención de Ingresos Brutos e Impuestos a los Sellos para las regalías.

Según el informe, también debería permitir la libre disponibilidad de divisas para las empresas interesadas, un mecanismo de acceso preferencial al mercado de cambios para la etapa de inversión, contratos en firme de largo plazo para el aprovisionamiento, transporte, separación, almacenamiento, logística y exportación, sin posibilidad de redireccionamiento, y obligar que los proyectos se adapten a los estándares internacionales de reducción de emisiones de CO2 y ausencia de emisiones de metano.

“Una vez que están dadas las condiciones, concretar un proyecto de esta envergadura demora entre cinco y siete años. Los beneficios no se van a percibir ni en este Gobierno ni en el próximo, lo que constituye una oportunidad única para que todo el arco político trabaje en función de un objetivo común”, remarcaron Arceo, González y Zack.

Sin embargo, según pudo saber Ámbito, el plan de GNL de YPF y Petronas no sería el único y no está cerrado a que se sumen más jugadores internacionales. La gira de Sergio Massa por Estados Unidos y sus encuentros con los principales directivos de las petroleras Chevron, Exxon, Shell y Total podrían generar más anuncios.

A priori esas cuatro compañías -y otras que también operan en Vaca Muerta- esperan los detalles de lo que sería la Ronda 4 del plan GasAr. La Ronda 3 se formalizó con el Decreto 892/2020 para revertir un declino en la producción de gas del ocho por ciento anual en 2019 y 2020 y subió el precio para los productores de dos dólares el MMm3 (millón de metros cúbicos) a 3,55 promedio. Con este marco, se llegó a romper los récords en no convencionales, con más de 91,15 millones de metros cúbicos por día solo en Neuquén. Si bien el Decreto está vigente hasta 2024, las expectativas de los productores es que se mejoren algunas condiciones para las exportaciones durante el próximo verano y para el invierno 2023, teniendo en cuenta que el primer tramo de 580 km del Gasoducto Néstor Kirchner recién estará operativo a fines del próximo año.

En el sector de los hidrocarburos también consideran necesario blindar con una ley la exploración offshore frente a Mar del Plata. Ilusionados con la posibilidad de concretar un hallazgo que cambie nuevamente la historia energética del país, los inversores reclaman tener lista una normativa que impida vulnerabilidades al proyecto o un freno judicial. Se estima que 10 descubrimientos de petróleo y gas bajo el Mar Argentino podrían implicar ingresos por casi 450.000 millones de dólares.

En el caso del Hidrógeno ya existen varias normativas en las provincias, pero se aguarda por el empuje definitivo a una ley nacional. El país cuenta con una Ley Nacional del Hidrógeno desde el 2006 (la N° 26.123), pero nunca entró en vigencia por no ser reglamentada y ahora los plazos previstos de 15 años para el régimen de promoción se vencieron. Una de las nuevas leyes, la impulsada por la PlataformaH2 Argentina, impone otros 20 años de beneficios impositivos y facilidades para la importación de bienes de capital, además de estabilidad fiscal por el mismo período de tiempo para todo proyecto que sea aprobado para incorporarse al régimen. Esta iniciativa todavía no pasó el debate de comisión en Diputados, pero varios expertos ya detectaron que necesitará retoques.

En tanto, el Gobierno nacional tiene casi lista para anunciar en las próximas semanas otra ley nueva surgida de la Estrategia Nacional de Hidrógeno 2030 (EAH2). Este texto se trabajó durante varios años en el área de Asuntos Estratégicos de Gustavo Béliz y ahora está bajo revisión de la gestión de Mercedes Marcó del Pont. Faltaría que se comparta con Energía para ultimar detalles y se ponga a criterio de las provincias patagónicas, que están llamadas a integrar un consorcio científico técnico inversor junto a empresarios privados nacionales y extranjeros. Se estima que de cara a 2050 hay un potencial de exportación de Hidrógeno estimado en 15.000 millones de dólares.

Por último, el Poder Ejecutivo avanza con el Plan Federal de Transporte Eléctrico III, aprobado recientemente con la Resolución N° 593/2022 de la Secretaría de Energía, que permitirá cubrir el actual déficit de transporte, con cientos de obras de infraestructura energética. El Plan Federal prevé inversiones por 1.100 millones de dólares en zonas postergadas de cada una de las provincias y apunta a permitir la integración de proyectos de generación eléctrica por fuentes renovables, que tienen dificultades para incorporarse al sistema por falta de capacidad de transporte.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya abrió una línea de crédito para que Argentina avance con el Plan y se aprobó una primera operación de 200 millones de dólares para la construcción de líneas de 132 kV y estaciones transformadoras, que contará con un aporte adicional de 100 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otros 100 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

En julio pasado, a pedido de la Secretaria, se recibieron además unas 480 ideas tanto de actores públicos como privados para desarrollar los Mercados Eléctricos Regionales, en el marco del Plan Federal. Los proyectos abarcan un amplio abanico de tecnologías como Solar Fotovoltaico, Solar Fotovoltaico combinado con Almacenamiento, Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos, Eólicos, Biomásicos, Biogás, Biogás de Relleno Sanitario, Híbrido de Solar y Eólico, Híbrido de Gas Natural más Hidrógeno, Almacenamiento por Baterías, Térmicos Eficientes, Optimización de Equipamiento de Transporte. Ahora falta que se elijan los más convenientes y se los incluya en una normativa que los impulse a largo plazo.

Fuente: Ambito