Con un proyecto enviado por el Ejecutivo provincial, la Legislatura adhirió al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones que tendrá alto impacto ambiental. La oposición cuestionó la falta de debate sobre los alcances y tildó la delegación de facultades como un “cheque en blanco”.

La Legislatura de Córdoba aprobó el miércoles la adhesión a la ley nacional que impulsa el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi), incluido en la Ley Bases de Javier Milei, y ahora sancionado en Córdoba con un proyecto enviado por el Ejecutivo provincial. La versión local incorporó “beneficios extras” para Córdoba con el objetivo de atraer más capitales, según argumentó el oficialismo.

El proyecto enviado por el gobernador Martín Llaryora -que ingresó 24 horas antes- se salteó el debate en comisiones y fue tratado sobre tablas pese a los reclamos opositores. Al final de la noche del miércoles, con una protesta de sectores socio ambientales afuera de la Unicameral, el PJ logró reunir los votos y darle vía libre al Rigi en la provincia.


Pero, qué es el Rigi

La normativa establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para fomentar proyectos de inversión de gran envergadura en sectores que el Gobierno nacional denomina “estratégicos” por el impacto que tienen en la economía.

Apunta a inversiones cuya magnitud supere los 200 millones de dólares, según la Nación para que “mejoren el clima de negocios” y se atraiga tanto inversores locales como extranjeros, aunque dado el tamaño de las inversiones requeridas es posible que los proyectos de mayor porte provengan de capital extranjero.

Entre los sectores a los que apunta el Rigi, están: minería (explotación de minerales), tecnología (desarrollo de bienes y servicios tecnológicos innovadores con foco en la biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial, entre otros), siderurgia (industrialización y procesamiento de hierro, acero y aleaciones), forestoindustria (industrialización y explotación de recursos forestales), turismo (relacionado al desarrollo de hospedajes, alojamientos y otras infraestructuras turísticas), infraestructura (construcción de redes y sistemas públicos y privados que incluyan transporte, logística y proyectos de esparcimiento), energía (generación y distribución de energía, incluyendo fuentes renovables, como así también proyectos energéticos de gran envergadura en energías renovables como no renovables), petróleo y gas (incluye exenciones de derechos de importación para infraestructura relacionada con la explotación de hidrocarburos, petroquímica y gas natural licuado).


Superpoderes al Ejecutivo provincial

“Hay actores del entramado productivo que no fueron escuchados, donde sabemos que también hay muchos temores porque son sectores -como el caso de las pymes- que podrían verse perjudicados por incentivos dirigidos a actores que pueden entrar en una suerte de competencia desleal con productores locales”, dice a LNM la legisladora Brenda Austin (UCR) sobre la falta de debate en comisión del proyecto oficialista que además, en su artículo tres, delega facultades al Gobernador para determinar quiénes serán los beneficiarios de los “millonarios incentivos” para invertir.

Para Austin, no puede existir una ley que brinde beneficios a inversores por 30 años con estabilidad fiscal y normativa y cuya decisión “quede en manos de una sola persona”.

“El gobernador puede determinar la ampliación de los beneficios del Rigi sin siquiera establecer un límite a las categorías o actividades que puede llegar a alcanzar o cuáles son esos tipos de beneficios que podrían obtenerse”, cuestiona la legisladora provincial y agrega que “una pregunta muy atinada” que se hizo en la sesión del miércoles fue “cuánto vale esa firma” ante tanto poder delegado para otorgar beneficios a grandes inversores.

“Creemos que esa era una de las razones más fuertes por las que gran parte de la oposición votó en contra. Este artículo de delegación de facultades abre un universo muy incierto con respecto al verdadero alcance que va a tener el Rigi en Córdoba”, explica Austin y añade que esto va a poner en riesgo a los actores que hoy representan el gran empleador de la provincia que son las pymes, que dan más del 80 por ciento de la mano de obra de Córdoba.

Tras la adhesión al Rigi con una versión local, para la referente de la UCR ahora se abre un nuevo capítulo que tiene que ver con cómo se reglamentará y cómo se controlará dicha normativa: “Estamos pensando alternativas para que este superpoder en manos del Gobernador sea estrictamente controlado, algo que tampoco está en el proyecto aprobado y que por lo menos la Legislatura de los ciudadanos tengamos derecho a saber a quiénes les van a estar otorgando estos beneficios”.


El artículo 165 y la vulneración de leyes ambientales

“Nosotros somos muy críticos con lo que implica en términos de entrega porque hasta los propios empresarios a nivel nacional estaban sorprendidos de la generosidad de todo lo que se ofrece el Rigi, prácticamente sin nada a cambio, porque estas inversiones tienen pocos condicionamientos”, dice a este medio la legisladora Luciana Echeverría del MST en el Frente de Izquierda Unidad en Córdoba, uno de los espacios más críticos con la normativa y que forma parte de la campaña plurinacional en contra del Rigi y su impacto en los recursos nacionales.

