La “Ley Benjamín”, que en agosto en la Cámara de Diputados bonaerense, es la primera que busca atender a chicos con altas capacidades e incluso permitirles saltear cursos. La historia del niño que dio origen al proyecto.

Hace poco más de un año, la historia de Benjamín Equiza tomó estado público. El niño, diagnosticado como superdotado, había cursado medio año de tercer grado hasta que el ministerio de Educación bonaerense lo obligó a repetir, a hacer de nuevo segundo pese a que había aprobado todas las materias. Ahora un proyecto de ley lleva su nombre y pretende evitar que otros chicos atraviesen situaciones similares.

La “Ley Benjamín de Educación para Niñas, Niños y Adolescentes con Altas Capacidades Intelectuales” ingresó en agosto en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El proyecto es inédito en el país: busca establecer un marco regulatorio para la detección y abordaje integral de los chicos con altas capacidades intelectuales (ACI) desde el jardín hasta la secundaria en las escuelas públicas y privadas bonaerenses.

“Se calcula que el dos por ciento de los chicos son superdotados. Si bien parece un número que no tiene importancia, la matrícula escolar de la provincia está compuesta por cinco millones de alumnos. Por lo cual, 100 mil serían superdotados y, hoy por hoy, los casos detectados son muy pocos porque no hay capacitación para el diagnóstico. Un montón están a la deriva y pasándola mal”, señaló a Infobae Soledad Heit, madre de Benjamín.

Desde que el caso de su hijo tomó notoriedad, Soledad recibe decenas de consultas de familias que buscan asesoramiento. Ella trabajó junto a Claudio Frangul, diputado provincial de Juntos, en la letra chica del proyecto que, en los próximos días, después de que sesione la Cámara, tomará estado parlamentario. “Somos optimistas en que el Frente de Todos va a acompañar. Desde hace meses estamos en diálogo con el ministerio de Educación, que tuvo un cambio de actitud, para ayudar a los chicos con ACI”, expresó la madre.

El proyecto de ley entiende por altas capacidades a “aquellas que demuestran un nivel de aptitud sobresaliente, definida como una capacidad excepcional para razonar y aprender, o competencias tales como desempeño o rendimiento que los sitúe por encima respecto al grupo normativo en uno o más dominios”.

De aprobarse, la Dirección General Cultura y Educación (DGCyE) crearía bajo su órbita una dependencia específica encargada de implementar programas de capacitación obligatoria a docentes, de impulsar la temática en los contenidos de las currículas que se utilizan para formar futuros maestros y de realizar el proyecto pedagógico individual o la adaptación curricular correspondiente de acuerdo a las necesidades del chico. También podrá permitir la participación de un tutor perteneciente a la escuela o un asistente externo que acompañe al alumno.

Incluso la nueva dependencia tendría entre sus atribuciones evaluar la pertinencia de la promoción total o parcial de uno o más cursos. Es decir, de adelantar un estudiante y que no tenga que cursar todos los grados; algo que, en el sistema educativo, muy apegado al avance cronológico por edad, es infrecuente.

En caso de que una escuela no atienda las necesidades de un chico con ACI, el proyecto contempla sanciones. En primer lugar, un apercibimiento que en una segunda instancia puede derivar en una multa de entre 10 y 500 sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la administración pública provincial. Las familias podrán interponer un recurso ante la autoridad de aplicación que se creará. Una vez agotada la vía administrativa, entonces sí podrán recurrir a la Justicia.

La historia de Benjamín

En agosto Benjamín cumplió ocho años. Fue el primer cumpleaños de toda su trayectoria escolar en el que todos sus compañeros le mandaron mensajes saludándolo. “Mamá, ¡soy querido!”, le dijo incrédulo a su madre. Por primera vez, se siente parte de un grupo.

Benjamín integra el grupo de chicos con altas capacidades intelectuales. Cuando estaba en jardín se aburría. Ya sabía leer y escribir, conocía las tablas de multiplicar y nadie se lo había enseñado. En el consultorio, la psicóloga determinó que era superdotado con “múltiples potencialidades”, con una facilidad inusual para matemática, pero también un “alto razonamiento verbal, poder de abstracción e inteligencia rica y muy creativa”.

Con ese diagnóstico lo pudieron adelantar un año: saltó de sala de cuatro a primer grado en un colegio privado de La Plata. Pero la historia se repitió: lo que enseñaban ya lo sabía; lo que a sus compañeros les costaba varias clases, él lo incorporaba de inmediato. La familia decidió que rindiera libre segundo grado en la Ciudad de Buenos, con un título de validez nacional, y que cursara directamente tercero.

Ahí llegó la traba. La Dirección General de Educación Privada (Diegep), que está en la órbita del ministerio bonaerense, desconoció el certificado de Caba y pretendió obligarlo a repetir pese a haber superado la prueba de segundo grado con sobresaliente. Lo llamativo fue que, en 2020, por el cierre de las escuelas, todos los chicos de la Argentina promocionaron el curso sin necesidad de aprobar ninguna materia. A Benjamín, que sí las había aprobado, se le exigió que recursara.

En ese momento, los padres presentaron una medida cautelar que le permitió al niño seguir cursando tercero. Tras un sinnúmero de evaluaciones y dilaciones, el 10 de febrero -a pocos días de iniciar el ciclo lectivo- llegó el primer fallo del juez Federico Atencio, del Juzgado de Garantías1 de la provincia de Buenos Aires. La sentencia revalidaba el certificado de Caba y rechazaba la orden de retroceso del ministerio. Así, el chico estaba en condiciones de empezar cuarto grado.

Pese a resultar favorable, la abogada de la familia, Fabiana Rogliano, planteó una revisión al fallo. Pretendía que también el juez le ordenara a la DGCyE diseñar un programa pedagógico a la medida de Benjamín. El 3 de marzo, el juez Atencio atendió el pedido y solicitó al ministerio enriquecer la currícula de acuerdo a las necesidades del chico.

Ahora su nombre, Benjamín, es el título del primer proyecto de ley provincial que busca amparar a chicos que, como él, no encajan en el sistema. “Le agradezco al ministerio haber sido tan malo conmigo porque eso nos dejó llegar hasta acá y que ningún nene más pase por esto”, dice hoy.

Fuente: Infobae