Dos organismos que hace diez días pasaron formalmente a la órbita del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, avanzaron en las últimas horas con un envío grueso de telegramas de despido. El Gobierno desvinculó, con argumentos operativos y políticos, a 200 trabajadores de AySA y a 50 funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

En el Ejecutivo sostienen que despidieron a empleados que “no cumplían sus tareas”, además de apartar a funcionarios que venían de la gestión anterior.

La baja de contratos en esas estructuras se inscribe en una serie de recortes de personal en distintas sociedades del Estado, que la gestión libertaria pretende ajustar, ya sea para reducir gastos o para prepararlas para una eventual privatización. En la Administración General de Puertos (AGP) hubo 140 despidos en los últimos días. Y en Aerolíneas Argentinas, se abrió un proceso de retiros voluntarios.

En otras sociedades del Estado del área de transporte, como Trenes Argentinos (que tiene alto déficit), ya comenzaron los movimientos internos para ajustar el personal en distintas áreas. Y aún resta conocer lo que pasará con Corredores Viales, que días atrás pasó a la órbita de Posse.
En la página web de esa empresa -que gestiona las rutas concesionadas- aún figura como presidente Gonzalo Atanasof, que fue designado presidente de Loterías de la provincia de Buenos Aires.

Un caso aparte es el de Télam, cuyos 700 empleados fueron licenciados por una semana cuando aún el Gobierno no tenía definido, desde lo jurídico, el futuro de la agencia de noticias estatal.

Según publica el diario La Nación, los ajustes de personal en las sociedades del Estado son el preludio de una guadaña mucho más importante que se prevé en la administración nacional para fines de este mes.

Es que en todo el Estado hay empleados que a fin de año renovaron sus contratos solo por 90 días y ese período culmina a fines de marzo. El decreto 84/2023 del 23 de diciembre había fijado la caída de todos los contratos de los empleados estatales que habían iniciado sus funciones durante el año pasado, una medida que impactó en unos 7000 trabajadores públicos. La segunda parte de ese decreto fijó que el resto de los empleados con modalidad de contrato (los que no integran la planta permanente) renovaría su situación por tres meses y sería sometido a un “relevamiento exhaustivo” para que las autoridades evalúen, caso por caso, la continuidad de sus contrataciones.

En todos los ministerios y organismos, los funcionarios de Milei vienen auditando a sus recursos humanos para detectar qué funciones cumplen sus empleados y si asisten a trabajar. Lo que se espera, según distintas fuentes oficiales, es una nueva tanda de bajas masivas en todos los niveles. “Son varios miles los que se van a ir. Si asisten a su trabajo y tienen tareas asignadas, se quedan. Los que no laburan, se van”, anticipó un funcionario de la Casa Rosada al matutino mencionado, aunque no pudo detallar cuántos empleados públicos serían cesanteados.