Echeverría indica que la legislación a la que adhirió Córdoba plantea que la utilización de divisas se libera completamente en el tercer año y por lo tanto, los inversores “se pueden llevar todo y no dejar nada acá”. En los primeros años, la inversión puede llegar solo al 40 por ciento y podría en algunos casos reducir al 20 por ciento por lo que “ni siquiera van a ser dólares que van a ingresar rápido”, dice la legisladora y agrega: “Todo esto también con beneficios por 30 años con lo que significa eso”.

Por otro lado, entre las mayores críticas sobre todo de sectores ambientalistas, se hace foco en el artículo 165 de la ley que establece que las “grandes inversiones que califiquen y se concreten bajo el Rigi son de interés nacional y resultan útiles y conducentes para la prosperidad del país”, por tanto, “cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido”, tanto a nivel nacional, provincial o municipal “será nula, de nulidad absoluta e insanable”, y la Justicia competente deberá, en forma inmediata impedir su aplicación.

“Esa parte es la que más nos preocupa, que deja sin efecto leyes ambientales que con tanta lucha y esfuerzo se fueron conquistando a lo largo de los años, más allá que tampoco se las cumple mucho, pero son herramientas de protección que quedarían sin efecto para favorecer estos tipos de emprendimientos”, destaca Echeverría y puntualiza que el discurso del oficialismo “por lo bajo dice que acá no hay litio ni petróleo y que entonces no afectaría el medioambiente, pero hablan incluso de una planta de "biojet" para aviones, donde ya sabemos que toda la producción de biocombustibles implica a la ampliación de las fronteras agropecuarias, el uso de agroquímicos, desmontes, y demás”.

“Otra de las cosas que plantean es la producción de cal para la industria del cobre, lo cual significa dinamitar las sierras. Y también los tipos de emprendimientos turísticos como un parque acuático -como ya se venía diciendo-, en la zona de Paravachasca que sufre estrés hídrico y ponerle un parque acuático, es complejo”, agrega Echeverría.

Para la legisladora, lo que ofrece el Gobierno "es mucho más que solo beneficios". Cuando la Provincia plantea facilitar infraestructura, puede ser más autovía, más rutas. Es decir, “por todos lados afectaría al ambiente” y es una normativa que, como lo dicen organizaciones como Fundes, en ningún lado establece la necesidad de hacer estudios de impacto ambiental ni hacer procesos de audiencias públicas, nada. “La ley no habla de sanciones a la violación de normas protectoras porque justamente el artículo 165 va para el lado contrario, es una entrega de soberanía completa porque las condiciones son realmente complejas”, plantea Echeverría.


Judicialización del Rigi

“Lo primero que hay que decir es que es básicamente una norma inconstitucional y será inevitable que se judicialice porque no se puede a través de una norma ignorar el cumplimiento incluso de tratados”, dice el biólogo y ambientalista Raúl Montenegro, que forma parte de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (Funam). “En el caso del Rigi, no solamente colisiona con la Constitución sino también con el acuerdo de Escazú- que es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y además, es el primero en el mundo en contener disposiciones de protección a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales-. Además, va en contra de la base del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos indígenas”, plantea.

En la misma línea de cuestionamientos, Montenegro indica que cualquier proyecto que entre en la norma del Rigi será provisto de una serie de inmunidades para los daños ambientales, es decir que la propia definición el Rigi lo que hace es institucionalizar inversiones de alto impacto ambiental sin consecuencias legales a quienes hagan ese tipo de impacto negativo ambiental.

“Sin eufemismos, el Rigi es una normal hecha para impactar el ambiente y en el caso de Córdoba, entre las provincias con peor administración ambiental en el país, llega en un momento de vulnerabilidad ambiental extrema, donde por ejemplo, queda menos del cuatro por ciento de la superficie original del bosque nativo”, puntualiza el biólogo y agrega que en cuanto al cuidado ambiental, “la gestión Llaryora continúa en la misma línea que el gobierno anterior, solo que con más utilización de pintura verde”. Para Montenegro, “el Rigi entra perfectamente en ese esquema porque tanto la gestión de Schiaretti como la de la Llaryora, directamente no entienden lo que es biodiversidad, y esto es clave porque es el principal problema ambiental de la provincia”.

El biólogo explica que, si una provincia no tiene suficiente ambiente con biodiversidad, el funcionamiento de las cuencas hídricas, la regeneración de suelo, la resistencia al cambio climático, todo eso se ve dificultado: “Lamentablemente el Rigi no deja de ser una herramienta de alto impacto en lo ambiental e ingresa a una provincia donde no se protegen en términos generales el ambiente ni la biodiversidad. Es por ello, que no se puede aprobar el proyecto de estas características”.

A nivel local, para Montero, el Rigi vulnera la Ley 7343 que es la primera legislación de ambiente de Córdoba, sancionada hace casi 40 años y que tiene por objetivo la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio provincial. “El Rigi destroza todo lo que, a partir de entonces, y pese a los gobiernos, se fue agregando”, dice y agrega: “La insensatez con que está hecha la norma sobre el Rigi hace que tenga que ser muy poderosa las movilizaciones tanto a nivel administrativo, judicial y a nivel público porque muestra que no les importa el futuro de las nuevas generaciones”.

Fuente: La Nueva Mañana