El gobierno de Javier Milei desactivó la convocatoria que planificaba para antes de fin de mes del Consejo del Salario para actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Es en respuesta a la tensión con la CGT y otras centrales obreras y sociales por el paro y la movilización del 24 en protesta por el paquete económico del oficialismo.

Según consignó Mariano Martín este martes en Ámbito, el piso de ingresos es de 156 mil pesos desde diciembre pasado y sólo en ese mes, en el que el valor tuvo su última suba de 8,5 por ciento, la inflación fue de 25,5 por ciento. La variable económica más crítica que depende del salario mínimo es el valor de los planes sociales, que se ajustan de manera automática y del cual dependen más de 1,2 millón de beneficiarios, y también incide en los haberes jubilatorios y el seguro por desempleo.

El llamado en enero al Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue una de las primeras confirmaciones del Gobierno. El propio secretario de Trabajo, Omar Yasín, había situado ese debate entre sindicalistas y empresarios entre el 20 y el 30 de este mes.

Su pronóstico, claro, había sido hecho antes de que la CGT declarase un paro de 12 horas para el 24 y contara para la ocasión con la adhesión de las dos CTA y el grueso del arco de los movimientos sociales tanto para esa medida como para la marcha proyectada al Congreso.

El piso salarial fue una de las instituciones que reactivó Néstor Kirchner durante su presidencia y desde entonces nunca se discontinuó. En aquel momento fue clave como parámetro para otras negociaciones salariales y, en menor medida, para el impacto directo sobre una porción de los trabajadores no regidos por convenios colectivos.

Este último número se hizo cada vez más exiguo a medida que los sueldos formales crecieron por encima del mínimo y la mayor incidencia del salario base pasó a ser el valor de los planes sociales. En la actualidad los beneficiarios del Potenciar Trabajo cobran 78 mil pesos, la mitad de un salario mínimo.

La paradoja es que el Consejo del Salario cuenta con 32 miembros repartidos a medias entre representantes de centrales obreras (la mayor parte, de CGT, y algunas sillas para las dos CTA) y las cámaras patronales (comercio, industria, construcción, banca, pymes y bursátil) que deciden el valor de un índice que en un caso sus representados no cobrarán, y en otro no pagarán. Sólo el Estado, que suele oficiar de árbitro, es el pagador real del salario mínimo. También, porque garantiza el piso de los haberes jubilatorios y ajusta el valor del seguro por desempleo.

Ayer Héctor Daer, cosecretario general de la CGT, aprovechó su participación en el Congreso en el debate del DNU para reclamar "la urgente convocatoria" al Consejo del Salario. Hasta el gobierno anterior la central obrera planteaba por lo bajo la importancia de un desenganche de los planes sociales del Consejo para evitar que las discusiones por intereses distintos quedaran mezcladas.


Alberto Fernández llegó a evaluarlo pero lo descartó por presión de los grupos piqueteros, que se valen de la negociación llevada adelante por las centrales obreras para obtener actualizaciones de los planes, o al menos así fue hasta el año pasado.

En los números con los que cuenta el Gobierno el salario mínimo experimentó el año pasado una suba de 124 por ciento entre abril (la primera de las tres convocatorias de ese período) y diciembre contra una variación de 156 por ciento en la canasta básica. La pérdida neta de poder adquisitivo es atribuible a la gestión de Fernández. Y sólo en diciembre, cambio de gobierno mediante, perdió 15 por ciento de poder de compra. En la serie histórica hay que remontarse hasta antes de 2004 (previo a la reanudación del Consejo del Salario) para encontrar un piso de ingresos más bajo que el actual.