En Diputados, se discuten cuatro proyectos de la ministra de Seguridad que convalidan la doctrina Chocobar, las escuchas o allanamientos sin orden judicial específica y el intercambio de datos privados con agencias extranjeras.

Patricia Bullrich volvió a la carga con uno de sus caballitos de batalla: bajar la edad de imputabilidad. Mientras tanto, empezaron a discutirse en la Cámara de Diputados cuatro proyectos de ley que envió al Congreso con los que busca, entre otras cosas, convalidar la doctrina Chocobar y habilitar vías de intercambio de información con agencias de inteligencia extranjeras.

La ministra de Seguridad recuperó cierta centralidad en la agenda del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) durante esta semana, después de convertirse en una de las protagonistas del anuncio de la puesta en marcha del sistema acusatorio en la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario. Desde la administración de Javier Milei, se presentó la iniciativa motorizada particularmente por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, como una estrategia para hacerle frente al narco. Sin embargo, la primera noticia que publicó la web Fiscales no demostró que el ímpetu esté especialmente en la persecución del tráfico de estupefacientes sino en investigar a dos hombres que compraron siete ovejas con dólares falsos.

Dispuesta a permanecer en el candelero, Bullrich insistió con que el gobierno quiere dar una discusión para bajar la ley de imputabilidad –algo que ya había anunciado también Cúneo Libarona. “Todavía se está discutiendo la edad: si es catorce, si es trece como Uruguay o si es doce como Brasil”, dijo la ministra de Seguridad en una entrevista con Radio Mitre.

“Estamos estudiando cómo ha impactado en la población”, agregó y advirtió que el gobierno debe ceñirse a los convenios internacionales. De hecho, desde 2005, está en vigencia la ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que hace de aplicación obligatoria la Convención sobre los Derechos del Niño.

En Argentina -donde aún rige el régimen penal de Minoridad adoptado durante la última dictadura– los menores de 16 años no pueden ser juzgados, aunque sí pueden ser enviados a institutos penales. La Convención sobre los Derechos del Niño exige a los Estados miembros que establezcan una edad mínima por debajo de la cual se presume que los niños o las niñas no han infringido la ley penal. En el caso de Brasil, son los doce años; en el de Uruguay son los trece.

Durante el gobierno de Cambiemos, Bullrich promovió una baja de la edad a quince años. No tuvo éxito. Entre otras organizaciones y expertos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) le respondió que bajar la edad de imputabilidad no mejora la seguridad, sino que vulnera derechos.

Más allá de este anuncio impreciso, Bullrich viene impulsando una reforma normativa –que había sido presentada en sociedad en una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada junto con el ministro de Defensa, Luis Petri. En ese momento, días antes del aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976, el anuncio principal había sido que iban a enviar al Congreso una reforma de la ley de Seguridad Interior para habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de seguridad interior. El proyecto, por el momento, no vio la luz.

El 16 de abril pasado, el Ministerio de Seguridad informó que había mandado cuatro proyectos al Congreso, que este miércoles empezaron a ser discutidos en las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior. “Estos cuatro proyectos –que son uno peor que el otro– implican una reforma total del Código Penal: de lo que significan las penas y de las proporciones entre los delitos, es decir, hay delitos que Patricia Bullrich decide deliberadamente que pasan a tener penas de ocho a 20 años”, ejemplifica la diputada Myriam Bregman, del FIT-U.

Uno de los proyectos es conocido como antimafia –basado en legislación estadounidense e italiana. Esta propuesta amplía de 24 a 48 horas el plazo por el que una persona puede estar detenida por averiguación de comisión de un delito. Además, habilita allanamientos con una orden judicial “extendida” en una zona o domicilios relacionados. Esto implica, por ejemplo, que las fuerzas de seguridad fueron autorizadas a registrar una casa, pero, si en el ínterin deciden que podría haber prueba en otra, podrían ir sin pedirle permiso a un juez. También se las habilita a interceptar comunicaciones, redes sociales o plataformas con autorización del Ministerio Público Fiscal y posterior aviso al juzgado.

Hay un punto de ese proyecto que posiblemente genere conflictos al interior del propio gobierno: es la habilitación a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal –conocida como Dinicri– a realizar intercambios de información sin orden judicial con agencias extranjeras. A priori, esa habilitación se choca con la Ley de Inteligencia, que dice que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es la única que puede intercambiar inteligencia con organismos del exterior.

Bullrich está dispuesta a pulsear por ser el contacto de la central de inteligencia estadounidense (CIA) o el bureau federal de investigaciones (FBI). El mes pasado, mantuvo reuniones con ambas agencias. Fue después de que circulara la versión de que el jefe de gabinete, Nicolás Posse, pretendía sacarle el control de la Dinicri para que pasara a funcionar conjuntamente con la AFI.

Otro de los proyectos –el de Orden Público– valida la llamada doctrina Chocobar, que habilita a los agentes de seguridad a disparar. También dice que si una persona inicia una “acción delictiva” y es herida por un policía no puede reclamar una indemnización. Si muere, sus familiares no pueden siquiera buscar justicia y actuar como querellantes. Éste es uno de los temas sobre los que viene advirtiendo la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que convocó a una charla para el próximo lunes sobre las implicancias del proyecto.

Otro de los puntos de la iniciativa es que se eleva la pena para el delito de resistencia a la autoridad, que es el que generalmente se aplica a manifestantes. Pasaría, de esta forma, a tener una penalidad de tres años y medio, lo que implicaría un cumplimiento efectivo. Para aquellos que sean acusados de atentar contra una autoridad con palos o piedras, se prevén penas de cuatro a seis años.

Bullrich también impulsa la ampliación del registro nacional de datos genéticos, que únicamente estaba contemplado en la actualidad para delitos vinculados contra la integridad sexual. Según explicó la defensora Silvia Martínez, podría implicar que hasta estén almacenados los datos genéticos de una persona acusada por injurias. Habilita también esta propuesta el intercambio de información con otros países.