Organizaciones Laicistas de Argentina (OLA) promueven una iniciativa popular que derogará normas de varias dictaduras que confieren privilegios a la Iglesia Católica Argentina (Icar). El proyecto “es un paso político muy importante porque por un lado se derogan disposiciones aprobadas durante dictaduras y, por el otro, se dejaría de violar el principio de igualdad desde el Estado”, afirmó a AIM el codirector y vocero de la Asociación Internacional de Librepensamiento, Fernando Lozada.
Desde OLA “se lleva adelante una iniciativa popular (una forma semidirecta de democracia), que permite que con 514.000 firmas se pueda peticionar para que el Congreso de la Nación trate un proyecto, que en este caso pretende eliminar Leyes que benefician a la Iglesia Católica que fueron aprobadas durante la dictadura”, contó a esta Agencia Lozada.
En ese marco, explicó que el texto (que tiene dos artículos de fondo y uno de forma) dispone la derogación de las Leyes (21.540, 21.950, 22.162, 22.430 22.552 y 22.950) y de los decretos (9471/43, 17917/43, 12958/57, 11473/61, 6290/69, 1941/73, 2037/79 y 1.991/80), es decir, “se busca derogar normas aprobadas en diferentes dictaduras -desde la década del ‘40-, porque la Icar tuvo privilegios en todas las dictaduras”.
Además, contó que el espíritu de la iniciativa tiene dos planos: simbólico y económico. En el campo simbólico “se pide que se saquen nombramientos de vírgenes como Generalas del Ejército, Almiranta de la Armada, etc”, y en lo económico “se sacarían los sueldos a Obispos, Arzobispos, auxiliares, curas párrocos de frontera y eliminación de subsidios a seminarios, es decir, todo lo que sostiene el culto desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina”, contó.
Sin embargo, Lozada aclaró que la derogación de estas normas y decretos “solo representa un porcentaje muy pequeño de los recursos que recibe la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero es un paso político muy importante porque por un lado se derogan disposiciones aprobadas durante dictaduras y, por el otro, se dejaría de violar el principio de igualdad desde el Estado”.
Problemas de forma
Con el objetivo claro, ahora OLA busca destrabar los mecanismos que impiden ingresar el anteproyecto en el Congreso de la República, ya que para promoverlo se precisan firmas pero no se puede iniciar la campaña de recolección ya que está acéfalo el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, que es quien verificaría que están dadas las condiciones de posibilidad para llevar adelante la campaña. Ante ese escenario se realizó una acción de amparo para que se declare inconstitucional la Ley que impide que se pueda ejercer un derecho. La justicia falló a favor de las organizaciones sociales, pero aún no se sabe cómo seguir por lo que se apeló para que se pueda comenzar a recolectar firmas.
Más allá de la vía judicial, OLA también interpeló a legisladores nacionales en el Parlamento para pedir que se nombre el Defensor del Pueblo y a buscar apoyos para el anteproyecto de Ley, para que sea aprobado cuando llegue al recinto, contó Lozada.