Aún resta conocer qué sucederá con la multa de 171 millones de pesos impulsada en 2016 desde la Procuración General de la Provincia.

A siete años de la firma de un acuerdo de reforestación que incumplió recurrentemente, la Justicia salteña impuso una multa de casi 68 millones de pesos a Juan José Karlen, quien debía recomponer un ambiente donde había demostrado 11 mil hectáreas, casi equivalente a la superficie de la ciudad de Salta, que tiene 12 mil hectáreas.

La multa dispuesta por la jueza Viviana Yance, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), fue en respuesta a un pedido de la fiscal civil de Tartagal, Rosa Vélez.

Esta decisión es en relación a un desmonte que desde 2012 venían denunciando campesinos e indígenas del departamento San Martín. Las denuncias no encontraron eco en aquel momento, incluso la Secretaría de Ambiente de la provincia hasta llegó a negar la existencia de las topadoras.

Pero en abril de 2013 la propia Afip comprobó que el desmonte de 11 mil hectáreas era real. Fue en el marco de una inspección en la que encontró a personas en situación de trabajo esclavo.

Recién ante la evidencia se impulsaron acciones. En 2016 la Procuración General de la Provincia, entonces a cargo de Pablo López Viñals, pidió que se le aplicara a Karlen una multa de 171.413.473 pesos.

El finquero pidió una conciliación en la que consiguió un acuerdo judicial para restaurar el bosque nativo. Sin embargo, nunca cumplió este compromiso. Hubo reiteradas instancias para tratar de avanzar en la remediación ambiental, y reiteradas conciliaciones sin que se cumplieran tampoco estos otros acuerdos para tratar de reparar el monte destruído.

Denuncias de lugareños de Dragones (pueblo ubicado en el límite de los departamentos Rivadavia y San Martín) dieron cuenta de que en esos años en que las tierras debían restaurarse seguían siendo explotadas con diversas producciones. La finca nunca fue clausurada.


Incumplimiento sistemático

“El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente el compromiso de ceder sus pretensiones agropecuarias sobre 11 mil hectáreas desmontadas clandestinamente y acordó con la Procuración General de la provincia de Salta un plan de recomposición ambiental que debía abarcar toda la finca y extenderse por 30 años”, explicó ayer la Procuración General al recordar la fecha en la cual el bosque debía comenzar a ser reforestado. Los estudios que en ese momento se hicieron determinaban que antes del desmonte se había clasificado a la superficie en un estado “bueno”.

Entre otros objetivos del acuerdo, se contemplaba la creación de un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, la forestación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea y una importante inversión en materia social, incluyendo a comunidades aborígenes y criollas.

Finalmente, en el acuerdo homologado el 3 de diciembre de 2018, se estableció que en caso incurrir en omisiones, la finca quedaría afectada como área protegida privada hasta su total recomposición natural.

“Desde entonces, la fiscal Civil, Comercial y Laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, ha reclamado sistemáticamente el cumplimiento del acuerdo y ha reiterado inspecciones técnicas con personal del CIF, Bosques de la Provincia e Inta, sin resultados apreciables”, indicó la Fiscalía.

La fiscal requirió la multa por incumplimiento que finalmente fue consentida por el Juzgado, intimando a Karlen a cumplir desde el 19 de mayo de 2020. Desde ese momento los procedimientos judiciales se continuaron recurrentemente.

Finalmente, el pasado 30 de mayo la jueza Viviana Yance resolvió que, como ya hace cuatro años que se intima a la firma a cumplir cabalmente con su resolución del 3 de noviembre de 2020 sin éxito, "corresponde rechazar todos los planteos de nulidades de Karlen". Y ordenó formar expediente de ejecución de la deuda líquida y exigible a diciembre de 2023 por $67.920.000,00 en contra de la demandada.


“No se da una buena señal”

El desmonte de Karlen es uno de los casos emblemáticos que mencionó la asociación ambientalista Greenpeace para pedir que el desmonte sea categorizado como un delito penal. Pero el proyecto de ley nunca prosperó y quedó sin estado parlamentario.

“No se da una buena señal”, dijo el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, más aún cuando en el Día del Ambiente (que se conmemoró ayer), surge que se otorga una multa por incumplimiento, 103 millones de pesos menos que la multa que se había impulsado originalmente por desmontar. Si bien la actual es por los incumplimientos al acuerdo aceptado.

En mayo de 2017, López Viñals (ahora juez de la Corte salteña) hablaba de que la demanda millonaria contra Karlen “había entrado en una etapa decisiva”, ante los incumplimientos. Al tomar el dato entre abril de aquel año y abril de 2024, los registros indican que la inflación acumulada fue de 5.250 por ciento. Según ese índice, la actualización llevaría la multa a casi 9 mil millones de pesos.

“Lo importante es la restauración y que vuelva el bosque”, añadió Giardini al recordar que siempre se apuntó contra las multas porque el costo del incumplimiento también se incorpora en el costo de los desmontes.

“Todos estos años se llenaron los bolsillos”, al continuar con la producción en las tierras cuando “las deberían haber restaurado”, cuestionó el coordinador. Sostuvo que para ello es preciso que se clausure la finca de una vez por todas. “Es uno de los desmontes ilegales más grandes de los últimos años y le van a aplicar una multa menor a la original”, insistió en la crítica.

Fuente: Página 12